EN EL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS . Concejales de Azul acompañan a Gobernadores para que sean eliminados los fondos fiduciarios

El Concejo Deliberante, durante la novena sesión ordinaria, aprobó por mayoría un proyecto de Resolución relacionado con la eliminación de los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos.

La iniciativa fue presentada por los concejales Xavier Cabrera, Inés Laurini, Consuelo Burgos y Natalia Colomé. Al momento de la votación fue aprobada por todos los bloques políticos, a excepción de los ediles de La Libertad Avanza.

En primer lugar, se observó "el Proyecto de Ley comunicado por los gobernadores de las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras la reunión realizada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) el lunes 23 de junio de 2025; la Ley 23.966 y sus modificaciones y la Ley 23.548".

"Los gobernadores reunidos el lunes 23 de junio en el CFI emitieron un comunicado acompañado de un proyecto de Ley, firmado por los representantes de las 24 jurisdicciones, que propone modificar el artículo 19 de la ley 23.966", se indicó, en tanto "en el comunicado expresan que proponen un proyecto de ley mediante el cual se decide la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustible Líquidos para que tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina. Explican, además que, en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos tanto del Gobierno Nacional como de las Provincias, el fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre Nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548".

Del mismo modo, "los gobernadores indican que tienen la certeza que la sanción de esta Ley no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional propiciando mayor capacidad de respuestas, tanto a Nación como a las Provincias, de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis".

El Título III de la Ley 23.966 refiere al impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono y en el Capítulo IV del indicado título, bajo el Título "De la Distribución", el Artículo 19 determina que el producido del impuesto se distribuirá de la siguiente manera: Tesoro Nacional 10,40%; Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)-Ley 21.581, 15,07%; Provincias 10,40%; Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%. Fideicomiso de Infraestructura Hídrica-Decreto 1381/2001: 4,31%. Fideicomiso de Infraestructura de Transporte-Decreto 976/2001: 28,58%. Y Compensación Transporte Público-Decreto 652/2002: 2,55%.

Los concejales subrayaron que "el proyecto presentado por los gobernadores propone modificar el Artículo 19 y establecer la siguiente distribución: Tesoro nacional 10,40%; Provincias 58,36%; Sistema Único de Seguridad social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales: 28,69%; Compensación Transporte Público-Decreto 652/2002: 2,55%".

"Una de las preocupaciones de los gobernadores es la postura del Presidente de la Nación respecto a la obra pública expresada en marzo del corriente año, en su discurso de inauguración del 143° período de sesiones ordinarias en el congreso Nacional: 'Eliminamos la obra pública, uno de los curros más grandes de la política. La obra pública no genera trabajo, eso es falso. Las obras públicas hay que financiarlas y eso se hace con impuestos o deuda. Eso castiga a generaciones futuras. Cuando se financia la obra pública, se quita capacidad de demanda en otros sectores'. Sin embargo -observaron los concejales-, los impuestos que generan fondos destinados a Obra Pública nunca fueron eliminados, se siguen cobrando, pero no son ejecutados ni distribuidos y la falta de obra pública se observa no sólo en el deterioro de la infraestructura vial, sino también en la vinculada a acceso a servicios básicos y vivienda; repercute directamente en el nivel de desocupación y se refleja en el incremento de las demandas a nivel de los municipios".

Por otra parte, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, "en 2024 la inversión real directa y las transferencias de capital fue la más baja desde el año 2002, en términos reales la inversión pública cayó un 77,3% real con respecto a 2023 y las transferencias de capital a las provincias se derrumbaron un 94%".

"En los primeros cuatro meses de 2025 (último dato disponible) esta tendencia se mantuvo y según la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración financiera Pública) los gastos de capital cayeron un 25% real", se afirmó. Y, desde diciembre de 2023, "el Gobierno nacional dispuso la paralización de más de 2.300 obras públicas que se encontraban en marcha a lo largo y ancho de la Argentina, situación excepcional que se sostiene hasta el día de hoy y que impacta en forma directa en el desarrollo de las ciudades y sus habitantes".

De ello resulta que, "del total de 277 obras viales en ejecución por parte del ex Ministerio de Obras Públicas, a noviembre de 2023, 150 fueron frenadas con un avance físico de más del 40%, y de ese grupo, 85 contaban con más del 70% de los trabajos ejecutados, es decir, muy pronto a ser finalizadas", se indicó en el proyecto aprobado por mayoría.

En particular, la Provincia de Buenos Aires cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4.000 kilómetros y la inversión de Vialidad Nacional en esta provincia cayó 85,9% durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país".

"Todos los meses -se añadió-, la Administración Nacional recauda fondos a través de distintos impuestos que tienen que ser específicamente destinados a obras públicas, entre ellas, al mantenimiento de los 40.000 km de rutas nacionales. A pesar de estar obligado por ley, durante 2024 el Gobierno no transfirió a Vialidad Nacional $200 mil millones".

En ese sentido, consideraron que "es imprescindible que los ciudadanos perciban en obras concretas el destino de los aportes que realizan". Y, para el caso del Impuesto a los Combustibles Líquidos, "el análisis de un ticket nos permite dimensionar el volumen del aporte ciudadano en cada compra. El valor final que abonan los ciudadanos tiene, en promedio un 30% de impuestos con mínimas diferencias según se trate de nafta o gasoil y de ese 30%, el 94% son Impuestos Nacionales que no vuelven en obras".

Se subrayó también que, "en el caso concreto de Azul, en una compra final de $77.996,94 un ciudadano paga $22.157,51 de impuestos, de ese total, $20.761,52 corresponden a Impuestos Nacionales y $1.395,99 a Impuestos Municipales".

"Existe una diferencia sustancial entre la decisión política de recaudar fondos y paralizar la Obra Pública por considerarla un 'curro', por un lado, y la decisión política de generar los recursos necesarios para mantener y mejorar la infraestructura que, a nivel municipal, los contribuyentes pueden controlar". En consecuencia, "la distribución del Impuesto a los Combustibles propuesta por los gobernadores repercute directamente en los municipios no sólo porque permitiría a las jurisdicciones provinciales contar con los recursos para la ejecución de obra pública planificada en distintas zonas del interior, sino también porque mejoraría sustancialmente la capacidad de coparticipación de fondos de las provincias a los municipios".

También se remarcó que los gobernadores, "salvando sus diferencias de origen político, se unieron para proponerle al gobierno nacional un proyecto de Ley que permita una distribución más equitativa y racional de los recursos y es necesario que, desde el Concejo Deliberante se exprese el apoyo a esa iniciativa que redundará en beneficios directos para nuestros vecinos".

En la Resolución se expresó "el apoyo y acompañamiento al Proyecto de Ley comunicado por los gobernadores y el Jefe de gobierno de CABA mediante el cual se decide la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el Impuesto a los Combustible Líquidos para que tanto nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina y que el fondo de Aportes del Tesoro Nacional se distribuya entre nación y provincias de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la ley 23.548 en el entendimiento que esta propuesta de distribución de los recursos permitirá una mejora sustancial en la devolución de beneficios a los contribuyentes en cada una de las ciudades del interior del país".

Finalmente, se solicitó "a los representantes de todos los bloques que componen ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional que, a la mayor brevedad posible, den estado parlamentario a la propuesta de Ley presentada por los gobernadores tras la reunión realizada el lunes 23 de junio en el CFI".