PAIS. AFIP y ARBA intercambian datos de denuncias vinculadas a violaciones a la Ley Penal Tributaria

El acuerdo firmado entre ambas dependencias busca “la equidad fiscal entre los contribuyentes”, además de constituir una herramienta para cumplir con las metas de recaudación. Así lo explicaron los funcionarios a cargo de AFIP y ARBA, Ricardo Echegaray e Iván Budassi, respectivamente.

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El titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el director Ejecutivo de ARBA Iván Budassi, firmaron un convenio mediante el cual ambos organismos cruzarán datos sobre las denuncias penales vinculadas a la violación a la Ley Penal Tributaria.

Tras la rúbrica del acuerdo, desde ambas dependencias se aclaró que en todos los casos la información será de uso confidencial y exclusivo para fines tributarios.

Según indicó Echegaray este acuerdo, sumado a la Declaración Impositiva Unificada que suscribieron el año pasado, busca “la equidad fiscal entre los contribuyentes y constituye una herramienta para cumplir con nuestras metas de recaudación”.

Por su parte, el director de Arba, Iván Budassi, evaluó que intercambiar información de los contribuyentes denunciados penalmente por ambos organismos y elaborar estrategias en conjunto, “nos permitirá profundizar la lucha contra la evasión y ser más eficientes para generar recursos genuinos que luego se destinan a mejorar la salud, educación y seguridad”.

En tanto, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, quien también participó de la firma del convenio, explicó que “el combate a la evasión y al incumplimiento es una política de Estado en el gobierno de Daniel Scioli, por eso todas las áreas de gobierno trabajamos de manera coordinada en beneficio de los ciudadanos de la provincia”.

Según se indicó, desde la provincia ya se denunciaron decenas de colegios privados y más de 25 grandes empresas que actuaban como agentes de recaudación y que no depositaban ante el fisco bonaerense los montos que retuvieron, “apropiándose indebidamente de sumas millonarias”.

Cabe señalar que la Ley Penal Tributaria tipifica este delito como apropiación indebida de impuestos y contempla para el ilícito una pena de 2 a 6 años.