. Comenzó ayer el juicio a dos penitenciarios que están acusados de agredir a un recluso

 

En la jornada inicial, desarrollada en el Juzgado Correccional que en la vecina ciudad está a cargo de la Dra. Cecilia Desiata, declararon más de diez testigos ofrecidos por las partes. El hecho materia de este debate ocurrió en la Unidad 38 que está en Sierra Chica en agosto del año pasado, cuando desde la Unidad 7 de Azul había sido trasladado a ese penal el preso que figura como víctima. Actualmente extraditado en Paraguay, su país de origen, cuando el juicio siga la semana próxima declararía por videoconferencia.

 

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Dos integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense comenzaron ayer a ser juzgados. Están acusados de haber atacado a golpes a un interno, hecho ocurrido cuando la presunta víctima había sido trasladada desde la Unidad 7 de Azul a la 38, una de las cárceles que está en la localidad de Sierra Chica.

El debate se está desarrollando en el Juzgado Correccional de Olavarría que está a cargo de la Dra. Cecilia Desiata, siendo las partes representadas en el proceso por la fiscal María Paula Serrano y el defensor Oficial Martín Marcelli.

Quien para cuando los hechos ocurrieron era el director del penal, un hombre llamado Gabriel Eduardo Suárez, y el penitenciario que en ese entonces estaba a cargo del Registro de Admisión de la Unidad 38, identificado como Carlos Rodríguez, son los miembros del SPB que están siendo juzgados, los cuales actualmente están apartados de sus funciones.

El hombre que figura como víctima de estos hechos que se están tratando en el juicio que se inició ayer en Olavarría se llama Omar Medina Espíndola.

De nacionalidad paraguaya, para cuando supuestamente fue agredido estudiaba Derecho en la UNICEN y era el vicepresidente del Centro Universitario “Manuel Belgrano” (CUMB), además de que integraba la Mesa de Diálogo por Situaciones en las Cárceles que se había conformado en Azul, mientras estaba privado de la libertad en la Unidad 7.

Ambos penitenciarios están acusados de haber sometido a vejaciones y apremios al recluso que figura como víctima de estos hechos ocurridos el 13 de agosto del año pasado, mismo día en que Medina Espíndola había sido trasladado desde la Unidad 7 que está en Azul a la Unidad 38 de Sierra Chica.

En la investigación iniciada por el caso, en principio quedó demostrado que el preso fue brutalmente agredido ni bien ingresó al penal, en el sector donde están los llamados “buzones” de aislamiento, en el marco de un ataque donde, además de golpes de puños y patadas, le pegaron -mientras estaba esposado- con palos y mangueras.

La primera de las audiencias de este debate, que se inició alrededor de las nueve y media de ayer y se extendió hasta la hora 16, incluyó las declaraciones de más de diez testigos ofrecidos por las partes.

Entre quienes brindaron sus dichos sobre el tema que se está tratando, hubo varios reclusos y también declaró el actual titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Azul, el periodista Fernando Wilhelm.

También declararon ayer el actual jefe de la Unidad 38 y varios funcionarios del SPB que trabajan en ese penal.

Una foto dada a conocer desde la APDH a través de las redes sociales, imagen donde se mostraba a Medina Espíndola con signos de haber sido atacado en la Unidad 38, fue el punto de partida para esta investigación que desde ayer tiene a dos penitenciarios siendo juzgados, acusados ambos de ser los responsables de la agresión.

El jueves de la semana próxima, cuando este debate continúe, está previsto que declare Medina Espíndola, quien está en Paraguay, ya que había sido extraditado, por lo que su testimonio se recibiría en el debate a través de una videoconferencia.

La presunta víctima de esta agresión se encuentra actualmente en Ciudad del Este, la ciudad paraguaya de la que es oriundo.

Para cuando los hechos ocurrieron, cumplía una condena por robo agravado por su comisión con arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, homicidio calificado por ser la víctima miembro de la fuerza de seguridad en grado de tentativa y violación de domicilio, todo en concurso real entre sí, hechos por los cuales un Tribunal del Departamento Judicial de Quilmes lo había condenado a diez años de prisión.

El dato

Los ilícitos que les imputan a los agentes penitenciarios contemplan penas que van desde uno a cinco años de prisión, además de la inhabilitación por el doble de tiempo de la condena para desempeñarse en sus funciones.