. "Dependemos de la decisión política de Inza, decisión que hasta ahora no tuvo"

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Los ex trabajadores de lo que fuera la Curtiembre Piazza aún esperan que el intendente municipal firme el decreto para efectivizar la compra de sus créditos laborales y poder cobrar, luego de que en 2012 el propio Ejecutivo les trabara esa posibilidad cuando judicializó el tema al no aceptar que perdió la licitación para hacerse con el inmueble donde funcionaba fábrica. Mañana, los ex operarios se harán presentes en el palacio comunal para exigirle a Inza que firme la autorización que el Concejo le dio en diciembre del año pasado.

El 9 de diciembre del año pasado, en la última sesión del Concejo Deliberante, por unanimidad el cuerpo aprobó una resolución autorizando al intendente José Inza a comprar los créditos laborales de los ex trabajadores de lo que fuera la Curtiembre Piazza. Así, adquiriéndolos, se podría pagar a los operarios que hace más dos años ven trabada la posibilidad de cobrar sus indemnizaciones por las instancias judiciales a la que el propio jefe comunal sometió la cuestión, cuando apeló una licitación que perdió.

Pasaron casi tres meses y los ex empleados sostienen que nada se ha hecho y que el Ejecutivo no ha movido ningún expediente para que puedan cobrar en medio de un problema “que no generamos nosotros sino el propio intendente”, apuntaron Raúl Laporte y Adolfo Libonatti al hablar con este diario.

Se refirieron en muy duros términos al intendente y aseguraron que mañana lunes se presentarán en el municipio a la espera de que los atienda para exigirle que firme el decreto y así efectivizar la compra de las indemnizaciones.

“No respeta ni a sus concejales” 

En primer término, Laporte y Libonatti hicieron referencia a la resolución que aprobó el Concejo Deliberante y que fue girada inmediatamente al Ejecutivo. En este sentido, sostuvieron que “no pasó nada. Fuimos en diciembre, en enero y nunca pasó nada. Una cosa es clara: si él quería pagar (por Inza) hubiese pagado antes de todo esto”.

Advirtieron que es sumamente llamativo que no hayan actuado cuando desde el Ejecutivo la subsecretaria de Legal y Técnica, Luciana David, sostuvo que el intendente estaba conforme con la resolución aprobada y que había sido una iniciativa del concejal oficialista Rodolfo Rancéz -aunque en realidad el proyecto que se aprobó fue elaborado y presentado por la edil socialista Erica Torena-. Volviendo al accionar del Ejecutivo, indicaron que “es raro que no hayan hecho nada porque incluso los concejales del Frente para la Victoria votaron a favor. No respeta ni a sus concejales”.

“Dependemos de la decisión política del intendente”

Comentaron que en estos meses se reunieron con Luciana David “que salió a embarrar la cancha cuando le pegó públicamente a la síndico -en referencia a la contadora Raquel Weisburd, para quien la funcionaria tuvo duras palabras- y cuando dijo por los medios que no tiene el listado con la liquidación de los créditos laborales de cada empleado. Le dijimos que nosotros tenemos el listado y cuando le preguntaba si ella no lo tenía, nos dijo que sí. Si ellos querían, con ese listado ya podían pagar”, ya que los saldos, por ley, no se actualizan. Así, los montos son los mismos hace un año, dos que ahora.

Al margen de esto, en los últimos días el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 a cargo de Jorge Raúl Cataldi, elevó al Concejo Deliberante el informe detallado con las liquidaciones de los créditos laborales. “Ahora lo que resta es que el intendente firme el decreto con el compromiso efectivo de pago. Es lo único que tiene que hacer. Nosotros dependemos de la decisión política del intendente, decisión que hasta ahora no tuvo”, advirtieron.

Ante el comentario de que recién ahora el Ejecutivo tiene el informe, marcaron que “sí, llegó ahora. Pero si hubiesen querido pagar, lo podrían haber ido a buscar. Accedimos nosotros al listado, cómo no va a acceder el intendente”.

En este aspecto, subrayaron que la demora “fue porque estiran el tiempo para no pagar y mientras tanto Niémela hace el negocio”, en referencia a Matías Niémela, empresario que ganó la licitación para la compra del predio de la ex Curtiembre al ofrecer 1.000 pesos más que el Ejecutivo. Sin embargo, el municipio no aceptó esa derrota y apeló solicitando se abra una instancia de mejora de ofertas que ya fue rechazada dos veces y que ahora está para que la Suprema Corte de Justicia bonaerense decida. Mientras tanto, el monto quedó congelado en los 3.526.000 pesos que ofreció Niémela en 2012, que con el proceso inflacionario que se vive en el país, y ante la insistencia del Ejecutivo municipal de seguir apelando, cada día se desvaloriza más perjudicando por sobre todo a los ex empleados al momento de cobrar.

