LOS DATOS DE SALUD EN EL CENSO DEFINITIVO . En el distrito son 21.601 las personas que no tienen ningún tipo de cobertura social

La cobertura de salud en el distrito de Azul, teniendo en cuenta la población total en viviendas particulares, fue determinada en el censo 2022, cuyos datos definitivos se conocieron recientemente.

El primer informe, sobre situación poblacional y habitacional, se publicó en la edición de EL TIEMPO del pasado 23 de noviembre y aquí se completa con los aspectos previsionales y de cobertura en materia de Salud.

Se determinó que el total de población en viviendas particulares en el Partido de Azul es de 75.152 habitantes. De ellos, poseen obra social o prepaga (se incluye PAMI), 51.677 azuleños.

También se determinó que son 1.874 las personas que son asistidas con programas o planes estatales de salud.

Del total de habitantes en el distrito, 21.601 habitantes no tienen obra social, prepaga ni plan estatal.

Por otro lado, también en el censo se determinó el índice de percepción de jubilación o pensión, sobre el total de población en viviendas particulares.

Del total poblacional en el distrito de Azul -75.152 habitantes en viviendas particulares- son 17.058 las personas que perciben jubilación o pensión.

El detalle permite señalar que sólo perciben una jubilación 10.353 azuleños, en tanto 1.236 personas sólo poseen pensión por fallecimiento.

Son 2.831 los habitantes del distrito que poseen jubilación y pensión por fallecimiento. Y sólo pensión de otro tipo, 2.638 personas.

Finalmente, se estableció que en el Partido de Azul no perciben jubilación ni pensión 58.094 habitantes.

En el informe, por otro lado, se conceptualizan los distintos aspectos contemplados en cuanto al ítem Salud. Por ejemplo, se considera "jubilación" a la percepción de una prestación de tipo contributiva; es decir, a la que se accede a partir del retiro de la actividad y que es recibida de un sistema organizado de participación obligatoria.

Obra social (incluye PAMI) es la cobertura de salud que obtienen los trabajadores por el descuento en sus salarios, en su haber previsional o a través de su aporte (para los monotributistas o autónomos). Se incluye a los familiares del titular y se añade que este descuento les permite estar afiliados a obras sociales sindicales, de empleados estatales nacionales, provinciales o municipales, del poder judicial, del poder legislativo o del PAMI.

En tanto, "pensión" es la remuneración que reciben los herederos reconocidos legalmente por muerte del afiliado en actividad o del titular de la jubilación ordinaria.

Percepción de jubilación o pensión se considera a la prestación de la seguridad social que comprende una remuneración en dinero y, en la mayoría de los casos, incluye una cobertura asistencial médica.

En cuanto a la "prepaga a través de obra social", es la pertenencia al sistema de medicina privada a través del aporte de una obra social.

En cambio, "Prepaga solo por contratación voluntaria" es el sistema de salud privado contratado voluntariamente y pagado en su totalidad por el titular. (En este caso, se excluye la contratación de un servicio de emergencias médicas que solamente preste el servicio de traslado en ambulancia desde el domicilio particular a un centro de atención de salud".

Por otro lado, en relación a los programas o planes estatales de salud, el informe del Censo 2022 indica que se contempla a los programas o planes de salud estatales nacionales -como el PROFE o el plan NACER-, provinciales, municipales, entre otros, que otorga derecho a atención médica mediante la inscripción en un padrón.

PAMI es el Programa de Asistencia Médica Integral que brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) de la República Argentina a las personas mayores, sus familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas.

Por último, en cuanto al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se menciona que, con la promulgación de la Ley 26.425, en diciembre de 2008 comenzó a regir dicho sistema. Este régimen previsional, público, solidario y de reparto absorbió el régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) vigente desde 1994 hasta esa fecha.

En el informe del Censo 2022 se indicó que, en nuestro país, "el acceso a la protección de la salud es un derecho constitucional y las personas que habitan el territorio nacional cuentan con múltiples coberturas de salud encargadas de garantizarlo".

Del mismo modo se destacó que "el sistema de nuestro país tiene la particularidad de contar con tres subsistemas que coexisten simultáneamente". Por un lado, el de salud público, de carácter universal, que garantiza el derecho al acceso a la salud para todas las personas que residen en la Argentina. Por otro, el de seguridad social, que brinda cobertura a aquellas personas que tienen un empleo registrado, o a quienes se encuentran inscritas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Y, finalmente, el de salud privado, que ofrece cobertura voluntaria a aquellas personas que decidan pagarla, ya sea de manera directa o a través de derivación de aportes.

En términos generales se observa en el censo que las mujeres son mayoría entre la población que tiene cobertura de salud por obra social o prepaga o programas o planes estatales de salud. En tanto, entre quienes cuentan solo con el hospital público para la atención de la salud, los varones predominan levemente.

En cuanto a quiénes tienen cobertura de salud por obra social o prepaga o programas o planes estatales de salud, se aprecia que hay menos niños entre 0 y 4 años; menos adultos jóvenes de entre 20 y 35 años, y también menos adultos de entre 50 y 64 años. Por su parte, el porcentaje de las personas adultas mayores (65 años y más) es elevado, en particular debido a la incidencia del PAMI en este grupo de edad.

Con respecto a la población que sólo cuenta con cobertura del sistema público para la atención de la salud, corresponde a una población demográficamente más joven. Se observan porcentajes más elevados en niños de 0 a 4 años; en adultos jóvenes de 20 a 35 años, y en adultos de entre 50 y 64 años; mientras que la población de 65 años y más es prácticamente nula.

También en términos generales, se determinó que la cobertura de salud por obra social o prepaga (incluye PAMI) varía a lo largo de la vida de las personas y se incrementa a medida que aumenta la edad. Poco más de la mitad de la población de 0 a 14 años posee obra social o prepaga, mientras que para la población de 65 años y más esta cobertura es prácticamente universal.

Otro aspecto abordado en el análisis correspondiente al último censo, son los regímenes de previsión social, los que tienen como principal objetivo proteger a las personas que salen del mercado laboral por haber alcanzado una edad determinada (vejez), por sufrir un menoscabo transitorio o permanente en la posibilidad de trabajar (invalidez), o a los derechohabientes en caso de muerte de un trabajador o del beneficiario de una prestación previsional.

En el informe correspondiente al Censo 2022 se recuerda que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es el sistema estatal que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por las personas trabajadoras que se desempeñan en los ámbitos público y privado. También establece que las mujeres pueden acceder a la jubilación a partir de los 60 años y los varones a partir de los 65 años, en ambos casos si cumplen con el requisito de tener 30 años de trabajo con aportes al sistema.

De todos modos, en el país conviven múltiples regímenes previsionales -tanto a nivel estatal (nacional, provincial y municipal) como privado (cajas profesionales)-, las cajas complementarias y las actividades insalubres o riesgosas.

Entre 2001 y 2022 se observa un incremento sostenido en la población en edad jubilatoria que percibe jubilación o pensión, especialmente entre las mujeres. Mientras que el Censo 2001 registró que 6 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria accedían a una jubilación o pensión, el Censo 2022 relevó que 9 de cada 10 mujeres estaban en esa condición, un valor similar al de 2010.

Esto se explica -de acuerdo al informe del censo- principalmente por la implementación de sucesivos regímenes de moratoria que permiten completar los aportes jubilatorios mediante un plan de pagos que se descuenta de los haberes percibidos.