. Después de que no habían dejado entrar a un juez, ayer allanaron la cárcel de Alvear

El insólito incidente lo había protagonizado el pasado viernes Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías número 3 con sede en los Tribunales de Azul. Ese día, el magistrado había concurrido a la Unidad 30 para realizar una inspección de rutina y no le permitieron el ingreso. La situación derivó en que denunciara lo sucedido y que la cárcel fuera allanada.
Durante el allanamiento, realizado por funcionarios judiciales y efectivos de la Policía Federal, se secuestraron los libros de registros de la Unidad 30. PRENSA FISCALÍA GENERAL AZUL
La Unidad 30, cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense ubicada en la ciudad de General Alvear, se convirtió ayer en escenario de un allanamiento, después de una denuncia que días atrás realizara un juez de Garantías al que no dejaron ingresar al penal, en ocasión de que había concurrido para efectuar una visita de rutina.
Por lo sucedido se está instruyendo una causa penal desde la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales del Departamento Judicial Azul que está a cargo del fiscal David Carballo.
Durante la mañana de ayer, funcionarios de esa UFI y efectivos de la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina llevaron a cabo el allanamiento en la cárcel alvearense.
Tras la denuncia que formulara Juan José Suárez, el juez de Garantías al que no dejaron ingresar al penal el pasado viernes, el allanamiento había sido dispuesto desde el Juzgado de Garantías número 2. Y la jueza Magdalena Forbes, como subrogante a cargo de ese juzgado, firmó esa orden que se hizo efectiva ayer.
De acuerdo con lo señalado a este diario por fuentes allegadas a la realización del procedimiento, que se extendió desde la hora 10 hasta las 13, se secuestraron libros de registro de las dependencias administrativas.
El viernes que pasó en horas de la mañana Juan José Suárez, a cargo del Juzgado de Garantías número 3 con sede en los Tribunales de Azul, había concurrido al penal de Alvear para realizar una visita de rutina.
Acompañado por otros integrantes del juzgado a su cargo, viajó hasta la Unidad 30 en un vehículo oficial y llevando la identificación que certifica su calidad de funcionario judicial.
Pero a pesar de eso, en el penal no le permitieron el ingreso, argumentando que no iban a dejar entrar a los funcionarios de su juzgado que lo acompañaban y no tenían credenciales.
Lo insólito del caso fue que al Juez de Garantías -quien asumió la responsabilidad para que ingresaran quienes lo acompañaban- ni siquiera le abrieron el portón de ingreso, ya que en la Unidad 30 lo atendieron desde las rejas.
Tampoco, cuando lo requirió, al juez Suárez le fue proporcionada la lista del personal del SPB que en ese entonces estaba en el penal y no dejaba entrar a él ni a los demás funcionarios que lo acompañaron para esa visita de rutina que finalmente no se pudo hacer.
El Alcalde Juan Hernández estaba presente en ese entonces en la Unidad 30, que actualmente dirige el inspector Mayor Darío Germán Castagnino.
Lo concreto fue que el viernes que pasó el titular del Juzgado de Garantías número 3 departamental no pudo ingresar al penal, lo que derivó en que luego el propio funcionario judicial denunciara lo ocurrido.
Esa denuncia fue la que ayer se tradujo en la realización del mencionado allanamiento encabezado por el fiscal Carballo y realizado por los policías de la Federal.
Ahora, en esa causa penal que se está instruyendo, se está investigando la presunta comisión de delitos de acción pública por parte de los responsables de la Unidad 30.
Desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público son algunos de los posibles ilícitos que se mencionan como cometidos por los funcionarios -entre los cuales se menciona al Director- y efectivos del SPB del penal alvearense donde el viernes que pasó no dejaron entrar a un juez.

El dato
La denuncia formulada por el Juez de Garantías fue comunicada a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul. También, a Asuntos Internos de la Jefatura del Servicio Penitenciario bonaerense y a la Dirección de Política Penitenciaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ante la posibilidad de que los responsables de negarle el ingreso al funcionario judicial sean sancionados.