. Continuarán presos los cuatro policías que están procesados por hechos de corrupción

Sospechados de cobrar coimas en las rutas, los imputados son un subcomisario, dos capitanes y un oficial subinspector de la Policía de la Provincia. Desempeñaban funciones en los destacamentos de Seguridad Vial que están en esta ciudad, Tandil, Las Flores y Monte. Los habían detenido en mayo pasado. Y ahora la Cámara Penal confirmó las prisiones preventivas de los cuatro, aunque sólo por el delito de “asociación ilícita”.

Los efectivos de seguridad están presos desde el 10 de mayo pasado. Los habían detenido durante allanamientos realizados por funcionarios judiciales y policías de la Federal en los destacamentos de seguridad vial de Azul, Las Flores, Monte y Tandil. NICOLÁS MURCIA/ARCHIVO/EL TIEMPO

Los cuatro policías de la Bonaerense, entre ellos dos azuleños, que están procesados por hechos de corrupción relacionados con el cobro de coimas en las rutas a conductores de vehículos y empresas de transporte seguirán presos.

Después de que los habían detenido durante una serie de allanamientos que el pasado 10 de mayo se hicieron en los destacamentos de Seguridad Vial de Azul, Tandil, Las Flores y Monte donde trabajaban, la semana que pasó la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental confirmó las prisiones preventivas que un juez de Garantías les había dictado en primera instancia hace un mes.

Las ratificaciones de esas medidas cautelares, al mismo tiempo, incluyeron que ahora se declarara la nulidad de varios ilícitos que también les atribuyeron en un principio.

Pero a pesar de lo argumentado por los abogados de los policías que habían recurrido ante la Cámara Penal esas prisiones preventivas, los cuatro siguen procesados por el delito más grave: asociación ilícita, que contempla penas que van desde los tres a los diez años de prisión.

Damián Cini -el único magistrado que por el momento forma parte de la Cámara Penal- y el juez Correccional Aníbal Álvarez integraron el Tribunal de Alzada para dar respuesta a esos recursos que habían sido presentados por los defensores particulares de los policías encausados.

Mientras tanto, el subcomisario, los dos capitanes y el oficial subinspector de la Policía de la Provincia que están procesados continúan privados de la libertad en la Unidad 30, la cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense que está en General Alvear.

A ese penal los habían trasladado dos días después a que resultaran detenidos en esos allanamientos que se realizaron en mayo pasado, luego de que en Tribunales fueran indagados y todos se negaran a declarar.

Con lo dispuesto el miércoles que pasó desde la Cámara Penal, Javier Enrique Murray, Raúl Exequiel Ferreyra, Emiliano José Sparaino y José Luis Arrubia -tal las identidades de los policías- ahora son considerados en esta Investigación Penal Preparatoria autores penalmente responsables de esa ya referida asociación ilícita. Y en el caso de Murray, además, se le sigue imputando otro delito: peculado de servicios.

Algunas consideraciones

“Los diversos elementos de juicio colectados a lo largo del expediente permiten tener por acreditado -con la probabilidad positiva que la etapa procesal requiere- el enrostre penal más grave por el cual se encuentran detenidos Murray, Arrubia, Sparaino y Ferreyra”, escribió Damián Cini en el dictamen. Y después, teniendo en cuenta los elementos reunidos en la investigación penal que lleva adelante el fiscal Marcelo Fernández -el titular de la UFI 1 con sede en los Tribunales de Azul-, indicó que los cuatro policías “formaban parte de una asociación”.

En esas circunstancias, “poseyendo un acuerdo previo de voluntades, el cual no requiere el carácter de explicito”, dicha asociación tenía “como finalidad la planificación y realización de delitos -el cobro de dádivas a los transportistas para dejar de cumplir sus obligaciones de control y exigencia del cumplimiento de la reglamentación vial, entre otros- cuantitativamente indeterminados, en lo que hace a actos pasados y a la proyección de actos en el futuro; y con cierto grado de permanencia y estabilidad”.

“En el caso en estudio, nos encontramos con varias acciones ilícitas realizadas por el mismo conjunto de personas que conforman el grupo, que tenían como principal objetivo dejar transitar por las diferentes rutas a los transportistas que no cumplieran con las condiciones mínimas de circulación a cambio de dádivas, valiéndose los mismos de la condición de jefes o subjefes de las delegaciones viales de distintas ciudades”, agregó el camarista con relación a esos hechos.

