. Algo más de lo que dejó la última sesión del Concejo Deliberante local

 

La situación de un grupo de trabajadores del Estacionamiento Medido se llevó gran parte del encuentro. Se habló de precarización, trabajo en negro e incluso “trabajo esclavo”. Además, las concejales Estela Cerone y Cristina Croharé se enfrentaron al referirse al accionar que tuvo el municipio para colaborar con las personas que viven en condiciones indignas en un edificio abandonado. Otros puntos, y también iniciativas vinculadas con los Derechos Humanos se debatieron en el recinto.

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Tal como se informó en la edición de ayer hubo dos temas que sobresalieron en la última sesión del martes debido al debate que generaron y la complejidad de ambas problemáticas: los trabajadores del Estacionamiento Medido, y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes del edificio ubicado en la esquina de Belgrano y Moreno.

Respecto de los trabajadores municipales se resolvió pedir al municipio la regularización laboral de trabajadores que están desempeñando tareas en la comuna en forma precaria y que en breve se convoque a los funcionarios responsables para que brinden explicaciones.

Qué fue lo que se dijo en el debate de este punto, es lo que a continuación se transcribirá para conocer la posición de cada uno de los concejales que opinaron al respecto.

Cristina Croharé, autora del proyecto, asemejó esta situación con el “trabajo esclavo”, siendo que se trata de empleados del Estacionamiento Medido que el  Secretario de Salud y de Gobierno, Federico Saldaño, pasó al Hospital Municipal para realizar tareas de limpieza sin ningún contrato ni seguridad, y sin dejar de pertenecer al otro servicio.

Destacó que mientras en otras ciudades se habla del trabajo en talleres clandestino, o el trabajo esclavo en el campo, “en Azul es el municipio el que tiene trabajadores en negro”.

También aseguró que previamente a la sesión mantuvo una comunicación telefónica con la directora del efector, Dra. María del Carmen Ruíz, quien admitió que estas personas trabajan en el lugar y que son necesarias.

La concejal expresó además su preocupación por las represalias que puede haber hacia estos 6 trabajadores involucrados en la problemática. El martes les habían prohibido la entrada al hospital.

Los ediles Pablo Yannibelli y Diego Colman fueron los impulsores de incorporar en la resolución que se convoque a Saldaño y Ernesto Trobajo, funcionario a cargo del E.M; y al administrador del hospital Juan Ignacio Kubic para que den explicaciones.

Erica Torena fue más allá y pidió la interpelación porque “no podemos permitir el trabajo precario en el mismo municipio”.

En tanto, Ulises Urquiza, opinó inicialmente que tomar a estos trabajadores era contradictorio teniendo en cuenta el proyecto que aprobó el Concejo para que no ingrese más personal en el municipio, pero igualmente terminó apoyando la resolución que se aprobó en el recinto.

La edil Alicia Zubiría señaló que algunos de las personas que están trabajando en el E.M desde hace 7 años y percibiendo mil pesos. Enfatizó entonces que “es un vergüenza”.

El concejal Juan Sáenz dio a entender que el  procedimiento no tiene lógica porque pertenecen al E.M, se los puso en el hospital a hacer tareas de limpieza y al mismo tiempo el Ejecutivo dice que estas personas no están autorizadas para trabajar en el hospital.

Los concejales que expusieron sobre el trabajo informal en el hospital se mostraron de acuerdo con el proyecto de contratar como corresponde a los trabajadores del Estacionamiento Medido, incluso el concejal oficialista Rodolfo Rancez, quien además aceptó la necesidad de pedir los informes necesarios.

Necesidades habitacionales

Por otro lado, se aprobó solicitar al Ejecutivo que realice un relevamiento socio sanitario de los ciudadanos que habitan en el inmueble sito en calle Belgrano esquina Moreno, y posteriormente se ocupe de solucionar la problemática socio-habitacional de las personas que allí residen.

Croharé, quien inició este proyecto, advirtió que “Rancez dijo que se habían ocupado del tema y eso no es verdad. No estuvieron desde el área de Desarrollo Social”.

Apuntó incluso que “algunas fueron aconsejadas por el área para ir a vivir al lugar”.

Contó que “después de que saliéramos en los medios, sí fueron, las amenazaron con un desalojo y con sacarles los hijos”.

Expresó que “le voy a pedir a Rancez que no mienta como lo hizo en la última sesión y más en un tema tan delicado”.

En tanto, la concejal Maya Vena indicó que “hay que hacer un llamado de atención al área de Desarrollo Social. No pueden mandar a la gente a vivir en condiciones indignas”.

La que salió a defender al oficialismo fue la edil Estela Cerone, quien aseveró que “nosotros no mentimos” y consideró que Croharé había hecho una mezcla de temas.

Negó las acusaciones y mostró un informe firmado por la directora del área Olga Pomphile y la doctora María Paz Marambio el mismo día de la sesión (ver recuadro).

En cuanto a este informe, Croharé entendió que “una nota de la secretaría de Desarrollo no brinda realidad, la realidad está en el lugar. Hay que ir a escuchar a la gente, y si se ocupan del tema, mucho mejor”.

Posteriormente, Rancez dijo que “lamento que se siga mintiendo a la gente”.

Por su parte, Urquiza propuso que también colaboren con la situación de este grupo de personas los gobiernos Nacional y Provincial, moción que fue aceptada por el resto del cuerpo.

