. CARTAS DE LECTORES

Una explicación necesaria

En estos días han circulado distintas versiones en relación a la función que desempeño, que me llevan a la necesidad de brindar precisiones al respecto. Concretamente, me he visto obligado a denunciar prácticas indebidas de corte clientelar que entiendo se han producido en la Facultad de Derecho.
El clientelismo político -y político académico- es un intercambio extraoficial de favores, en el cual quien ejerce la condición de poder regula la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
El ejercicio de la función pública me impone deberes, entre ellos el denunciar irregularidades que afecten gravemente a la institución. Aunque sea doloroso. Aunque exprese en cierto modo un fracaso personal, porque involucra a una colaboradora de muchos años.
Y para hacerlo, necesito deslindar cualquier hipótesis de interés, beneficio o favorecimiento personal. Si he liderado el proyecto de la Facultad durante mucho tiempo, debo dar el ejemplo en estas circunstancias.
Por ese motivo he tomado la decisión de renunciar a la posibilidad de un nuevo mandato como Decano o Vicedecano en el próximo período, tanto a postularme cuanto a aceptar esa nominación.
Es una decisión que difiere de la que creen conveniente muchos integrantes de la comunidad académica, porque -me expresan- la Universidad solo me confirió un mandato corto como Decano, de tres (3) años, y que durante ese período de gestión la Facultad de Derecho ha tenido muy notable crecimiento, expresando todo el dinamismo y valores de nuestra Universidad, y manteniendo las líneas fundantes que propusiéramos hace ya 15 años.
Pero la renuncia impide que se arguya una intención diferente. También brinda credibilidad a todos los esfuerzos que he realizado para resolver la cuestión en el ámbito interno de la Facultad de Derecho cuando -en el Consejo Académico- solicité: el reconocimiento sincero de la actuación indebida y el firme compromiso de no repetirla en el futuro. No hubo voluntad de hacerlo.
Hemos llegado a esta situación por la reticencia, ocultamientos y dilaciones durante cinco (5) meses. Y con cada reticencia fuimos comprendiendo mejor lo ocurrido, en forma progresiva, por distintas fuentes de información. Y fue dificultoso aceptarlo.
Estas prácticas clientelares han manipulado las expectativas, anhelos y oportunidades de los estudiantes, y también han degradado el proceso democrático del cogobierno en la Facultad de Derecho, y en la Universidad. El silencio y la ausencia de toda explicación, aportan confirmación del sentido expresado.
Me refiero a la elección de alumnos -en forma discriminatoria- según su orientación político universitaria, y la captación de la voluntad de representantes estudiantiles -como privilegio- eligiéndolos como los únicos que participen en una Competencia internacional.
Evento en el que debieron competir los alumnos con mejores resultados y avance en la carrera, mediante una selección democrática y transparente. Y muy especialmente en los años 2011 y 2012, cuando ya se había adquirido experiencia. También he tenido que denunciar irregularidades en el uso del dinero público asignado a esas competencias.
La Competencia es el mayor premio -hasta el momento- que alumnos de nuestra Facultad puedan obtener, porque viajan a una Universidad extranjera en la ciudad de Washington, EEUU. Para la mayoría de nuestros estudiantes participar en ella equivale a cumplir uno de sus mayores deseos. Integran familias con recursos económicos muy limitados, pueden cursar sus estudios por las políticas de inclusión social que impulsa nuestra Universidad, y no tendrían otro modo de conocer ese país.
El Cuadro siguiente demuestra la clara vinculación clientelar entre la elección de alumnos para la competencia, y el apoyo político a la profesora que los escogió.
Es inexplicable -e inexplicado- que se haya excluido cualquier forma de selección por mérito académico entre los más de 700 estudiantes de Abogacía, escogiendo exclusivamente a los alumnos de una sola agrupación estudiantil que apoya a la profesora y, entre ellos, a quienes ejercen cargos representativos del cogobierno (Consejeros Estudiantiles).

Referencias: CS: Consejero estudiante en el Consejo Superior; CA: Consejero Académico en el Consejo Superior; PRE: Presidente del CESDA. (*) Es un referente de la agrupación, aunque no haya ocupado cargos electivos. (**) No pertenece a ninguna agrupación, ni ha ocupado cargos electivos.

Además, los alumnos escogidos cada año tienen menor avance en la Carrera de Abogacía. En 2012 participó una Consejera Estudiantil con solo seis (6) asignaturas aprobadas, compitiendo contra estudiantes de otras Facultades que estaban en cuarto o quinto año. Y esto parece vincularse con la posibilidad de manejar más fácilmente, a los alumnos con menor edad y avance en la carrera.
La única estudiante que no pertenece a la agrupación estudiantil, y participó -impensadamente- como reemplazo imprevisto de otra alumna, ha recibido un trato desigual, que la llevó a desvincularse del grupo.
Lo dicho no empaña la capacidad y esfuerzo de quienes compitieron, pero resultan incrédulos sus dichos de que desconocieran el privilegio que se les confirió, o su propio alineamiento. Adviértase que estas prácticas retroalimentan en desmedro institucional, porque comprometen la independencia y representación de los Consejeros Estudiantiles, que forman la voluntad de los órganos de gobierno.
Estas prácticas indebidas de corte clientelar, captando la voluntad de los electores o representantes, se suelen producir en el ámbito político partidario, y tal vez alguien podría considerar que es un hecho "normal". Pero no son normales en la Universidad, ni en esta Facultad de Derecho, ni expresan los valores, enseñanzas y prácticas universitarias. La Competencia es una práctica educativa, y quienes pretenden minimizar la cuestión o rehúyen desaprobarla tratarla, estarían muy cerca de aceptar prácticas análogas de los docentes, en aprobar o desaprobar las asignaturas.
En sentido opuesto de quienes piensan que estas denuncias afectan a la Facultad de Derecho, me permito señalar que -por el contrario- la fortalecen como institución. No se deben ocultar. No es posible transigir, porque hacerlo significa aceptar una matriz de reproducción futura de esas prácticas indebidas de corte clientelar. Es decir, significa asegurar su reiteración y permanencia. Y eso sería destructivo para la institución.

Prof. Eduardo Víctor Lapenta (Mag.)
Decano - Facultad de Derecho