. El municipio fue condenado a pagar una deuda ajena por un "error" de la gestión de José Inza

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En agosto de 2015, un particular inició un juicio de cobro ejecutivo a otro. En medio del proceso, como el deudor era proveedor de la comuna, la justicia ordenó al municipio  que embargara los fondos que le adeudaba y que los depositase en una cuenta judicial. Pero lo que hizo la administración del ex Intendente fue pagarle al proveedor. El demandante, entonces, inició juicio a la Municipalidad. Un Juzgado de primera instancia y luego la Cámara de Apelaciones fallaron a su favor condenando a la comuna a pagarle al demandado. Así, el municipio deberá hacerse cargo de una deuda que no le correspondía y, como si fuera poco, por partida doble. “Fue una negligencia muy grave de la Municipalidad”, sostuvieron los abogados Ignacio y María Eugenia Gayani.

Hace un año y medio José Inza terminó su mandato como Intendente, sin embargo sigue dando que hablar al día de hoy. Esta vez, se trata de un “error” que cometió su administración y que lleva a que la Municipalidad de Azul deba pagar -con el dinero de todos los contribuyentes- un juicio entre dos particulares, y no una vez, sino dos.

El tema comenzó cuando en 2015, en un juicio de cobro ejecutivo una persona le reclamó a otra la cancelación de 160.000 pesos.

Como el deudor era proveedor del municipio, la justicia ordenó el embargo de los fondos que la comuna debía pagarle y el depósito de ese importe en la cuenta judicial del expediente.

Contrariamente a esa orden judicial, a los pocos días de ser notificada, la administración de Inza abonó al proveedor demandado los 160.000 pesos que debía embargar.

Esto generó que el demandante iniciara un juicio contra la Municipalidad para que le pagase lo que pagó a quien no correspondía.

Un juez de primera instancia le dio la razón al demandante y condenó al municipio a que le pague. El Ejecutivo actual -que heredó el conflicto- apeló esa decisión pero la Cámara de Apelaciones Departamental ratificó la sentencia el último martes. Así, la Municipalidad deberá abonar nuevamente lo que ya pagó: una deuda que no le pertenecía ya que era entre dos particulares.

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“La Municipalidad pagó mal”     -

Los abogados María Eugenia e Ignacio Gayani representaron al demandante en el proceso. Ayer hablaron con este diario y explicaron detalladamente cómo fue que el municipio termina teniendo que hacerse cargo de un conflicto entre dos particulares.

En principio, comentaron que en 2015 “se inició un juicio de cobro ejecutivo entre dos particulares, en el cual una persona le reclamaba a otra el pago de unos pagarés”. Cabe advertir acá que no se dan en esta nota los nombres de los involucrados por expreso pedido de los abogados.

Siguiendo con el desarrollo del tema, indicaron que como el acreedor tenía conocimiento de que el deudor era proveedor del municipio y que éste le debía, “pedimos como medida precautoria un embargo sobre los fondos que la Municipalidad le debía pagar al deudor”.

El juez hizo lugar al pedido de embargo y, en ese marco, notificó al municipio la medida, “es decir que no podía disponer de esos fondos, sino que debía depositar en la cuenta judicial del expediente”.

Lo que sucedió, según comentaron los abogados fue que “el municipio no acató la orden judicial y le pagó al proveedor lo que no debía pagarle, 160.000 pesos que debía embargar”.

Advirtieron que “a los pocos días” que la justicia notificó al municipio sobre el embargo, “le pagó” al proveedor, cuando por ese entonces al Ejecutivo encabezado por Inza le llovían reclamos por la falta de pago a los proveedores.

Relataron que el juicio siguió su curso y el juez condenó al proveedor (que es el particular deudor) a pagarle al demandante (el acreedor).

Remarcaron que “como en la cuenta judicial no estaba depositado el importe que la justicia había obligado a depositar, se inició un juicio contra la Municipalidad para que vuelva a pagar lo que pagó mal”.