Uno de los principales elementos reunidos en la instrucción por el fiscal Fernández incluye más de 600 horas de escuchas a los teléfonos de los policías encausados, los cuales habían sido intervenidos.

Esa prueba, conformada por un “cuantioso flujo de llamadas no sólo entre los investigados sino también con personas encargadas de empresas de transporte de cargas -sostuvo el camarista Cini- me permite afirmar positivamente la existencia de la actividad ilícita que se les enrostra a los imputados, así como que los mismos eran parte de una asociación criminal”.

Al contenido de esas escuchas telefónicas se sumaron desde la Cámara, como demás pruebas que demostrarían la existencia de esta asociación ilícita, todos los elementos que fueron recogidos durante los allanamientos que se hicieran el día que los cuatro policías resultaron detenidos.

Esos procedimientos, llevados a cabo en los destacamentos de Seguridad Vial donde los acusados desempeñaban funciones y en sus domicilios, incluyeron que también fueran requisados los vehículos en los que se movilizaban.

En otro tramo del dictamen, Damián Cini escribió: “El cobro de las dádivas y el tráfico de influencias para dejar circular a transportes con irregularidades exigía un actuar coordinado entre las dependencias policiales de seguridad vial de las ciudades de Monte, Las Flores, Azul y Tandil. De lo contrario, dicha actividad ilegal sería de imposible ejecución para la asociación ilícita que venimos analizando”.

En el dictamen dado a conocer el miércoles que pasó se indicó también que de las pruebas reunidas hasta ahora “surgen plurales indicios unívocos, trascendentes, precisos y congruentes para sostener, sin duda, que los cuatro imputados formaban parte de una asociación que tenía, mediante un acuerdo previo y una organización establecida, un plan común de cometer delitos indeterminados”.

“Las múltiples conductas por parte de Murray, Arrubia, Sparaíno y Ferreyra eran concurrentes y se encontraban dirigidas a coordinar la actividad en la percepción de sumas de dinero de parte de las empresas transportistas, así como también el permanente tráfico de influencias recíproco, gestionando de manera usual la liberación de los transportistas detenidos en operativos viales ante cualquier otro encargado de Destacamento de la zona, para que dejen de cumplir con su obligación funcional de control de tránsito vehicular”.

Se mencionó también en la resolución firmada por los jueces Cini y Álvarez que los cuatro imputados pertenecían en la misma institución, la Policía de la Provincia, al área de Seguridad Vial; y que desempeñaban funciones “en una zona vinculada geográficamente por el paso de camiones a quienes se les solicitaba dádivas”.

En ese contexto, se tuvo en cuenta que “el funcionamiento de cobro de dádivas y tráfico de influencias, para dejar circular a transportes con irregularidades, exigía que las dependencias de seguridad vial de Las Flores, Azul y Tandil tuvieran un actuar coordinado con la de la ciudad de Monte. De lo contrario, dicha actividad ilegal sería de imposible ejecución para la asociación ilícita”.

Las confirmaciones de las prisiones preventivas para los cuatro policías obedecieron también a “la gravedad del delito imputado”; a que los procesados son funcionarios públicos que -en algunos casos- eran los máximos responsables de las dependencias de seguridad donde trabajaban y al “peligro que sus diferentes conductas provocaban, al dejar circular a rodados de gran porte sin el debido control necesario como para transitar en la ruta, todo lo cual hace mayormente reprochable sus conductas”.

A modo de estimación, para los jueces de la Cámara todas estas circunstancias referidas hacen adecuada la continuidad de las medidas cautelares por las cuales los policías están presos, teniendo en cuenta que “de recaer sentencia condenatoria para los investigados, la misma superaría, ampliamente, el mínimo de la pena y sería indefectiblemente de efectivo cumplimento”.

El dato

Un dato que en el dictamen firmado por los jueces Damián Cini y Aníbal Álvarez surge como importante se vincula a que esa “asociación ilícita” que los tiene por el momento presos a los policías investigados “no comprende únicamente a ellos, desprendiéndose de la prueba producida la posible participación de una innumerable cantidad de efectivos de otras delegaciones”. En ese contexto, hay que señalar que tiempo atrás dos policías más que no están procesados ya habían pedido sus respectivas eximiciones de prisión al juez de Garantías que interviene en esta causa penal.

