ENTREVISTA CON DIRIGENTES AZULEÑOS DEL SITRAJU. Desde el gremio se plantea la necesidad de "democratizar" el sistema de Justicia

"Tenemos varias discusiones para aportar a la vida de las organizaciones obreras", afirmó Tomás Puppio, dirigente azuleño pero también vocal de la comisión directiva nacional del SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina).

Durante una entrevista con este diario, Puppio junto a Cristina Croharé - integrante del gremio en el nivel local-, mencionaron algunas de las propuestas que se impulsan desde la entidad sindical.

En principio, Puppio explicó que "el sindicato forma parte de la Federación de Sindicato de Trabajadores Judiciales, con representación en la mayoría de las provincias".

En tanto indicó que "nuestro sindicato es joven, se formalizó en 2014", precisó además que "se venía trabajando desde años antes".

Cristina Croharé apuntó, en relación a la jurisdicción del gremio, que "nosotros somos Justicia Federal y los Ministerios Públicos, el Fiscal y el de la Defensa".

Mencionó que "este año hubo elecciones y se está realizando un fortalecimiento y desarrollo del gremio en la Regional 4, que es a la que nosotros pertenecemos".

Al respecto Puppio puntualizó que el ámbito de acción "comprende Azul, Tandil, es decir la jurisdicción de la Justicia Federal de Azul, pero también Dolores, Necochea y Mar del Plata".

Aportando discusiones

Croharé indicó que, "desde el gremio, como pertenece a la CGT, estamos dando participación y debate dentro de las organizaciones obreras primarias. Eso es parte de lo que venimos a incorporar con esta nueva conformación".

Agregó que "es importante que la CGT Azul se normalizó, después de un período de inactividad. Para nosotros es importante que se haya dado esa normalización en la CGT Regional Azul, y es aún más importante que estemos participando de ella a través de Tomás [Puppio]".

Por su parte, Puppio remarcó que "los que iniciaron el proceso de normalización acá en Azul creo que han tenido un gesto de grandeza, al trabajar con la enorme mayoría de las organizaciones sindicales locales y regionales. Allí es donde entra nuestro sindicato que, pese a ser joven, igualmente tiene una trayectoria, una inserción muy importante. Tenemos varias discusiones para aportar a la vida de las organizaciones obreras".

"Estamos en un momento -añadió Croharé- de política y de historia en la que, una de las cuestiones a debatir fuertemente es la reforma judicial. Creo que el gremio tiene mucho para aportar en ese aspecto, justamente porque lo que estamos planteando es que la reforma judicial es 'con' los trabajadores y las trabajadoras. Esta reforma creo que, de algún modo, va a iluminar todas las relaciones del universo de la política".

Explicó que, "desde los grupos de mujeres del sindicato estamos trabajando con documentos de reforma judicial feminista".

Por otro lado, "dentro de las reformas que estamos proponiendo y que tiene que ver con esta nueva forma de entender, está la licencia única por nacimiento, algo que también tenemos para aportar en el debate con otros gremios".

Puppio sostuvo que "nosotros, en el ámbito del Consejo de la Magistratura de Nación, los trabajadores y trabajadoras judiciales agremiados a SITRAJU, presentamos un proyecto, que fue aprobado y está en vigencia, para que la licencia que antes era por maternidad y por paternidad, cambie de concepto y pase a llamarse 'Licencia Única por Nacimiento' para que, tanto la persona gestante como la no gestante, accedan a la misma licencia; y que esa licencia se incremente hasta 120 días".

Al respecto indicó: "Lo que hace esta licencia es presentar una discusión que hace a la reforma judicial y que tiene que ver cómo entendemos, cómo concebimos los cuidados en nuestra comunidad. Si vemos cómo estaban organizadas las licencias, en general, en ámbitos públicos y privados. En nuestro caso, el Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa de Nación, la licencia por maternidad alcanza a los noventa días, mientras que la licencia por paternidad oscila entre los cinco y quince días. Esto presenta un estado de situación que subyace, sobre quién se encarga de los cuidados y de la nueva situación familiar".