En este punto advirtieron que “hay un principio general del Derecho que establece que el que paga mal, paga dos veces” y añadieron que no tiene que ver con que el deudor sea insolvente o no, sino con que “la Municipalidad pagó mal”.

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Condena al municipio     -

Así, el acreedor inició un juicio contra la comuna reclamándole el pago de lo que abonó mal. Si bien el conflicto fue en la gestión anterior, “la que tiene que salir a defender es esta gestión”, advirtieron.

Y así lo hizo el abogado Roberto Dávila -actual subsecretario de Legal y Técnica-, quien “alegó un error al decir que la Municipalidad no estuvo notificada correctamente” ya que se lo hizo vía oficio por Mesa de Entradas y no por cédula al área de Legales.

“El juez -indicaron- terminó diciendo que no hubo error y que el municipio pagó realmente mal y condenó al municipio a pagar al acreedor lo que pagó mal al proveedor”.

La comuna apeló la sentencia y la Cámara de Apelaciones Departamental hace pocos días ratificó aquel fallo del juez de primera instancia, por lo que “la Municipalidad está obligada a pagar lo que pagó mal más los intereses actualizados, que son muchos”.

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“Negligencia”     --

Ante este panorama, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, por qué tiene que pagar el municipio si el que adeudaba era un proveedor particular y, además, por qué si el proveedor ya había cobrado lo que la comuna le pagó no se hizo cargo de saldar lo que debía.

“Este es un juicio civil, que es muy distinto a uno penal”, señalaron los abogados, para luego explicar que “cuando el deudor no paga, el acreedor tiene herramientas legales para forzar ese pago en forma compulsiva. Además, a partir del artículo 531 del Código Procesal, cuando el embargante, en este caso la Municipalidad, paga un crédito embargado es responsable de lo que debe, al igual que el propio deudor”.

Asimismo, advirtieron que existe un proceso que se llama Acción de Regreso, y que eventualmente la Municipalidad podría ir contra el proveedor y, si tiene suerte y el proveedor quiere, le podría devolver el dinero.

La situación no tiene antecedentes en Azul, no al menos que los abogados conozcan.

Ignacio y María Eugenia Gayani entendieron por último que todo esto “fue una negligencia muy grave de la Municipalidad. A nosotros como abogados, tampoco nos cae simpático terminar cobrándole a la comuna algo que no era de ella, sino que deberíamos haber cobrado por otra vía. No es algo que hacemos con agrado, pero es nuestra obligación defender a nuestro cliente que tiene derecho a cobrar lo que le arrebataron, porque el dinero que era de él, la Municipalidad se lo dio a otro”.

 

LOS HECHOS Y LA CONDENA AL MUNICIPIO

La causa que el particular demandante inició contra la Municipalidad de Azul tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, a cargo de Federico Peña.

En ella se relata que el 11 de agosto de 2015 se decretó el embargo ejecutivo sobre los fondos que el demandado (el proveedor) debía cobrar de la Municipalidad, hasta cubrir la suma de 160.000 pesos, más 80.000 por los intereses, costos y costas del proceso.

Fue unos días después, el 25 de agosto, que la Municipalidad quedó notificada del embargo y, por lo tanto, debía depositar ese dinero en la cuenta judicial abierta en el marco del expediente.

Aún así, con el embargo ya notificado, el 4 de septiembre la gestión municipal le pagó al proveedor demandado 166.000 pesos que le adeudaba.

Frente a esto, el 9 de octubre el demandante le envió una carta documento al municipio intimándolo a hacer efectivo el depósito en la cuenta judicial del expediente de las sumas indebidamente abonadas al embargado, pero no recibió contestación.

En representación de la comuna tomó intervención el abogado Roberto Dávila -ya en la actual gestión-, quien rechazó la demanda pero reconoció que se le había pagado al demandado luego de que el municipio fuera notificado del embargo.

