El Gobierno Provincial presentó un proyecto de ley para reemplazar los Tribunales del Trabajo -compuestos por 3 jueces- por Juzgados laborales unipersonales con apelación ante solo 7 Cámaras interdepartamentales para toda la provincia. Los problemas que esta decisión acarrea.

Escribe
Dr. Aníbal
- Bocchio
Abogado Laboralista El reciente proyecto de Ley presentado por el Gobierno provincial ante la Legislatura, promoviendo el
reemplazo de los Tribunales del Trabajo de toda la Provincia de Buenos Aires por Juzgados unipersonales, con posibilidad de recurso ante sólo 7 Cámaras de Apelación para 20 departamentos judiciales, constituye una decisión equivocada que obligará a trabajadores, empleadores y abogados a trasladarse cientos de kilómetros para sostener los juicios.
En el caso del Departamento Judicial de Azul, junto con otros 3 Departamentos Judiciales, tendrá que tramitar los recursos ante una Cámara de Apelación sita en la ciudad de Mar del Plata, distante 270 kilómetros de Azul, 320 kilómetros de Olavarría, 370 kilómetros de Bolívar, 314 kilómetros de Las Flores.
Al problema de las distancias a recorrer durante el trámite del recurso, debe agregarse el problema de que si tres Departamentos Judiciales con 40 o 50 ciudades deben coincidir en las apelaciones en Mar del Plata, creará en muy poco tiempo un “cuello de botella” o “embudo” que
hará interminables a los juicios laborales que demorarán entre 6 y 8 años, convirtiendo los derechos de los trabajadores en una ilusión.
Estas razones motivan que los abogados laboralistas ratifiquemos el total apoyo a la existencia de tribunales colegiados y al procedimiento oral para la tramitación de los conflictos entre trabajadores y empleadores.
No ignoramos la crisis que padece el fuero actualmente. Pero estamos convencidos que la misma encuentra su razón primera en la falta de cobertura de las vacantes en los Tribunales, en los que hace más de tres años que no hay nuevas designaciones, existiendo organismos en los que sólo hay un juez en funciones, en lugar de los tres que deben integrar un tribunal.
Urge, entonces, cubrir la totalidad de las vacantes y, cuando sea necesario, que la Corte ejercite un verdadero y eficaz control sobre el funcionamiento de los mismos.
Modernos institutos procesalesNinguna duda cabe que debe incorporarse al procedimiento laboral no sólo los adelantos de la técnica (como lo está siendo en el área informática y la filmación íntegra de las audiencias) sino también
modernos institutos procesales.
Así creemos que es necesario disponer la retención de la prueba oral, la incorporación de los procesos abreviados (tutela anticipada, procesos monitorios, entre otros), revisar la regulación en materia de medidas cautelares, ajustar las disposiciones de admisibilidad de los recursos ante la Corte Provincial, ampliar las facultades del Juez en la audiencia de conciliación, disposiciones que aseguren el cumplimiento del impulso de oficio y el acortamiento de plazos procesales, entre algunos más.
También testimoniamos que nos llena de preocupación que el proyecto que propone un procedimiento con juzgados unipersonales con doble instancia no prevean la cantidad de organismos necesarios para atender la litigiosidad realmente existente, con lo que
de manera alguna va a ser un remedio a la actual morosidad.
Si a ello se agrega que se proponen salas interdepartamentales, ello nos enfrenta ante una
involución clara en el proceso de descentralización de la justicia, obligando a letrados y litigante a trasladarse largas distancias. Constituyéndose además, dado el escaso número de organismos propuestos, en una alongación inevitable de la duración de los procesos en clara violación de lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Tampoco hemos visto ni el más mínimo análisis de los costos que demandará tanto en materia de infraestructura edilicia, mobiliario y personal.
Que ello parece particularmente grave cuando la situación económica de la Provincia, no alcanza ni siquiera para pagar sueldos de nivel adecuado para empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial.