. El juicio a María Cristina Santillán se hará en agosto

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La enfermera que está acusada de matar a golpes con un hacha a su marido sigue presa en su casa. Su nueva Defensa ofreció pruebas para que el jurado popular que intervendrá en ese debate considere a lo sucedido como un caso de violencia de género.

Después de que el juicio a María Cristina Santillán, la enfermera que está presa en su casa acusada de haber matado a su esposo, se postergara en dos oportunidades por diferentes motivos, finalmente el debate se realizará los próximos días 22 y 23 de agosto del corriente año.

Según lo que fuentes judiciales indicaron, así quedó establecido días después a que en marzo pasado -con la presencia de la imputada- se llevaran a cabo dos audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 donde las partes fijaron nuevas estipulaciones probatorias que serán incluidas en ese juicio con jurados al que la mujer será sometida.

María Cristina Santillán llegará acusada a ese debate de un homicidio agravado por el vínculo. Y contará, después de que en septiembre del año 2014 ocurriera la agresión que la tiene ahora como imputada, con un equipo de defensores oficiales que llevarán a cabo la tarea de patrocinarla. Ese equipo está encabezado por el actual defensor General departamental Diego Fernández. Y se completa con las participaciones de los defensores oficiales Maríana Mocciaro y Diego Araujo.

Del otro lado, la representante del Ministerio Público Fiscal será Laura Margaretic, actual titular de la UFI 2 y quien en su momento tuviera a su cargo la instrucción de la causa penal relacionada con este hecho.

Un nuevo enfoque

Los planteos que ambas partes habían efectuado durante esas dos audiencias llevadas a cabo los pasados días 21 y 30 de marzo, encuentros donde también se presentó la nueva Defensa de la imputada, derivaron en la reformulación de la estipulación probatoria que había sido ofrecida cuando a la enfermera la estuvo representando un Defensor Particular.

Así, quedó establecido que los hechos que serán tratados en ese juicio con jurados se remontarán, en principio, a lo ocurrido en las primeras horas del 16 de septiembre de 2014 en la vivienda donde Santillán vivía con su esposo, que se llamaba Ricardo Orlando Hernández y tenía 61 años cuando falleció.

Aproximadamente a las 3.30 de aquel día, una casa de dos plantas situada en la calle San Martín de Villa Piazza Centro fue el lugar donde el caso se produjo.

La enfermera, en momentos que el hombre estaba en la cama de la habitación matrimonial, “le asestó a éste tres golpes en la zona témporo parietal derecha mediante la utilización de un hacha que tenían en la casa”, según se indicó.

Las graves lesiones sufridas en su cabeza hicieron que en principio Hernández permaneciera internado en el Hospital Pintos. Y al año siguiente, concretamente el 30 de mayo de 2015, el hombre murió mientras estaba en un geriátrico.

Su deceso derivó en ese entonces en un cambio de calificación de la causa penal que se había instruido. Y, en consecuencia, en una acusación más grave para su esposa.

En las audiencias llevadas a cabo en marzo pasado, la Defensa explicó que en el juicio intentará demostrar “que no existió relación de imputación entre el hecho de la agresión de la Sra. Santillán y la efectiva causal de muerte del Sr. Hernández”. También, que la enfermera “convivió desde el inicio de su matrimonio en un contexto de extrema violencia de género”; que la agresión estuvo enmarcada “en el marco de una defensa legítima” de la mujer dentro de un “contexto de violencia de género” y que la imputada “actuó en un ámbito de autodeterminación tan reducido que no podría formularse ningún juicio acerca de la culpabilidad en el hecho que se le imputa”.

Ese nuevo enfoque de los defensores oficiales apunta a enmarcar lo sucedido en un caso de violencia de género, aunque más allá de ese contexto incluido ahora será definitivamente ese jurado popular integrado por doce civiles el que en agosto próximo deberá determinar si Santillán es declarada “culpable” o “no culpable” del homicidio de su marido.

El dato

Alejandra Raverta, actual presidente del TOC 2, será la jueza que intervendrá en ese proceso. Y, como habitualmente sucede con los debates de estas características en los cuales interviene un jurado popular integrado por doce civiles -seis de ellos mujeres y los otros seis varones-, la sala ubicada en el tercer piso del Palacio de Justicia local que pertenece a la Cámara Penal se convertirá en el escenario de este juicio.