COLUMNISTAS. El acuerdo con Repsol, las cuentas de Kicillof y el costo argentino surgido de incentivar la mala praxis

Desde un enfoque jurídico, el convenio parece un avance: que el gobierno argentino, luego de haber intentado quedarse con ese paquete accionario sin hacer frente a la indemnización legal que establece el artículo 17 de la Constitución, haya rectificado y pactado una indemnización aceptada por la otra parte es una buena noticia. Ahora habría que determinar si la indemnización de 5.000 millones de dólares, más otros 1.000 adicionales para cubrir el descuento de los bonos, puede considerarse justa y razonable.

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Por Aleardo F. Laría Agencia DYN

El acuerdo alcanzado entre el gobierno argentino y la multinacional Repsol, luego de la confiscación de 51 % de las acciones de esa compañía, puede analizarse desde múltiples perspectivas.

Desde un enfoque jurídico parece un avance: que el gobierno argentino, luego de haber intentado quedarse con ese paquete accionario sin hacer frente a la indemnización legal que establece el artículo 17 de la Constitución, haya rectificado y pactado una indemnización aceptada por la otra parte es una buena noticia. Resta determinar ahora si la indemnización de 5.000 millones de dólares, más otros 1.000 adicionales para cubrir el descuento de los bonos, puede considerarse justa y razonable.

Los “números” de Repsol    

Repsol había invertido alrededor de 13.000 millones de dólares (valor de libros) para adquirir 99% de la compañía YPF en el año 1999 (5% de la provincia de Santa Cruz se lo había vendido Néstor Kirchner en 600 millones de dólares). El 51% de esa cifra son 6.630 millones de dólares, valor aproximado a la indemnización pactada, si bien Repsol ha debido declarar pérdidas de 1.630 millones de dólares, la diferencia entre el valor contable y los 5.000 formalmente alcanzados en el acuerdo.

No obstante, se ha asegurado el ingreso efectivo de esos 5.000 millones, puesto que se le ha garantizado que hasta que no se ingrese esa cantidad la deuda no quedará saldada. Para la víctima de un asalto a mano armada, que el ladrón le devuelva la casi integridad del valor usurpado, tiene que ser festejado como un buen negocio.

El análisis de Kicillof 

En relación con la cifra comprometida por la Argentina, se ha discutido si se deben tomar los 5.000 millones, los 1.000 adicionales o la cifra que resulta de sumar los intereses de todo el período de madurez de los bonos, lo que arrojaría una cifra de alrededor de 10.000 millones de dólares ("lo que quería Brufrau y que en ningún caso le íbamos a dar"). En realidad, no parece correcto sumar el capital y los frutos de ese capital, del mismo modo que no procede descontar al inversor internacional los dividendos obtenidos a lo largo de su inversión.

Esta es justamente la cuenta que hizo Kicillof en la famosa exposición ante el Senado para llegar a la conclusión de que nada se debía pagar a Repsol. No lo afirmó en forma directa, pero lo insinuó. En la ocasión, según la versión taquigráfica, dijo que "acá estamos en presencia de un grupo que retiró -¿Repsol sola?- como dividendos cerca de 16 mil millones de dólares. Así que, en términos estrictos, podría decirse que ya recuperó lo que puso, en dividendos no en títulos. En dólares constantes y sonantes, que se llevó al extranjero". Lo que cabe ahora es hacer una evaluación general de la expropiación de las acciones de YPF, a la luz del reacomodamiento producido.

Un negocio que se debe analizar   

En 2012, cuando se produjo la confiscación manu militari, Repsol buscaba un socio internacional para explotar los yacimientos de Vaca Muerta porque no tenía músculo financiero para encarar semejante operación. Poco antes le había vendido al Grupo Petersen (se presume de las familias Eskenazi-"Kerner") 25% de las acciones de la compañía con un préstamo de la misma compañía, bajo el curioso argumento de que se trataban de "expertos en mercados regulados". La decisión correcta -si se quería ampliar la presencia estatal en YPF- hubiera sido entonces expropiar 25 % de las acciones cedidas gentilmente por Repsol al Grupo Petersen- sustituyéndolo en las mismas condiciones en que habían comprado, lo que hubiera supuesto que al Estado argentino esa operación no le hubiera significado costo alguno. Se optó en cambio por castigar al grupo Repsol dejando fuera de la expropiación a las acciones del Grupo Petersen, una discriminación absurda, que además violaba del tratado de reciprocidad en el tratamiento de inversiones firmado con España. Esta singular operación de venta al Grupo Petersen deberá en el futuro ser objeto de una profunda investigación parlamentaria, cuando se den las condiciones políticas para develar los meandros de ese oscuro negocio.

¿Alcanzarán las inversiones para poner en valor Vaca Muerta?  

Lo cierto es que ahora enfrentamos la siguiente paradoja: la Argentina, que necesita cuantiosas inversiones para poner en valor Vaca Muerta, aparece comprometiéndose financieramente en los próximos años para afrontar las amortizaciones y los intereses de la suma comprometida con Repsol, es decir alrededor de 10.000 millones de dólares.

Por otro lado, apenas ha conseguido el concurso de otra multinacional -Chevron- que se ofrece a invertir, con cuentagotas, 1.300 millones de dólares en el área. Desde esa perspectiva, el resultado de tantas idas y venidas es francamente desolador y demuestra -una vez más- el nivel de improvisación con el que se toman ciertas decisiones que si bien al comienzo calientan la vena nacionalista, luego terminan siendo nuevas guerras perdidas, al estilo Malvinas.

Hay otros costos ocultos imponderables en esta funesta gestión de las políticas públicas energéticas. La enorme desconfianza que producen en los mercados financieros internacionales las expropiaciones arbitrarias en un momento donde la información, gracias a las nuevas comunicaciones, circula raudamente. No es fruto de la casualidad que la Argentina haya recibido en estos años menos flujos de inversiones internacionales que Brasil, Chile, México, Perú y Colombia. A lo que cabe añadir que gran parte de las inversiones que recogen las estadísticas son en realidad reinversiones forzadas por el cepo cambiario. Lo penoso de estas anécdotas es que los responsables políticos de estos desaguisados pueden luego dejar el poder y disfrutar tranquilamente de los fortunas acumuladas gracias a las prebendas y beneficios obtenidos en el ejercicio de ese poder. No hay en la Argentina un aceitado sistema jurídico que permita recuperar no solo los dineros mal habidos, sino también los costos generados al país por mala praxis en la gestión de los asuntos públicos. Habría que reflexionar sobre el modo de terminar con nuestro peculiar sistema de incentivos para el mal hacer.