Argumentó, no obstante, que la notificación que se había hecho al municipio tuvo defectos que generaron un proceso más largo para su tramitación, como por ejemplo no puntualizar a qué área estaba dirigida sino que ingresó directamente por Mesa de Entradas y, además, que no expresaba que era un trámite urgente.

Asimismo, describió que el oficio ingresó el 25 de agosto de 2015 y que fue remitido a la Subsecretaría de Legal y Técnica -en ese entonces a cargo de Luciana David-. El 28 de agosto fue girado desde allí a la Dirección de Recursos Humanos, desde donde se lo devolvió a Legal y Técnica y recién después pasó a Tesorería Municipal, donde finalmente se trabó el embargo solicitado por la justicia, al tiempo que se informó que el pago se había realizado con anterioridad.

Justamente sobre el pago al demandado, Dávila fundamentó que no fue “indebido”, ya que al momento de efectivizarlo “no había restricción alguna”.

La condena al municipio

Al expedirse el juez a cargo de la causa, advirtió varios puntos de la defensa realizada por el municipio. Por ejemplo, en lo que hace al ingreso de la notificación por Mesa de Entradas, expresó que “cualquier presentación que tenga por fin obtener una decisión o una prestación de parte del ente municipal debe realizarse por la Mesa de Entradas”, por lo tanto desestimó esa objeción realizada por Dávila.

Sobre el recorrido administrativo que hizo en el municipio el embargo decretado por la justicia, el juez Peña advirtió que desde el área de Legal y Técnica fue derivado a la Dirección de Recursos Humanos cuando en realidad el embargado no era un empleado de la comuna sino un proveedor, cuestión que estaba claramente advertida en el oficio librado por la justicia.

Así, cuando la orden de embargo llegó a la Tesorería municipal, ya se había pagado al proveedor “dado que no se encontraba el embargo registrado”.

En este punto, el juez entendió que “la dilación reseñada derivó en el incumplimiento oportuno” del municipio a lo ordenando por la justicia, por lo que reseñó que debe aplicarse el Código Procesal Civil y Comercial que establece en uno de sus artículos que “el que paga mal debe pagar dos veces”.

Con estos fundamentos, remarcó que “corresponderá entonces decretar la responsabilidad de la Municipalidad de Azul por el pago indebido de 166.000 pesos (al proveedor demandado), efectuado con posterioridad a la notificación del embargo trabado… debiendo depositar dicha suma embargada” más los intereses que corren desde que se realizaron los pagos al proveedor (en septiembre de 2015) hasta que se haga efectivo el depósito. Así, los intereses siguen incrementándose día a día.

El fallo, entonces, establece textualmente en su parte resolutiva: “condenar a la Municipalidad de Azul a que deposite en la cuenta correspondiente… la suma de 166.000 pesos en virtud del incumplimiento de la traba de embargo con más los intereses”.

 La ratificación de la Cámara

La Municipalidad apeló este fallo y los jueces integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones Departamental, Lucrecia Comparato y Esteban Louge Emiliozzi, desestimaron la apelación de la comuna y ratificaron la sentencia de primera instancia.

Entre otras cuestiones, advirtieron que la oficina de Legal y Técnica del municipio envió “erróneamente” el oficio de la justicia informando el embargo a una dependencia que no correspondía, y que en ese lapso en que el expediente fue y volvió, Tesorería emitió el pago al proveedor porque no contaba con el embargo.

“Claramente si la oficina de Legal y Técnica hubiese remitido el oficio a la oficina correspondiente (esto es Tesorería), el embargo se habría trabado antes que se emitiera el pago”.

Los funcionarios judiciales sostuvieron, al igual que fallo de primera instancia, que como el municipio incumplió la orden judicial de embargo y pagó a su propio acreedor (el proveedor) “deberá pagar otra vez” ya que “quien paga mal, paga dos veces”.

De esta manera, ratificaron la condena contra la Municipalidad de Azul.