. Condenaron a un joven que en una gestoría había robado una cuantiosa suma de dinero

Un juez le impuso una pena de cuatro años y diez meses de prisión. Según quedó probado, en diciembre de 2016 ingresó con fines de robo y portando un arma de fuego a la gestoría que está en Bolívar entre Necochea y Arenales de esta ciudad. Previo intimidar a las dos personas que estaban en el lugar, se apoderó de pesos, dólares y cheques, el botín con el que se dio a la fuga hasta que días más tarde resultó detenido.

El robo materia de este juicio abreviado se produjo en la gestoría “Vélez Sarsfield” el 7 de diciembre de 2016. Al autor del hecho lo detuvieron días después. Recientemente fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión. JOSÉ BERGER/ARCHIVO/EL TIEMPO

Una pena de cuatro años y diez meses de prisión le fue impuesta a un azuleño que en diciembre de 2016 cometió un robo en una gestoría de esta ciudad. Esa condena había sido el resultado de un juicio abreviado que semanas atrás se tramitó en un Tribunal local, proceso donde el encausado fue hallado autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada.

El joven condenado en esta primera instancia es un albañil que tiene 21 años, a quien voceros judiciales identificaron como Daniel Jeremías Silva.

Carlos Pagliere (h), uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal número 2, intervino en lo que había sido este juicio abreviado donde el imputado terminó siendo condenado a la misma pena que las partes acordaron, en la previa a que desde una fiscalía fuera solicitada la realización de este proceso.

Pesos y dólares

Según dio por probado el juez del TOC 2, el hecho por el que Silva fue condenado había ocurrido el 7 de diciembre de 2016.

Aquel día, en horas del mediodía, el joven ingresó con fines de robo a la gestoría “Vélez Sarsfield”, que está situada en Bolívar entre Arenales y Necochea de esta ciudad.

En ese entonces estaban presentes en el lugar las personas que se convirtieron en las víctimas de aquel robo, identificadas en el fallo como Néstor Enrique González y su sobrina, llamada Delfina Ochoteco.

En principio, se mencionó que el encausado preguntó, con el fin de distraer a ambos, por el trámite para “una transferencia de un rodado”, aunque inmediatamente después “extrajo del interior de su mochila un arma de fuego, con partes oxidadas”.

A esas dos personas ya mencionadas que estaban en la gestoría el joven las obligó a que arrojaran sus teléfonos celulares. Después se apoderó de “dinero en efectivo que se encontraba en el interior del cajón de uno de los escritorios”. Alrededor de cinco mil pesos, según se indicó en el dictamen.

“Seguidamente -escribió también en el fallo el juez Pagliere (h) al hacer alusión a lo que fue este robo-, y apuntando en todo momento a los damnificados con el arma de fuego antes descripta, los obligó a dirigirse hacia el sector en donde se encuentra la caja fuerte, coaccionando a Néstor Enrique González para la apertura de la misma, apoderándose así también ilegítimamente de aproximadamente ochenta mil pesos argentinos y mil quinientos dólares pertenecientes a la última víctima mencionada, como así también de cuarenta mil pesos argentinos y cuatrocientos dólares estadounidenses”. Además, se apoderó de dos cheques, uno por un valor de 5.500 pesos y el otro por la suma de 6.000 pesos.

“Luego, la misma persona que vengo haciendo referencia, privando en todo momento ilegítimamente de la libertad a ambas víctimas, extrajo del interior de su mochila dos precintos de color blanco, los que les colocó a ambos damnificados, obligándolos al mismo tiempo a colocarse boca abajo en el suelo, mientras les refería: ‘Tírense al piso y no me miren la cara’”.

Antes de huir, también sustrajo una billetera “conteniendo en su interior varias tarjetas de crédito, un carné de obra social, documentación y aproximadamente novecientos pesos argentinos, todo ello propiedad de la ciudadana Delfina Ochoteco”, se mencionó en otro tramo del fallo.

Reconocido por fotografías

Para cuando este robo se produjo, según datos surgidos de la investigación llevada adelante, Daniel Jeremías Silva residía en Olavarría.

La Policía lo tenía sindicado como alguien que solía venir a Azul a cometer ilícitos.

En ese contexto, una de las circunstancias que lo convirtieron en el principal sospechoso de aquel robo en la gestoría por el que ahora ha sido condenado en esta primera instancia indicaba que el día en que el hecho se produjo él había estado en Azul, parando en la casa de un conocido suyo.

Las características físicas de Silva brindadas por las víctimas de este robo se convirtieron en otro indicio de prueba que condujo hasta él como el autor del hecho, que después de que fue citado en varias ocasiones para que se presentara en sede policial a una rueda de reconocimiento y no concurriera terminó en un principio siendo identificado por las víctimas por medio de fotografías en la sede de la Fiscalía desde donde se instruyó esta causa penal.

Además, una vez que resultara detenido como el presunto autor de ese robo por el que ahora ha sido condenado en este juicio abreviado, ambas víctimas lo identificaron positivamente en una rueda de personas que finalmente pudo llevarse a cabo en sede policial.

“Dada las características del hecho, la calificación otorgada al mismo, las circunstancias agravantes y atenuantes valoradas y el acuerdo de pena celebrado entre las partes (por el que el suscripto no puede imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal, en virtud de lo establecido por el Artículo 399 del CPP), estimo que corresponde condenar a Daniel Jeremías Silva a la pena de cuatro años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas por ser autor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada”, escribió el juez Pagliere (h) en el fallo.

El dato

“La carencia de antecedentes penales computables” fue valorada para el joven condenado en este juicio abreviado como una circunstancia atenuante. En tanto, como una única agravante el juez Pagliere (h) computó “la extensión del daño, por el elevado monto del dinero sustraído”.