LA FISCAL SE OPUSO A QUE CUMPLA ARRESTO DOMICILIARIO . Causa CEAL: para uno de los imputados tiene que resolverse una solicitud de morigeración de prisión

El pasado martes, cuando las detenciones de la pareja de empleados de la CEAL y de los comerciantes acusados de "asociación ilícita" y de más delitos -por la probable comisión de varias estafas con pagos truchos del servicio de energía eléctrica en perjuicio de la Cooperativa y de propietarios de negocios- fueron convertidas en prisiones preventivas, el Juez de Garantías que ordenó esas medidas cautelares dejó pendiente de resolución un pedido para que a uno de los imputados le sea concedida una morigeración de prisión.

La referida situación lo tiene como protagonista a Neefer Eduardo González, el propietario de la heladería ubicada en una de las esquinas de Avenida Mitre y España.

De 66 años de edad, ese hombre sigue preso en la Unidad 38, una de las cárceles del SPB que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica a la que había sido trasladado días después de que, el pasado miércoles 1 de octubre, resultara detenido en el marco de la causa penal que lo continúa teniendo como acusado de estos hechos. En su caso particular, al ser considerado uno de los comerciantes "recaudadores" del dinero que obtenían de manera ilícita los señalados integrantes de esta "banda delictiva" a la que le atribuyen, durante alrededor de seis meses, haber cometido maniobras defraudatorias que derivaron en que obtuvieran en beneficio propio unos 160.000.000 de pesos.

Tres abogados

Si bien en un principio González contó con el patrocinio en esta causa por la que sigue preso de la defensora Oficial Mariana Mocciaro, estando ya detenido asumió su representación una defensa Particular.

En ese contexto, son ahora tres abogados quienes lo patrocinan en esa Investigación Penal Preparatoria por la que continúa en una de las cárceles del complejo del Servicio Penitenciario Bonaerense que está en Sierra Chica: Germán Diego Baláz, Manuel Cayuela -quien hasta hace poco se desempeñara en la función pública como fiscal en el Departamento Judicial San Isidro- y Luciano Zorrilla.

El pasado lunes, un día antes a que se conociera la resolución que en una primera instancia se tradujo en las conversiones en prisiones preventivas de las detenciones de la totalidad de los investigados, esos abogados mantuvieron una audiencia virtual -tal lo que EL TIEMPO informara- con Federico Barberena, el titular del Juzgado de Garantías 2.

Ante el magistrado que al día siguiente se pronunciara a favor del dictado de las prisiones preventivas para los imputados en la causa CEAL, aquel lunes los abogados formularon diferentes planteos. Algunos de ellos, atinentes a mejorar la situación procesal del comerciante al que ahora representan. Y uno más consistió, específicamente, en un pedido para que al dueño de la heladería situada en Mitre y España le sea concedida una morigeración de prisión, argumentando para ello cuestiones de salud que padece y que -según sostuvieron sus defensores particulares ante el magistrado garante- hacen adecuado que transite este proceso judicial que lo involucra privado de su libertad en la casa de Azul donde se domicilia.

Paula Serrano, la fiscal de la UFI 6 que instruye esta causa penal, se opuso durante la audiencia desarrollada hace seis días a que le sea otorgada al comerciante una morigeración de prisión. Y solicitó pericias oficiales que sirvan para comprobar la afección que González al parecer padece y si dicha patología -tal como sostienen sus abogados defensores- implica indefectiblemente que se le deba conceder una morigeración de prisión.

Mientras las partes fundamentaban sus respectivas posturas, a favor y en contra, ante el Juez garante acerca de dicha solicitud, Neefer Eduardo González presenció la audiencia de manera remota desde la cárcel donde sigue preso. Y durante la misma, al serle otorgada la palabra por el titular de Garantías 2, señaló que está operado del corazón y que tiene desde hace una década cuatro bypass colocados.

También el imputado sostuvo que esa patología cardíaca que padece derivó en el deterioro de su salud desde que nuevamente está preso, considerando que ya lo había estado décadas atrás. En aquel entonces, purgando una condena por el desvío de partidas de leche fluida que el Estado provincial donaba a familias carecientes en Azul.

