La Asociación de Agentes Fiscales de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra conformada por profesionales de experiencia y trayectoria, que hemos dejado de lado nuestras naturales diferencias ideológicas, para acudir en auxilio de una estructura deficiente desde su creación, que ya no resiste mayores cargas y necesita ser apuntalada de manera urgente.

Los Agentes Fiscales, por mandato legal somos los encargados de dirigir y promover la acción penal de la mayoría de los delitos que se cometen en la Provincia de Buenos Aires. Nuestro ámbito de actuación resulta ser el más extenso, poblado, de mayor conflictividad y vulnerabilidad social; todo lo cual se ve reflejado en la cantidad, diversidad y complejidad de los procesos penales que se tramitan en su territorio.

En este contexto, las cuestiones sometidas a nuestra intervención, suelen acaparar gran parte de los titulares de los medios de comunicación, de la agenda política y del interés ciudadano. Sin embargo, no se observa un correlato entre la relevancia social otorgada y la asignación de recursos humanos, de infraestructura y logística necesarios para desarrollar nuestra actividad.

Lo cierto, es que si aún puede darse alguna respuesta a la demanda que permanentemente recibimos, es gracias al esfuerzo y dedicación de quienes componemos el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sin embargo, frecuentemente se posa el ojo crítico en los operadores del sistema, sin tener en cuenta las falencias que padece.

Desde la implementación del proceso acusatorio en la Provincia de Buenos Aires, en el año 1998 se impuso a los Agentes Fiscales la responsabilidad de llevar adelante la persecución penal, sin dotarlos de los recursos necesarios para cumplir su función de manera eficiente.

En la actualidad, existen Agentes Fiscales con turno permanente de trescientos veinte días al año las veinticuatro horas, con superposición de funciones simultáneas, debiendo intervenir en la instrucción y en la etapa de debate oral, en condiciones edilicias deplorables, con escasez de insumos básicos como impresoras, fotocopiadoras, escáneres, y lo más importante, en ausencia de un plantel de empleados y funcionarios acorde a la demanda de trabajo. Cabe señalar al respecto, la falta de creación de cargos, la gran cantidad que quedan por cubrir tanto de empleados y funcionarios, como de magistrados en todos los Departamentos Judiciales. En líneas generales, si se genera una vacante por el motivo que fuere (renuncia, fallecimiento etc.) tarda años en cubrirse, con la escalada de sobrecargas que esto conlleva entre quienes siguen en funciones, y un sistema que se resiente cada vez más.

En este contexto de carencias, la posibilidad de profundizar investigaciones de hechos complejos se ve notablemente condicionada; máxime si se tiene en cuenta la falta de profesionales y especialidades en las áreas periciales -tanto por inexistencia como por vacantes de cargos que tampoco fueron cubiertas-, así como de insumos. Lo señalado, redunda frecuentemente en que no haya donde realizar determinadas labores o que las fechas otorgadas para ello sean tan lejanas que atenten contra el resultado de la investigación y el trámite del proceso, por exceder los plazos que la normativa establece.

Debe tenerse en cuenta como un parámetro objetivo que muestra la desigual asignación de recursos, que por ejemplo desde el año 2007 a la actualidad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires duplicó su dotación y pasó de tener 45000 efectivos en actividad a 90000. Dicho crecimiento se motivó en el aumento exponencial de población y conflictos en la provincia, aunque ello no trajo aparejado un crecimiento proporcional en los recursos humanos de la justicia. Resulta oportuno mencionar, que se trata de la organización que interactúa con mayor frecuencia con el Ministerio Público y que la mayoría de las veces configura el eslabón previo a nuestra labor.

Lo señalado, guarda estrecha relación con el incremento de los procesos penales iniciados en la provincia. Las estadísticas que aparecen publicadas en la página de la Procuración General, indican que en el año 2007 se iniciaron más de quinientas mil causas, aumentando progresivamente hasta prácticamente duplicarse en el año 2019 donde se registraron casi un millón.

En razón de lo expuesto, se advierte con claridad que en el marco de un sistema que estructuralmente era deficiente, operó un incremento exponencial de procesos penales que no fue acompañado de manera proporcional con la asignación de los recursos necesarios para abastecer tal demanda. A pesar de lo señalado, el presupuesto provincial destinado a la Justicia no ha sufrido variaciones porcentuales considerables a lo largo de los años.

El contexto mencionado, deja en evidencia la dispar dotación de recursos que poseen los Ministerios Públicos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires -cuyas Fiscalías intervienen en un número muy inferior de procesos, y en líneas generales en un entorno de menor conflictividad social- respecto de aquellas de la Provincia de Buenos Aires.

La proximidad de nuestra labor con las distintas realidades que viven los habitantes de la provincia, y el conocimiento de la situación de emergencia en materia de recursos que venimos desarrollando, nos permite evidenciar la legitimidad del reclamo social de mejora del servicio de justicia. En ese norte, nuestra constitución como Asociación encuentra su génesis en la defensa de los derechos que nos asisten como trabajadores, entre los cuales se encuentran derechos vulnerados desde hace demasiado tiempo y cuya salvaguarda se traducirá en una notable mejora del sistema en su conjunto: por un lado para nosotros, los operadores, pero por el otro y principalmente, para la sociedad toda, que es en definitiva la razón de ser de nuestra existencia.

Para finalizar, queremos dejar en claro que somos conscientes de los problemas financieros de la provincia y de las dificultades económicas derivadas de la pandemia que transitamos. No es nuestra intención adjudicar culpas de un proceso de degradación de larga data, y mucho menos que se utilicen nuestras expresiones con fines político partidarios. Como hemos señalado, nuestra asociación se compone de Fiscales de distintos signos políticos y tintes ideológicos, unidos por el bien común. Sin embargo, la relevancia social que nuestra actividad conlleva, impone la necesidad de un accionar urgente en auxilio de un servicio de justicia en materia penal próximo a colapsar.