EN UN JUICIO ORAL QUE SE HIZO EN TANDIL . Contador azuleño fue condenado y el 29 de diciembre se conocerá la pena que le dictan

El veredicto se anunció ayer. Y para el contador azuleño imputado fue condenatorio por el delito de defraudaciones reiteradas; pero absolutorio por el de "falsificación de documento público".

Escenario de este debate, desde semanas atrás, fue el Juzgado Correccional que en Tandil conduce el magistrado Carlos Pocorena.

Ese Juez declaró autor penalmente responsable del ilícito ya referido al azuleño Héctor Fabián Aulicino, quien hace más de siete años había sido denunciado por familiares del propietario -para aquel entonces ya fallecido- de un campo. Un establecimiento rural ubicado en el Partido de Azul que, de acuerdo con lo investigado, el profesional imputado se quedó para sí de manera ilegal, aprovechando que el dueño de ese predio de algo más de ochenta hectáreas era su cliente en el estudio contable que posee en esta ciudad.

El juez Correccional Pocorena sólo dio a conocer ayer el veredicto de este juicio oral, que en esta primera instancia se tradujo en un pronunciamiento condenatorio por uno de los ilícitos que le imputaron al profesional azuleño y absolutorio por el otro ya referido.

Tanto la pena que le impondrá a Aulicino a modo de condena como los fundamentos de este fallo el magistrado tandilense, señaló también en la resolución, los dará a conocer el próximo miércoles 29 de este mes.

La decisión de diferir hasta ese día el anuncio de las conclusiones de este proceso obedeció a lo que el Juez consideró que había sido "la complejidad" de esa causa penal convertida en materia del debate en el que le tocó intervenir.

En esa misma resolución, además, el titular del Juzgado Correccional con asiento en la ciudad serrana rechazó un pedido para ordenar la "inmediata" detención del encausado.

Esa medida cautelar para Aulicino, que terminó siendo denegada, la habían solicitado durante su alegato los abogados que -bajo la figura del Particular Damnificado- intervinieron en este juicio en representación de las consideradas legítimas herederas de ese establecimiento rural convertido en el objeto materia de este litigio.

Un campo que se llama "La Cueva"

Los antecedentes de ese caso por el que Héctor Fabián Aulicino - actualmente de 48 años de edad- fue sometido a este juicio oral se remontan a una denuncia que en la Justicia fuera presentada en junio de 2014.

Dos de las nietas del propietario del campo ya referido, llamado "La Cueva" y ubicado en jurisdicción del Partido de Azul, cuando el dueño de ese establecimiento rural falleció y se habían convertido en las legítimas herederas por testamento de la propiedad descubrieron que la misma estaba a nombre del contador encausado.

Tras esa presentación de las damnificadas formulada en una de las fiscalías con sede en el Palacio de Justicia local, la causa penal que se inició quedó en manos de Laura Margaretic, quien en ese entonces estaba al frente de la UFI 2.

Contando con diferentes pruebas reunidas en aquella investigación, el contador fue procesado. No sólo como el probable autor de la maniobra que ayer derivó en que fuera declarado autor a título penal del delito de defraudaciones reiteradas tras la realización de este juicio en Tandil. También, por ese otro ilícito ya mencionado de "falsificación de documento público" que se tradujo en su absolución en esta primera instancia.

El dueño de ese campo referido había muerto en abril de 2014, a los 87 años de edad. Y toda esa situación irregular con el establecimiento rural comenzó a quedar al descubierto cuando las nietas del fallecido formularon la ya mencionada denuncia.

Recién cuatro años más tarde a iniciada, aquella investigación penal derivó en que el contador fuera procesado por el juez de Garantías Juan José Suárez. Una medida que tiempo después sería avalada desde la Cámara Penal departamental, al confirmar la elevación a juicio de esta causa y, en consecuencia, rechazar en segunda instancia un recurso de los por entonces abogados del contador, quienes pretendían el dictado de su sobreseimiento.

En el marco de la instrucción de este sumario penal, el estudio que Aulicino posee en Azul había sido allanado, diligencia que personal policial llevó a cabo en junio de 2014.

Además, el profesional encausado fue citado a indagatoria en dos ocasiones. Ambas, durante el año 2016. En esas audiencias había declarado. Y en una de ellas afirmó que ese campo que estaba a su nombre lo había adquirido de buena fe a quien en vida fuera uno de sus clientes en el estudio contable que posee.

Pero ayer, precisamente por esa supuesta apropiación ilegal del establecimiento rural, Aulicino fue declarado en esta instancia autor de defraudaciones reiteradas, el delito por el que el próximo miércoles 29 de diciembre se conocerá qué pena le dicta el Juez Correccional que intervino en este debate.

Por esos dos delitos por los que fuera sometido a este proceso, la Fiscal que intervino en el juicio había pedido que Aulicino sea condenado a cuatro años de prisión. También, que lo inhabiliten para ejercer la profesión por un lapso de diez años. Y que el establecimiento rural sea restituido de manera "inmediata" a las designadas herederas de esa propiedad.

En tanto, la abogada que se desempeñó bajo la figura del Particular Damnificado en este debate, además de ese pedido de detención para el azuleño que ayer fue rechazado por el Juez Correccional, había solicitado una condena a una pena de cinco años de prisión.

Distinto fue el enfoque del Defensor Particular del encausado, quien considera que el contador no es merecedor de reproche penal alguno por los hechos tratados en este debate, uno de los cuales ayer derivó en su condena y el otro, en que fuera absuelto.

EL DATO

Elda Donatelli ha estado patrocinando desde que este caso se judicializó a las mujeres que el dueño del campo había declarado como las legítimas herederas de ese establecimiento rural (foto). E intervino también en este juicio oral donde el abogado Marcelo Fuche se desempeñó como defensor Particular del contador. En tanto, en representación del Ministerio Público Fiscal participó en el debate la funcionaria judicial María de los Ángeles Marsiglio.