SOCIEDAD. Desde el Colectivo por la Cultura Comunitaria Autogestiva a raíz de un proyecto de ordenanza

Entre las deficiencias detectadas, encontramos: a) la insuficiente clasificación de los espacios (únicamente basada en la cantidad de personas y no según las actividades desarrolladas); b) el exceso reglamentario en los requisitos de habilitación, y el consecuente impacto económico a raíz de la intervención de profesionales (informe de aptitud acústica, aprobación profesional del escenario, planos de uso vigentes) sin que de la norma se desprenda el asesoramiento municipal al respecto ni la creación de un registro de profesionales habilitados; c) diversas imprecisiones normativas que podrían llevar a la discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicar la norma y otorgar la autorización de funcionamiento, en cuyo caso no haría falta norma alguna, d) y en general, la insuficiente reglamentación proyectada que no alcanza a cubrir la mayor parte de los problemas vigentes.

Ante ello, ratificamos la importancia de contar con normas adecuadas para permitir el desarrollo de las actividades culturales en nuestro medio. Por ello, recordamos nuestra predisposición a intervenir en la discusión democrática y en la elaboración participativa de normas locales. En septiembre de 2016 presentamos públicamente en el mismo Concejo Deliberante un Anteproyecto de ordenanza -denominado “Régimen integral de cultura comunitaria y servicios culturales”-, el que contiene numerosas soluciones y propuestas consensuadas por los propios interesados (artistas, gestores culturales, propietarios y administradores de espacios culturales, comerciantes). Para la propuesta se tuvo en cuenta la normativa municipal vigente, se revisaron antecedentes similares en otras jurisdicciones y se recurrió al asesoramiento técnico de profesionales de variadas materias como abogados, contadores, arquitectos e ingenieros en sonido. Creemos que dicha propuesta constituye un insumo que debe ser tenido en cuenta, y por lo tanto invocamos una vez más nuestro derecho a participar de la construcción de consensos reales que arrojen, al fin, una solución a problemas que tienen ya varios años en nuestra comunidad.