Torena ratificó lo dicho por la autora de la iniciativa y, de paso, pidió para que los funcionarios les respondan las notas con la misma celeridad que lo hicieron en este caso ante el pedido de Cerone.

Finalmente Sáenz sostuvo que “las políticas públicas tienen que anticiparse y no correr detrás de los problemas. No es de buena práctica presentar esta nota, una vez conocido el proyecto”.

El dato

En la crónica del Concejo de la edición del miércoles se consignó erróneamente en un subtítulo y en el cuerpo de la nota que el inmueble cuyos habitantes están en condiciones de vulnerabilidad, está situado en Burgos y Belgrano, cuando debió decir Belgrano y Moreno. Las disculpas del caso.

 

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONCEJO

El Concejo resolvió por unanimidad en la tercera sesión ordinaria la declaración de interés legislativo de la Jornada sobre Derechos Humanos de personas privadas de su libertad que se concretará mañana en la sede del cuerpo, con la presencia del Procurador Penitenciario de la Nación, Dr. Francisco Mugnolo.

Por otra parte, pero también relacionado con el tema de derechos humanos, el Concejo por unanimidad repudió a través de una resolución “el violento accionar” de las fuerzas policiales que intervinieron en el recital de la banda de rock La Renga realizado el pasado sábado en la ciudad de Tandil, donde se produjo una “feroz e injustificada represión” contra un grupo de personas entre las cuales se encontraba el joven azuleño Nicolás Tumminaro.

También solicitaron a las autoridades judiciales la pronta investigación y esclarecimiento del hecho mediante la realización de las actuaciones sumariales pertinentes.

A su vez, se aprobó en esta sesión declarar de Interés Legislativo la aprobación del proyecto de Ley de Protocolo de Actuación ante la Desaparición de Mujeres, que tramita en el Senado de la provincia.

EL INFORME DE DESARROLLO SOCIAL 

 En el informe emanado de Desarrollo Social de la comuna sobre las personas que habitan en el inmueble sito en Belgrano y Moreno, se informa que en la actualidad residen cuatro familias, de las cuales dos tienen niños, siendo las madres asistidas de forma permanente.

Consignan que quincenalmente se les suministra alimentos y leche; y respecto de las condiciones habitacionales observan una estructura precaria, no contando con los servicios básicos.

Aclaran que ninguna de las personas están insertan en el mercado laboral y los ingresos con los que cuentan son provenientes de la Asignación Universal por Hijo o planes Labor Comunitaria municipales.

“Si bien las intervenciones se intensificaron este año a partir del desalojo, la realidad es que desde el área se vienen asistiendo a estas familias desde años anteriores”, aseguran.

Informan que el día 25 de marzo próximo pasado llegó al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y a la Secretaria de Desarrollo Social, un oficio remitido desde la UFI 2, a través del cual se les dio aviso del desalojo.

Explicaron que a partir de entonces se comenzó a trabajar para resolver esta problemática habitacional y al respecto manifestaron que “por momentos se lograba consensuar acciones y por otros las familias se ponían reticentes a las posibilidades, alegando que no iban a desocupar el inmueble. Estos repentinos cambios eran la consecuencia del acciones de algunos miembros del Concejo, los que, a través de promesas concernientes a frenar el desalojo, han generado en los ocupantes falsas expectativas y han obstaculizado el trabajo colectivo de esta secretaría”.

OTROS PUNTOS QUE SE TRATARON

El Intendente elevó al Concejo un proyecto de ordenanza referido a convalidar los decretos mediante los cuales se autoriza a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT a la instalación de un Nodo terrestre para suministro de potencia y energía a la Red Federal de Fibra Óptica; y se aprueba el convenio de cesión de uso de una fracción de terreno en calles Moreno y Tapalqué para su emplazamiento.

Este expediente se pasó a comisión, pero paralelamente se resolvió que por resolución se detenga esta instalación, hasta tanto el Concejo se expida.

El pedido lo hizo la concejal Zubiría, quien asimismo habló del atraso en la llegada de estas actuaciones al legislativo y puntualizó que el terreno que en cuestión en mucho más grande que el necesario.

En respuesta, Rancez indicó que “legalmente está llevado adelante en forma prolija”, mientras que Cerone pidió premura en el trabajo de las comisiones por la necesidad de promover el sistema de conectar igualdad.

Por mayoría, se aprobó además solicitar a los juzgados de faltas que remitan, en forma digital, los informes de estadísticas de faltas y contravenciones que son elevados trimestralmente al Concejo.

También mayoritariamente se resolvió encomendar al Ejecutivo que dé respuesta a pedidos de informes y disposiciones, y cumpla las ordenanzas emanadas del cuerpo.

Por el voto de la totalidad de los presentes, a excepción del oficialismo, se aprobó solicitar al D.E que informe sobre partidas con economías del Presupuesto 2015, a fin de afrontar el pago de la deuda flotante, subestimada según la Rendición de Cuentas 2014.

Finalmente, por unanimidad decidieron adherir al Proyecto de Ley, presentado ante la Cámara de Senadores de la Nación, mediante el cual se propone dejar sin efecto la sujeción a privatización de las unidades productivas dependientes de la Dirección General de Fabricaciones Militares.