. Cristinizar la Justicia

COLUMNA

Cuando la Sra. Presidente de la Nación inmortalizó aquella tristemente célebre frase "vamos por todo", muchos se tomaron de manera risueña dicha expresión, creyendo -ingenuamente- que era solo una liviana expresión manifestada por la primera mandataria.

Cuando el gobierno se apropió de Aerolíneas Argentinas sin pagar la indemnización respectiva; cuando el estado se apropió de la renta del campo, luego del fracaso de la Resolución 125, sin importar si cerraban frigoríficos, tambos o firmas de biodiesel; cuando el estado se quedó con los fondos de los contribuyentes en las AFJP y de las acciones que éstas tienen en infinitas empresas privadas, sin pagar la indemnización respectiva; cuando se quedó con las acciones de Repsol de la empresa YPF(no de los accionistas amigos) sin pagar un peso de la indemnización; cuando expropió la calcográfica Ciccone, para tapar el terrible negociado del vicepresidente de la Nación Amado Boudou; parecía que la voracidad y angurria del kirchnerismo por quedarse con todo, había culminado.
Sin embargo fueron por más, y ahora en el "vamos por todo" cayó una de las instituciones pilares del sistema democrático, como lo es el Poder Judicial de la Nación. En el curso de la semana corriente -apurados para tapar la terrible ineficiencia del Estado con relación a las 60 muertes que provocó los temporales de Buenos Aires y La Plata- la Presidente presentó una batería de proyectos vinculados a la justicia, para modificar sustanciales instrumentos de control (no vamos a repetir, de ninguna manera, titularlo como "democratización de la justicia").
La soberbia y prepotencia en el ejercicio de las acciones de gobierno se vieron nuevamente reflejadas en este caso, donde a continuación de hacer el anuncio en un nuevo "relato oficial", los instrumentos se enviaron a la escribanía general de la nación (es decir, el Congreso Nacional) para su express tratamiento.
Y como si fuera poco, de manera inmediata los verborrágicos voceros oficiales de ambas cámaras -Aníbal Fernández y Diana Conti- salieron a ratificar que la idea del tratamiento es sin democracia, ya que no iban a permitir la inclusión de una mínima coma en los proyectos presentados. Es decir, quieren democratizar de la manera más fascista que existe, es decir, imponiendo las cosas, sin el más mínimo debate ni la menor posibilidad de que sean escuchados los representantes de la mitad del país, como son los diputados y senadores de la oposición. Es decir, quieren democratizar sin democracia.
Pero lo más grave de toda esta situación, es que con estas leyes el gobierno tiene dos objetivos primordiales: el primero es direccionar el resultado de los pleitos a la voluntad del gobierno, como lo han hecho desde siempre el kirchnerismo en Santa Cruz (recordar el caso del Procurador General, Dr. Eduardo Sosa) hasta en la Nación (como el caso del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Dr. Manuel Garrido); este es el objetivo oculto que tiene la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, donde la mayoría del gobierno podrá poner y echar a cualquier juez de la nación que no emita sus fallos, conforme se lo diga o imponga algún funcionario del gobierno nacional.
El segundo objeto es impedir que cualquier ciudadano -persona o empresa- pueda ejercer su legítimo derecho de accionar, ya que la limitación temporal de cualquier medida cautelar contra el Estado, pone en un pie de desigualdad total a las personas y empresas contra el Estado. Y aquí está gravemente en peligro no solo la propiedad privada, sino la integridad, la salud y hasta la vida de las personas, que ya no podrán iniciar estas acciones de precaución o cautela cuando deba ser dirigida al Estado.
Estamos en la puerta de entrada a una dictadura y tiranía en su máxima expresión, donde la palabra democracia quedará reducida a la sola posibilidad de votar cada dos años; y nada más. Si se vulnera uno de los principios básicos de un sistema democrático y republicano, como lo es la división de poderes y con una justicia independiente, quedaremos sin constitución, sin ley, sin normas, sin derechos ni garantías.
Por ello se impone una inmediata actitud cívica de rechazo y repudio generalizado a estas acciones y proyectos. Porque está en juego el sistema democrático todo; si se sigue avanzando con estos proyectos, ya no habrá ningún lugar donde un ciudadano común pueda ir a reclamar por sus derechos. Y será demasiado tarde.

UCR - Comité Azul