POLICIALES. Coronavirus: familia había sido denunciada porque, al parecer, no cumplía con el aislamiento obligatorio

EN EL CASO INTERVINIERON LA JUSTICIA Y LA COMUNA

En la previa al aislamiento obligatorio decretado para los habitantes de todo el país durante la noche del jueves que pasó por el presidente Alberto Fernández, en Azul -luego de una denuncia recibida en sede policial- días antes una familia que recientemente había llegado de Europa fue notificada desde la justicia ordinaria para que cumpliera en su domicilio la cuarentena ordenada la semana anterior, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Ayer, tras las actuaciones iniciadas por lo sucedido, la causa penal que se iniciara había sido remitida a la justicia federal, con competencia en la comisión de delitos previstos en el Código Penal vinculados a eventuales atentados a la salud pública en una situación de emergencia como la actual, surgida de la pandemia por el COVID-19.

Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías número 3 con asiento en Tribunales- dispuso la declinación de la competencia de la justicia ordinaria en este caso, dando lugar así a un pedido que formulara Adrián Peiretti, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 13, en turno esta semana en Azul y quien había tenido a su cargo intervenir en ese hecho.

Según fuentes judiciales explicaron a EL TIEMPO, luego de una denuncia que se recibiera días atrás en sede policial se había iniciado ese expediente judicial cuya competencia fuera declinada ayer desde la justicia ordinaria

La situación había obligado a que efectivos policiales se hicieran presentes en el domicilio de la familia denunciada y que les informaran que debían cumplir con la cuarentena obligatoria, más allá de que en un principio -al parecer- no presentaban síntomas compatibles con cuadros asociados al coronavirus.

Antecedentes

El pasado jueves 12 del corriente mes, el Poder Ejecutivo Nacional había emitido el Decreto número 260/2020, ampliando la emergencia pública en el marco de la crisis sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus.

En uno de los artículos de dicho decreto se establecía "el aislamiento obligatorio" -como así también otras medidas sanitarias- para los llamados "casos sospechosos", los cuales no sólo tenían que ver específicamente con cuadros específicamente de salud sino también con otras cuestiones.

Entre ellas, se mencionaba la obligación de cumplir con ese aislamiento obligatorio para todas aquellas personas que recientemente habían regresado de viajes a las llamadas "zonas afectadas" por la pandemia.

En este caso en particular, teniendo en cuenta lo que fuera denunciado y después se tradujo en el inicio de esa investigación penal cuyas actuaciones fueron remitidas ayer a la órbita de la justicia federal con asiento en Azul, se pudo establecer que la familia que fuera intimada a cumplir con la cuarentena había regresado de España el pasado 15 del corriente mes.

Teniendo en cuenta las fechas y lo establecido en el decreto del pasado jueves 12 del corriente mes, esa familia todavía cumple con el aislamiento en su domicilio, cuyo plazo en un principio es de catorce días.

En el marco de las tareas que se llevan a cabo en la ciudad desde diferentes estamentos estatales, en este caso en particular se dispuso que, además de la intimación policial, el control de la medida incluya la participación de las autoridades sanitarias comunales, poniendo de esa manera en evidencia el protocolo que se lleva a cabo en situaciones de estas características.

Esas tareas desde la autoridad sanitaria municipal incluyen por estos días el seguimiento de esas personas que aún siguen en cuarentena tras regresar de España semanas atrás.

Al respecto, ayer un vocero ligado a ese sumario que se iniciara en la justicia ordinaria explicó que dicho protocolo implicó que a la familia azuleña "se la intimara en buenos términos a que permanezca en su domicilio".

Esa notificación la llevó a cabo personal policial que se hizo presente en la vivienda donde residen los vecinos, tras la denuncia recibida en la comisaría primera local que indicaba que, habiendo regresado de Europa, algunos de los integrantes de ese grupo familiar -al parecer- no cumplía con el aislamiento dispuesto desde el Estado nacional.

Según lo consignado, tras la notificación a la familia que hiciera el personal policial, posteriormente se informó desde la misma fuerza de seguridad al área de Salud del municipio sobre la existencia de dicha situación.

Algunas consideraciones

"La violación a las leyes y normativas dictadas en consecuencia de la Emergencia Sanitaria referida -se había indicado en las actuaciones penales iniciadas por este caso-, da lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio que corresponda, además, determinar en cada caso la eventual comisión de los delitos de acción pública previstos en los artículos 202, 205 y 239 del Código Penal".

Posteriormente, teniendo en cuenta que la situación investigada podría haber implicado "un delito que atenta contra la Seguridad Pública, ofenda la Seguridad de la Nación y en las que entran en juego cuestiones vinculadas a leyes migratorias y de seguridad nacional", dado que el caso excedía "el ámbito de intervención de jurisdicción provincial" se decidió ayer desde la justicia ordinaria declinar la competencia en la causa penal iniciada y que, en consecuencia, las actuaciones se remitieran a la justicia federal para que se continuara con la tramitación del expediente.

Pero antes de que ello sucediera, y con el fin de arbitrar las medidas contempladas ante la emergencia sanitaria, se ordenó que los integrantes de la familia cumplieran con los cuidados ya mencionados.

Para eso, tras la denuncia que fuera formulada, había sido requerido al área de Salud de la Municipalidad de Azul, "con carácter de muy urgente", la intervención de "personal especializado" en el caso, que debía encargarse de poner en marcha "las medidas de seguridad sanitarias que correspondan".

Además -tal lo referido- todos los integrantes de esa familia que días atrás regresó de Europa fueron notificados de que debían cumplir de manera estricta "con el aislamiento obligatorio" y con las demás acciones contempladas en el marco de la actual emergencia sanitaria a causa del coronavirus.

EL DATO

La reunión que el pasado jueves llevaron a cabo en Azul autoridades municipales, judiciales y policiales ante la emergencia por el coronavirus, realizada en la sede de la Fiscalía General, implicó que se acordara que un móvil con personal de seguridad esté pura y exclusivamente dedicado a notificar a los ciudadanos que no cumplen con las medidas impuestas en el marco de la actual crisis sanitaria. Según una fuente judicial le dijo ayer a EL TIEMPO, para llevar a cabo esa tarea el Municipio se encargará de proveer a la Policía los insumos y elementos que se necesiten.