SOBRES CON DINERO Y UN TRANSPORTISTA QUE HABÍA IDO A ENTREGAR “UNA COLABORACIÓN”

Los efectivos de seguridad están presos desde el 10 de mayo pasado. Los habían detenido durante allanamientos realizados por funcionarios judiciales y policías de la Federal en los destacamentos de seguridad vial de Azul, Las Flores, Monte y Tandil. NICOLÁS MURCIA/ARCHIVO/EL TIEMPO

Junto con Javier Enrique Murray, el otro capitán procesado en esta causa penal es José Luis Arrubia, un funcionario policial azuleño de 47 años de edad que desempeñaba tareas en el Destacamento de Seguridad Vial de esta ciudad, situado en la Ruta 3, cuando lo detuvieron.

Al igual que ellos, están presos en la Unidad 30 de General Alvear el subcomisario Emiliano José Sparaíno, de 37 años, oriundo de Azul y a cargo del Destacamento de Seguridad Vial de Tandil cuando lo detuvieron, y el oficial subinspector Raúl Exequiel Ferreyra. De 33 años de edad y nacido en Verónica, era el segundo jefe del Destacamento de Seguridad Vial de Monte cuando fue arrestado durante los allanamientos que se hicieron ese ya referido 10 de mayo que pasó.

En el dictamen de la Cámara que confirmó las prisiones preventivas de los cuatro policías se hizo alusión a los elementos incautados durante lo que habían sido aquellos procedimientos, que estuvieron encabezados por el Fiscal que instruye esta causa penal y fueron realizados por policías de la Delegación Azul de la Federal.

En el Destacamento de Seguridad Vial de Las Flores, por ejemplo, en poder de un comisario que no está procesado y después solicitó una eximición de prisión se incautaron 17.000 pesos. Y en un auto suyo se encontraron más de 63.000 pesos en efectivo.

Cuando el capitán Murray fue detenido aquel día, se requisó su camioneta y también se incautó dinero. Parte de esa plata estaba en un sobre. Y se hallaron elementos que ubican a ese policía ligado a la empresa de transportes a la que le ofrecía el predio ubicado al lado de la seccional vial para que dejara sus unidades, una situación que serviría para darle sustento a ese otro delito por el que también está procesado: peculado de servicios.

Uno de los testigos que declaró en esta causa, un chofer de una empresa de transportes de Moreno, afirmó que en una ocasión “el encargado de su empresa le ordenó descargar frente al playón de la estación de Policía Vial de la ciudad de Las Flores parte de su cargamento transportado desde la ciudad de Olavarría, el cual consistía en piedras, habiendo recibido dicho cargamento en persona el propio imputado Javier Enrique Murray, consistiendo el mismo entre 1500 y 2000 kilos de piedra”.

También sostuvo que tenía conocimiento de que otros choferes de la misma empresa en la que trabajaba hicieron entrega -por orden de sus patrones- de “sobres blancos, los cuales se hallaban cerrados desconociendo su contenido”, un accionar que -afirmó- se realizaba “con una frecuencia en un período abarcativo entre uno y dos meses”.

La casa donde vive Murray en Las Flores también había sido allanada. En esa vivienda, del interior de una caja fuerte, se secuestraron más de 24.000 pesos.

En el Destacamento de Seguridad Vial que está en Monte, aquel jueves 10 de mayo que pasó se secuestró en el despacho del jefe de esa dependencia un sobre que en su interior contenía 1.500 pesos.

A Ferreyra y a quien era en ese entonces el jefe de Vial Monte, llamado Mario David Vivas, les incautaron en su poder las respectivas sumas de dinero de 3.920 y 5.200 pesos.

En el baúl del auto de Ferreyra se encontraron anotaciones de interés para la causa, entre las cuales estaban los teléfonos de las empresas de transporte que pagaban para evitar que sus unidades fueran controladas en su paso por la ruta, sumas que también estaban detalladas en esos escritos.

Al mismo tiempo, el allanamiento que se hizo en el Destacamento de Seguridad Vial que está en Tandil y conducía el subcomisario Sparaíno se secuestró también dinero: más de 16.000 pesos. Y en la vivienda del policía azuleño, que actualmente está radicado en Olavarría, se encontraron anotaciones de varios nombres de empresas de transportes, a lo que se sumó un sobre con membrete de una empresa de transporte de hacienda en cuyo interior había 8.200 pesos.

También fue secuestrado aquel día un sobre que estaba en un bolso, en la parte superior de un placard. En su interior había 5.000 pesos.

