. EL DEBER DE MANTENER INFORMADO AL CIUDADANO

 

A través del comentario que publicó el pasado domingo en este Diario el periodista Carlos Comparato se conocieron algunos números del costo que habrían tenido las presentaciones, en esta ciudad y con motivo de los festejos por el aniversario de la fundación de la ciudad, de Los Palmeras, Pimpinela y Kapanga.

Según ese informe se invirtieron un millón y medio de pesos para afrontar los “cachés” de los tres grupos musicales antes mencionados, que actuaron ante un multitudinario marco de público en el veredón municipal, tal como fue reflejado por este matutino.

Se mencionó en el artículo en cuestión que el dinero surgió de las arcas del Municipio, cuando “muchos creían” que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se había hecho cargo de la erogación.

Sin hacer juicios de valor sobre lo acertado o no de esa medida, corresponde que algún funcionario municipal salga a poner claro sobre oscuro y demuestre cuál fue el costo/inversión de esa parte de los festejos por los 182 años que cumplió la creación de la ciudad.

De la misma manera, y para poner freno a la andanada de rumores, sería pertinente que se brinde un detallado informe de los dineros que se están volcando a los festejos del carnaval, así como a cualquier otro acto de Gobierno que involucre los fondos públicos.

Algún representante de la gestión ha tomado el camino de salir a cuestionar en algún medio lo publicado por este Diario, en vez de aportar datos precisos porque cualquier ciudadano tiene el derecho de conocer qué se hace con sus aportes como contribuyente.

La transparencia de una gestión de gobierno, sea del partido que sea, se fundamenta, entre otros aspectos, en informar sobre cada uno de los actos que se llevan a cabo. Teniendo en cuenta para eso, sobre todo, que quien está transitoriamente a cargo de una gestión -sea en este caso específico que nos ocupa comunal- tiene a su cargo la obligación de administrar con la mayor efectividad y solvencia posible esos fondos que recibe, entre otros aportes, de la ciudadanía a la que representa.

Dejar de tener en claro esa misión o perder el enfoque de la misma por parte de la clase política transitoriamente convertida en cabeza de un gobierno puede llevar a situaciones que opaquen la nitidez de dicha gestión.

Hay ejemplos recientes en esta ciudad que sirven para graficar el contexto antes descripto, los cuales tienen en la actualidad a ex funcionarios de gobiernos anteriores implicados en procesos judiciales en los que, “a priori”, al parecer lo que faltó fue transparencia en torno a la administración de los fondos públicos.

Una situación que, seguramente, ningún dirigente político que se precie de tal -en el mejor sentido que pueda tener el desempeño de esa actividad- querrá repetir. Y tampoco padecer esa ciudadanía que lo eligió para cumplir una función pública y, a modo de respuesta a la confianza depositada en él, termina comprobando que ha sido un fraude.