En ese contexto fue que sus actuales defensores presentaron en la audiencia del lunes pasado ante el juez Barberena el pedido de morigeración de prisión para González, teniendo en cuenta la posibilidad -finalmente concretada al día siguiente- de que la detención del comerciante terminara siendo convertida en prisión preventiva y, en consecuencia, se resolviera en esta primera instancia que el dueño de la heladería continúe privado de su libertad. Decisión que, no se descarta ahora, sus abogados apelarían ante la Cámara Penal departamental.

Con relación al ya referido "cuadro cardíaco" que al parecer afecta al propietario de la heladería, desde su Defensa se argumentó que esa situación demanda que Neefer Eduardo González esté privado de la libertad en su domicilio, para que permanezca en "un ambiente libre de humo", reciba "tratamiento a través de medicación diaria" y se someta a "una dieta especial baja en el suministro sódico".

A la espera de un dictamen

Cuando el martes pasado se conoció el dictado de la prisión preventiva para González y los demás imputados en la causa CEAL, el juez Barberena hizo alusión también al pedido presentado un día antes por la Defensa Particular del comerciante en busca del otorgamiento de una morigeración de prisión.

Sobre esa solicitud en particular, el titular de Garantías 2 afirmó que necesita contar con más elementos que le sirvan para definir si da lugar a lo pretendido para ese acusado o lo rechaza.

"No se encuentran reunidos la totalidad de los elementos como para adoptar un temperamento ajustado a derecho, resultando necesario contar con un dictamen pericial que evalúe la situación actual del causante y realice las correspondientes conclusiones acerca de la posibilidad o no de continuar en un establecimiento penitenciario en relación al cuadro de salud alegado por la Defensa", escribió en lo decidido hace cinco días el magistrado azuleño.

"Por ello, estimo pertinente la formación de la respectiva incidencia, con copia de las constancias arrimadas al expediente, a la espera del respectivo informe pericial que complemente los informes aludidos y se pronuncie sobre el pronóstico del causante", señaló también el Juez a cargo de Garantías 2.

Específicamente, para tratar la morigeración de la prisión preventiva de González el magistrado Barberena necesita contar con un dictamen que señale si "el cuadro de salud" que el comerciante sostuvo que padece le permite "transitar la continuidad del proceso penal" en una cárcel -como sigue ocurriendo hasta ahora- o si su afección cardíaca hace adecuado que permanezca privado de su libertad bajo arresto domiciliario, tal como lo pretenden sus abogados.

Contando con los elementos incorporados hasta el momento y ante la falta de otros que solicitó en lo resuelto el pasado martes, para el Juez garante era "prematuro" resolver aquel día sobre ese pedido en favor del dueño de la heladería que formuló su actual Defensa.

El dato

En ese pedido que le hicieron al juez Barberena para que González goce de arresto domiciliario, los abogados también aludieron a que se trata de alguien con "arraigo" en Azul y que actualmente -más allá de aquella condena que le fuera dictada décadas atrás por el desvío de partidas de leche- no registra antecedentes penales computables.

Tres años de prisión

Por el desvío de partidas de leche fluida que décadas atrás implementaba el Estado bonaerense, a través de un plan asistencial destinado a familias carecientes, Neefer Eduardo González había sido condenado luego de que firmara un juicio abreviado.

En aquel proceso -tramitado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Azul cuando sus integrantes eran los jueces Eduardo Uhalde, Alejandra Raverta y Gustavo Abudarham- en febrero de 2003 recibió tres años de prisión.

Considerando que en la heladería que posee se habían hallado, el 14 de febrero de 2002, más de 2.600 cajas de leche en polvo de comercialización prohibida, al azuleño que nuevamente está preso lo declararon autor del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

Cuando resultó condenado en esa primera instancia, González estaba privado de su libertad en la Unidad 30, la cárcel del SPB situada en la ciudad de General Alvear.

En el marco de la instrucción de aquella causa penal, estando vigente su detención el comerciante azuleño -actualmente ya jubilado- se mantuvo prófugo durante cuarenta y ocho días, hasta que pudo ser capturado en Olavarría el 3 de abril de 2002.