. El valor de la audiencia para fijar las tarifas

Por Aleardo F. Laría / Agencia DyN

En cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno se apresta a realizar las audiencias públicas para fijar las nuevas tarifas de gas. Es controvertido el rol que cumplen estas audiencias, pero sobre lo que no hay dudas es que no tienen un carácter vinculante. Las audiencias no son una paritaria para discutir el nivel de las tarifas puesto que los criterios para fijar esos valores, tratándose de distribuidoras, están establecidos en contratos que deben ser cumplidos de acuerdo al principio pacta sunt servanda.

Lo señalado anteriormente no quita valor a las audiencias. El procedimiento establecido por la ley obliga a abrir un debate público sobre los factores que confluyen para fijar las tarifas. Este proceso permite ponderar en forma transparente todos los intereses en juego y tiende a minimizar el riesgo de que un sector particular sea beneficiario de alguna ventaja injustificada.

La sentencia de la Corte

La sentencia de la Corte -con cita del filósofo John Rawls- señala sobre este punto que “el debate público mejora la legitimidad de las decisiones al requerir criterios comprensivos de las distintas posiciones para arribar a un consenso entrecruzado, que si bien no conducirá a lo que cada uno desea individualmente permitirá en cambio lo que todos deseamos, es decir vivir en una sociedad ordenada sobre la base de un criterio más realista de justicia”. Es un principio general magnífico para aplicarlo en Suecia, pero un tanto más difícil de conseguir hacerlo en Argentina.

Como sucede tantas veces, un objetivo encomiable puede verse desvirtuado si las audiencias se utilizan para alcanzar objetivos políticos subalternos, como por ejemplo buscar argumentos formales que permitan luego acudir a los jueces pertenecientes al sector de Justicia Legítima para paralizar las actualizaciones. Existe general consenso en reconocer que las tarifas deben ser actualizadas y que los subsidios indiscriminados son contraproducentes dado que promueven el uso irracional de recursos no renovables. Pero en Argentina es notorio que existe una pérdida de imparcialidad en un sector del Poder Judicial que considera que no solo imparte justicia sino que además está librando una batalla política contra un gobierno “antipopular de derecha”, al que le niega legitimidad. Uno de los tramos de la fundamentación del Dr. Juan Carlos Maqueda, en la sentencia de la Corte sobre tarifas, también recae en una cierta visión populista del problema cuando señala que la tarifa debe evitar que por su elevado monto alcance un carácter “confiscatorio de los ingresos de un grupo familiar”. La asimilación de las tarifas a los impuestos es equívoca. En realidad las tarifas obedecen a los criterios objetivos fijados en los contratos de concesión y allí no entran a jugar elementos vinculados al poder adquisitivo de las familias. En todo caso será el Gobierno, si establece una “tarifa social”, quien en un momento posterior deberá hacer cargo del subsidio pertinente para financiar esa reducción. En el caso de las tarifas de gas, el factor que distorsiona la ecuación económica es el denominado “precio del punto de ingreso al de transporte” (PIST), es decir el precio que deben pagar las distribuidoras a las empresas que le suministran el gas y que determina el 70 % del valor de la tarifa. Se suele identificar ese precio con el denominado “valor en boca de pozo”, pero no son exactamente iguales, dado que hay una porción importante de gas -25 % del total- que se importa del exterior y no se produce en los pozos gasíferos argentinos. El precio de importación del gas ha experimentado variaciones sustanciales debido al descenso de los precios del petróleo. El millón de BTU de GNT (gas natural licuado) que se trae en barcos desde Nigeria y Trinidad-Tobago estaba en el orden de los 15 U$S dólares el millón de BTU. Actualmente el país paga U$S 6,80 el millón de BTU por el gas que llega a Escobar y U$S 5,70 por el que ingresa en Bahía Blanca. El precio del millón de BTU que se trae por gasoducto desde Bolivia cuesta 3,7 U$S y las importaciones más caras que se han tenido que hacer recientemente de Chile se han efectuado a un valor de 7 U$S el millón de BTU. Este último precio es casi igual al que se estableció para el “gas nuevo”, el que se extrae de los yacimientos no convencionales de “taihg gas” y “shale gas” de Neuquén, situado en 7,5 U$S el millón de BTU según el plan Gas Plus II. Como se percibe, luego de la lectura de esta ensalada de precios, la fijación del precio PIST es una operación muy complicada pero al mismo tiempo muy relevante, puesto que, como hemos señalado, determina el 70 % del precio de las tarifas que pagan los consumidores finales. De modo que el gobierno de Macri deberá esmerarse para que ese precio quede legitimado ante los ojos de los usuarios.

Algunos trascendidos 

Según informaciones que han trascendido, se habría decidido optar por una suba moderada de los precios en boca de pozo, rectificando la Resolución 28/2016 que Aranguren dictó estableciéndolo en 4,5 U$S el millón de BTU. Se tomaría como referencia para fijar el PIST un valor promedio entre los valores de la producción local y el valor del gas importado, lo que llevaría el precio del PIST a 3,50 U$S el millón de BTU. Una medida que parece más acertada que la decisión anterior del Ministerio de Energía. Lo que sorprende en este tema es que el Gobierno no opte por liberalizar el mercado mayorista del gas cuando tiene bajo control una de las operadores más relevantes del sector. La empresa YPF, cuya mayoría accionarial está en manos del Estado, suministra un tercio del gas total producido en Argentina. De modo que es evidente que el Gobierno tiene en sus manos una herramienta fundamental para influir de un modo más sutil en los precios de ese merado.

ECONOMÍAS MODERNAS

En las economías modernas los gobiernos tratan de evitar implicarse en la fijación de precios y lo hacen a regañadientes en los mercados regulados. El acento se pone en la búsqueda de una mayor competitividad, evitando que ninguna empresa alcance una posición dominante.

En Argentina, alcanzar ese objetivo luego de una etapa de regulación extrema y elevada distorsión de precios relativos, no es una tarea sencilla. Pero es una labor inevitable si se quiere sentar las bases de una economía moderna, ágil y dinámica.