“Niémela nunca salió a pedirle al intendente que dé un paso al costado en la apelación, que se retire de la licitación para poder pagar la fábrica y terminar con el tema”, dijeron, para agregar que el empresario “salió únicamente cuando Lapenta (por Eduardo, dirigente socialista) dijo que habría que expropiar el derecho a compra de Niémela”.

“Se sacó una foto y nos mandó saludos a todos” 

 

Volviendo al no cumplimiento de la resolución que aprobó el legislativo local, Laporte y Libonatti sostuvieron que “Inza tiene el aval del Concejo para pagar. No tiene ninguna traba, así que si no lo hace no sabemos por qué”. Ante la falta de respuestas y ver que no se avanzaba en el tema, los ex trabajadores volvieron el viernes de la semana anterior y este miércoles, “pero había viajado a Atucha con Cristina. Hizo la “V”, se sacó una foto y nos mandó saludos a todos. De no creer…”, indicaron irónicamente.

Ante la ausencia del jefe comunal, le solicitaron a la secretaria que les gestione una audiencia para el lunes “pero no sabemos si nos va a atender”.

No obstante mañana se harán presentes en el municipio “para exigirle que firme el decreto. Vamos a esperar a que lo haga, y si no lo hace movilizaremos a la gente para reclamar”.

Sucede que necesitan ese acto administrativo con la firma del jefe comunal porque sus ex compañeros “nos llaman todos los días preguntando cuándo vamos a cobrar. Somos todos grandes, algunos están en situaciones delicadas. Vamos a peleárselas hasta lo último. Esto es un robo”.

Además advirtieron que “lo más gracioso es que tenemos que ir al municipio a reclamar por un problema que no generamos nosotros, sino el Ejecutivo que nos arrastró. Nosotros no tenemos nada que ver”, cuando en 2012 judicializó el tema y demoró así el cobro de las indemnizaciones.

Por último, pidieron en fuertes términos “que el intendente se preocupe más por la gente”.

OTROS FRENTES A ATENDER

Paralelamente a la lucha que llevan adelante para cobrar las indemnizaciones, los ex trabajadores tienen otros frentes que atender. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con uno de los ex empleados que junto a ellos llevaba adelante el reclamo. A ese hombre, un concejal oficialista del Frente para la Victoria le consiguió un trabajo y desarticuló su lucha. Pero no sólo eso, sino que ese ex trabajador intentó trabar uno de los proyectos que el Partido Socialista presentó cuando se trató la expropiación del derecho de compra del ganador de la licitación. Esto fue informado por la concejal Erica Torena, cuando sin dar nombres dijo que había recibido llamados de un ex operario manifestándole que un concejal le pidió que intercediera para convencerla de retirar el proyecto. “Pensaron que sacándolo a él (por el ex compañero de ellos) de la lucha, nosotros no íbamos a seguir”, sostuvieron. En ese marco, también reconocieron que en la lucha fueron apoyados por el Partido Socialista “que se interesó en el tema. Por ahí dicen que nosotros politizamos la cuestión. No es así, ellos nos llamaron y nos ayudaron. Si los demás quieren decir que politizamos el tema, que lo digan”.

“NO TIENE FUNDAMENTOS PARA HACER LO QUE HACE”

Según el detalle de los créditos laborales aportado por la justicia, el municipio tendría que pagar 2.303.003 pesos para comprarlos. Ese monto representa el 77% del total de las indemnizaciones que aún les falta cobrar a los trabajadores. Es que desde que se decretó la quiebra en 2002 hasta hoy, sólo cobraron el 23% de lo que les correspondía. En 2007 cobraron un 10%, un 3% en 2010 -ambos por la venta de maquinaria- y en 2012 otro 10% por la venta de las tierras del predio. Esos 2.300.000 pesos deben dividirse por aproximadamente 150 que son los trabajadores de la quiebra. Cada uno de ellos debe cobrar un monto diferente, depende del trabajo que hacían, la antigüedad y demás variables. Laporte y Libonatti remarcaron que “2.300.000 pesos no es plata para un municipio, por eso no se entiende por qué no pagan” y volvieron sobre su idea de que “no se entiende por qué apeló a la Corte, si este año se va”, en referencia a que Inza termina su mandato. “No tiene fundamentos para hacer lo que hace”, añadieron.