Por ello es que, "lo que viene a hacer esta licencia, es brindar otra posibilidad, otro horizonte de discusión con los cuidados".

Con respecto a que este tipo de licencia ya es un hecho en algunos países del denominado "Primer Mundo", Croharé dijo que "no hicimos un estudio comparativo, pero es lo que nosotros estamos reclamando dentro de todas las luchas, pero también los avances que se han dado y que tienen que ver con las cuestiones de género, con todas estas cuestiones sociales y laborales".

Puppio intervino admitiendo que "venimos atrasados, seguramente, porque ya existe en otros países".

Cupos laborales

La sindicalista Croharé apuntó luego que "esto ilumina a otro tema que es el de los cupos laborales travesti-trans. Es decir, otra de nuestras luchas es que, en nuestros organismos, se dé cumplimiento a la ley de cupo laboral travesti-trans. Aún no está aplicada, estamos trabajando con eso ahora".

Puntualizó al respecto que "no existe todavía la reglamentación. Se están dando casos, en el Ministerio Público Fiscal, en la Corte, se está incorporando personal que pertenece a este colectivo travesti-trans, pero no oficialmente. Pero para nosotros sí es una lucha oficial".

A su tiempo, Puppio afirmó que "hace falta reglamentar esa ley; brindar las herramientas necesarias".

Croharé destacó que "el cupo por discapacidad está reglamentado en el Ministerio Público Fiscal. El otro tema sobre cómo apoyamos y enmarcamos la reforma judicial, es el ingreso democrático. En esto sí se logró la ley, pero todavía la Corte Suprema no la ha implementado, mientras que los Ministerios Públicos sí. Pero, más allá de que esté implementada, se hace una permanente evaluación".

Explicó además que, "dentro del ingreso democrático, se identifica si es una persona con discapacidad o no, y a partir de eso se hacen los sorteos".

Tomás Puppio destacó que "el ingreso democrático consiste en que se abre una convocatoria para que se rindan exámenes para las distintas categorías, de empleado administrativo, de servicios auxiliares, o funcionarios; y se evalúan las capacidades, las posibilidades para resolver un caso, contestar preguntas u orientarse en los contextos que se presentan. Y conjuntamente con una evaluación de antecedentes, se genera un listado".

Por su parte, Croharé apuntó que "en realidad, es un examen que tiene como resultado un orden de mérito".

"Hasta que se implementó el ingreso democrático -recordó Puppio-, al menos en los Ministerios Públicos, el ingreso era por definición directa, en general sin demasiado contralor de a quién se nombra y a quién no.

"Salvo las que surgen de los reglamentos, que no pueden ser familiar", añadió Croharé.

De todos modos, Puppio subrayó que "ha entrado mucha gente, muy valiosa, de esa manera; pero no se le ha brindado la posibilidad a buena parte de la comunidad, para participar de los procesos y para incorporarse en este servicio".

"Al fin de cuentas -señaló, a continuación-, me parece que hay que pensar la reforma judicial, por lo menos desde nuestro sindicato se traduce un poco en eso: en pensar de qué manera estos órganos del Estado cumplen con el servicio para el que existen".

Y reafirmó la idea: "Porque todos, los magistrados, los trabajadores y las trabajadoras, somos servidores públicos. Pensar la reforma judicial, de algún modo, es decir: despleguemos esa idea, permitiendo el ingreso de las grandes mayorías".

Sin convenio

En otro tramo de la entrevista con EL TIEMPO, el dirigente del SITRAJU Tomás Puppio dijo que "la importancia radica en que las discusiones por una reforma judicial están bien atadas a las discusiones que tengan para dar los y las trabajadoras organizados".

Con respecto a la reforma judicial, "hay otras propuestas que llevamos a nuestro ámbito de trabajo, como por ejemplo el ingreso democrático; hay también algo que hace a la necesidad de repensar estos órganos del Estado, y que tiene que ver con que no tenemos, los trabajadores al día de hoy, una herramienta con la que discutir las condiciones de trabajo. No tenemos convenio colectivo de trabajo. Ese es un punto muy importante para nosotros, porque es algo, incluso antes de la existencia formal de nuestro sindicato, por lo que veníamos discutiendo y no se traducía en acciones concretas, materiales".