En cuanto al allanamiento que se hiciera en el Destacamento de Seguridad Vial de Azul el pasado 10 de mayo, Arrubia -que después sería detenido-  entregó voluntariamente su billetera, en la que tenía algo más de mil pesos.

Los vehículos que fueron registrados en aquella ocasión fueron una Toyota Hilux propiedad de un Teniente Primero, donde se hallaron casi 2.500 pesos, y el auto del capitán azuleño que está preso, donde se incautaron 6.840 pesos. Además, en su casa se encontró un sobre que tenía 1.500 pesos.

También habían sido allanadas las oficinas donde funciona la Jefatura Zonal de Policía de Seguridad Vial.

Dentro de una habitación, adentro de un bolso, se encontró un sobre que contenía 10.000 pesos. Y el mismo Teniente Primero al que le habían requisado su camioneta, entregó de manera voluntaria aquel día “un fajo de billetes con la suma de 3.000 pesos”, se indicó en el dictamen de la Cámara Penal.

Otro elemento valorado desde la Cámara Penal para confirmar las prisiones preventivas de los cuatro policías por el delito de asociación ilícita tuvo que ver con los dichos de otro testigo.

También transportista, circunstancialmente se había hecho presente en el Destacamento de Seguridad Vial de Monte cuando esa seccional policial estaba siendo allanada.

A los funcionarios judiciales y policiales que llevaban a cabo ese procedimiento el camionero les había dicho que fue a hacer entrega de “un sobre correspondiente a una colaboración que hace la empresa para la cual trabaja”, una suma de dinero que en esa ocasión fue de 1.500 pesos.

IMPUTACIONES QUE FUERON DECLARADAS NULAS

Cuando el pasado 10 de mayo se hicieron los allanamientos que derivaron en las detenciones de los policías de la Bonaerense procesados en esta causa penal, al capitán Javier Enrique Murray, que tiene 48 años y nació en General Alvear, lo detuvieron en el Destacamento de Seguridad Vial de Las Flores, el lugar donde desempeñaba funciones.

Además de esa asociación ilícita ya referida, en su caso se le suma otra imputación: peculado de servicios.

El fiscal Marcelo Fernández ha reunido pruebas que servirían para demostrar que en provecho propio y a favor de una empresa de transportes de Hurlingham ofrecía “servicios de vigilancia, seguridad y logística, a través de la utilización de un predio municipal, aledaño a la dependencia policial donde prestaba servicios” en Las Flores. Un espacio que por su intermedio se usaba como playa de estacionamiento para los vehículos de transporte de esa empresa.

Esteban Hess y Reynaldo Spikerman son los abogados del capitán Murray. Ambos habían recurrido su prisión preventiva ante la Cámara Penal, de la misma manera que lo hicieron los defensores particulares Guillermo Baque -en representación de Ferreyra-, Néstor Musa -que patrocina a Arrubia- y Marcelo Fuche, el abogado de Sparaíno.

A modo de coincidencia entre los defensores de los policías procesados, todos habían atacado la figura penal de la asociación ilícita, el más grave de los delitos por los que en principio sus defendidos habían sido detenidos en mayo pasado.

De no haberse mantenido en esta segunda instancia esa calificación, los efectivos de seguridad habrían sido excarcelados.

“A pesar de los esfuerzos de las defensas para rebatirlo, se encuentran abastecidos los elementos requeridos por la norma para calificar el suceso ya reseñado”, señalaron desde la Cámara en sobre la existencia en el caso de dicho delito.

“Distinto es el caso respecto del resto de los delitos endilgados, cohecho pasivo, tráfico de influencias, omisión ilegitima de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. Aquí coincido con los embates vertidos por los diferentes defensores, por lo que corresponde declarar la nulidad parcial de la imputación por indeterminación del objeto procesal”, escribió el camarista Damián Cini en el dictamen que confirmó las prisiones preventivas para los cuatro policías, aunque ahora sólo acusados de asociación ilícita.

“Aclaro que ello sólo sucede con la imputación del cohecho pasivo, trafico de influencias, omisión ilegítima de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas; pero no con la asociación ilícita endilgada a todos los causantes y con el peculado de servicios que se le imputa a Javier Murray, ya que al respecto tanto el Agente Fiscal como el (Juez de Garantías) han descrito en forma precisa y circunstanciada los dos hechos, sin resultar afectado, por ende, el derecho de defensa en juicio”, sostuvo también en el dictamen el único integrante que hoy por hoy tiene la Cámara Penal departamental.