. Casos que sacuden a la Iglesia y tienen un impacto político

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Por Guillermo Villarreal / Agencia DyN

BUENOS AIRES - La Iglesia no logró salir de su estupor por la sucesión de denuncias por casos de abusos sexuales contra niños perpetrados por clérigos y tampoco instrumentar el protocolo, que impuso Benedicto XVI y profundizó el papa Francisco, que desactiva la actuación anterior de los obispos, que solían ocultar y proteger a los acusados de este delito abominable.

Los casos denunciados contra niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo de la localidad mendocina de Luján de Cuyo pusieron en evidencia que el “sistema de protección”, denunciado por abogados de las víctimas, sigue vigente en algunas jurisdicciones eclesiásticas y en el interior de las congregaciones religiosas.

 

Acompañamiento psicológico y espiritual -

El programa de tutela de la infancia, que ideó el pontífice argentino, permitió un mejor acompañamiento psicológico y espiritual de los menores de edad víctimas de abuso, pero no logró desactivar la “red de complicidades” eclesiásticas que, advierten los denunciantes, silencia estos delitos aberrantes.

El golpe por los casos de abusos sexuales a menores de edad impactó fuerte en la Iglesia vernácula, que tuvo que salir a dar explicaciones, pero también rozó a Jorge Bergoglio. Además de tener implicancias políticas fuertes.

A las víctimas de abusos sexuales perpetrados por clérigos no les alcanza que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, haya dicho que “la Iglesia no puede ocultar estos delitos graves, ni cerrar las puertas a la Justicia” o afirmara que “cuando se prende una pequeña luz amarilla, hay que actuar, hay que tomar cartas en el asunto”.

Las denuncias por abuso sexual contra al menos 22 niños con discapacidad en el Instituto Próvolo, por el que están detenidos e imputados los sacerdotes Nicolás Corradi -con antecedentes por el mismo delito en Verona (Italia) y Horacio Corbacho, y tres empleados del establecimiento, tuvo y tiene también impacto político.

En este sentido, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Julio Cobos, solicitó al secretario de Culto, Santiago de Estrada, informes sobre la situación de los dos sacerdotes detenidos por el caso y de la congregación que regentea el instituto.

El legislador mendocino requirió que la Dirección Nacional de Culto Católico reporte las acciones cumplidas por el organismo en lo atinente a la tramitación de ingreso al país, prórroga de permanencia y radicación de los religiosos Corradi y Corbacho.

Asimismo, solicitó que esa Dirección certifique si el instituto goza de personalidad jurídica reconocida por la Iglesia Católica y de personalidad jurídica civil.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó su inconformidad con la supervisión que la Dirección General de Escuelas (DGE) provincial debía hacer del Instituto Próvolo, por lo que instruyó un sumario administrativo sobre quienes tenían esa función.

PEDIDO DE APARTAMIENTO DEL INSTITUTO

La Defensoría del Discapacitado solicitó, en tanto, que la congregación religiosa sea apartada del instituto y que la educación de los niños con problemas auditivos severos quede bajo la órbita de la DGE mendocina.

En este contexto, lo que más molestó a familiares de víctimas fue que los responsables de las arquidiócesis de Mendoza y La Plata (donde se supone que estuvo el sacerdote Corradi antes de llegar a Luján de Cuyo), Carlos María Franzini y Héctor Aguer, coincidieran en afirmar que no fueron notificados o desconocían que los sacerdotes imputados tenían antecedentes penales por el mismo delito.

Otras voces apuntaron directamente al pontífice argentino: “Es espantoso y doloroso que Corradi no haya sido frenado por el papa Francisco ni otras autoridades de la Iglesia. La presencia de Corradi en la escuela en Mendoza no era un secreto”, aseveró Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability, un portal en internet sobre pederastia clerical.

Según esta organización internacional, hay al menos 52 clérigos denunciados y procesados por haber perpetrado abuso sexual a menores de edad en la Argentina. Aunque hay varias condenas firmes, otros casos aún esquivan a la Justicia.