Sobre este punto Puppio explicó que "a través de nuestra secretaria general Vanesa Siley [diputada nacional del Frente de Todos y titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales] se presentó un proyecto de ley para que se incorpore la necesidad de tener convenio colectivo de trabajo en todos los ámbitos judiciales del país".

En tanto confirmó que "hay muchos ámbitos que ya lo tienen", Puppio remarcó que "el convenio colectivo de trabajo garantiza un marco sobre el que discutir las condiciones laborales. Nosotros, si decimos que queremos que el ámbito de la Justicia, sea un servicio, lo primero que tenemos que hacer es brindarles a los laburantes condiciones para que así sea".

Confirmó que, sin dudas, "la herramienta para brindar esas condiciones es el convenio colectivo de trabajo".

La Justicia como servicio

Croharé marcó un elemento fundamental: "También apunta a que podamos discutir los contratos, controlar los ingresos, o exigir los ingresos democráticos; romper un poco con el imaginario, la creación de sentido que se hizo en relación a lo que llamamos a veces 'la familia judicial'. Nosotros venimos desde una militancia, como trabajadores y trabajadoras, a romper y a hablar de 'servicio de justicia', con estas herramientas y muchas otras más".

Para la sindicalista, "esto permite tomar conciencia de que no es un lugar donde entran porque 'lo llamaron por teléfono', y donde se toman las decisiones que, incluso, terminan deformando las decisiones jurídicas, cuando son 'reinados', o 'feudos', y no un servicio público, un servicio de administración de Justicia. Democratizándolo, creo que es uno de los caminos".

Un aspecto que los dirigentes sindicales del SITRAJU en nuestra ciudad consideraron importante exponer es el de la situación de la obra social a la que están incorporados como trabajadores.

Puppio expresó que "otro punto en esta línea es que los trabajadores y las trabajadoras judiciales no participamos de las definiciones y las decisiones de nuestra obra social. Está administrada con un régimen especial, y ahora también hay un proyecto de ley que presentó nuestra compañera Siley, para incorporar la representación sindical, para conformar un directorio en el que tengan participación los trabajadores y trabajadoras judiciales".

En tal sentido, Croharé señaló: "La obra social ahora está atravesando por un momento crítico".

Por su parte, Puppio expuso que la obra social "está intervenida. Y el punto un poco pasa por eso: mientras menos participación, menos ojos hay".

Sobre ese particular, aclaró Croharé, "no sólo ojos a los efectos de la transparencia. También ojos a los efectos de cuáles son las necesidades y las prioridades de los trabajadores y las trabajadoras".

No dudó en determinar Puppio que, "hasta no hace mucho tiempo, era una muy buena obra social, con una buena cobertura; pero desde hace algunos años para acá, empezó a tener problemas. Incluso problemas que ameritaron que compañeros del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires presenten un amparo, en época de pandemia, para que se empiece, entre otras cosas, a digitalizar información de la obra social; que se pueda acceder o presentar para autorizaciones, acceso a los bonos y demás herramientas para utilizar la obra social, de manera digital, que era algo impensado hasta entonces".

Al considerar algunos de los tantos aspectos que la pandemia por Covid-19 trastocó en la esfera laboral, Puppio puntualizó, ante una consulta en tal sentido de EL TIEMPO, que, "en nuestro ámbito, sí generamos regulaciones en cuanto al teletrabajo. No sólo está regulado, sino que, dentro de esa regulación, se reconocieron ya los gastos en los que tuvieron que entrar los trabajadores y las trabajadoras judiciales en época de pandemia, en algunos ámbitos por lo menos se reconoció, no en todos los Ministerios".

Por último, Croharé mencionó que "todo esto es parte de por qué nos parece tan importante fortalecer el gremio. Estamos en permanente campaña de afiliación, porque esa es otra de las cuestiones. Justamente en los ámbitos de Justicia no hay, o no hubo en años anteriores, la concepción de la importancia de la sindicalización -como que parecía algo menor-. La realidad es que estamos en un proceso de crecimiento, también en ese aspecto, en la Región IV".