. En la provincia se registraron 98 muertes por femicidio en 2015

 

Los datos surgen del informe elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. Dicho registro fue enviado por la procuradora María del Carmen Falbo al senador Héctor Vitale para colaborar con el proyecto de ley para la creación de un Registro de Femicidios en la provincia de Buenos Aires, similar al elaborado a nivel país por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

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En la provincia de Buenos Aires se registraron 98 muertes por femicidio en 2015, de acuerdo al registro de causas judiciales elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. Este informe fue enviado por la Procuradora de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, al senador provincial olavarriense Héctor Vitale (Bloque Peronista), quien presentó un proyecto que propone la creación de un registro de femicidios provincial en consonancia con el que desarrolla la Corte Suprema de la Nación.

El senador olavarriense recibió una carta de la Procuradora a través de la cual le hace llegar el Informe de Femicidios ocurridos en el año 2015, “esperando que resulte de utilidad” para el proyecto de ley presentado para la creación de un Registro de Femicidios en la provincia de Buenos Aires.

En la carta Falbo, expresa que dicho informe, elaborado por la Procuración General,  “nos acerca a la manifestación de la problemática de la violencia familiar y de género cuya máxima expresión es el femicidio”.

“Este flagelo social representa un desafío que necesita inexorablemente de la articulación de esfuerzos de todos los sectores del estado y la sociedad civil”, agrega la Procuradora General.

En el comunicado Falbo manifesta que “con este trabajo estadístico buscamos realizar un aporte para contribuir en la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, visibilizando la magnitud y características de este delito que conmueve a nuestra comunidad y a las instituciones”.

Concretamente, en el informe de Procuración General bonaerense, en base a datos judiciales, durante el año 2015, se registraron 98 muertes por femicidios, que derivaron en 97 causas penales.

En el relevamiento se indica que la mayoría de las víctimas -31%-, tenía entre 21 y 30 años, pero también fueron asesinadas 4 niñas de hasta 10 años y dos que tenían entre 11 y 15, a lo que se suman 9 adolescentes de entre 16 y 20 años.

Por esos asesinatos hay 108 imputados, ya que algunos fueron cometidos por más de un hombre, y 36% de los acusados tiene entre 18 y 30 años. El 69,4% de los acusados eran parejas de las víctimas, otros eran familiares o conocidos y sólo el 1,1% eran extraños.

De las 746.687 causas penales iniciadas el año pasado, 67.685 fueron por violencia familiar o de género, es decir el 9,1%.

Sobre el proyecto

El proyecto de ley –presentado en el mes de abril del corriente año- contempla el relevamiento de datos cuantitativos y cualitativos; los registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la persona que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

La iniciativa del senador Vitale contempla la elaboración anualmente informes estadísticos por la Suprema Corte de Justicia, que resulten de acceso público, y que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas para el diseño de políticas públicas, investigación, formulación de proyectos y producción de informe en el marco de los compromisos contraídos con organismos de seguimiento, monitoreo de tratados, convenciones, y otros instrumentos referidos a la materia.

Dicha propuesta se fundamenta en la necesidad de contar con un registro que proporcione información sobre lo que sucede en la materia para un abordaje integral de la problemática, a partir de la modificación del artículo 18 de la Ley 12.569 para la creación de un registro de las víctimas de femicidio dentro del ámbito común de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y la Procuración General.

“La ausencia de información oficial sobre el tema contribuye al agravamiento del problema puesto que las soluciones o propuestas que se realizan no parten de una evaluación adecuada de la problemática”, afirmó el senador Vitale, en declaraciones periodísticas para Diario “El Popular”.

Tras destacar la importancia del informe elaborado por la Procuración General de la Suprema Corte y la predisposición para el envío a la Legislatura, señaló que “están en forma genérica todos los delitos por cuestiones de género. Nosotros creemos que es necesario crear uno exclusivamente por el tema de femicidios”.

La intención es que “sirva como elemento básico para diseñar las políticas públicas a futuro teniendo en cuenta qué hablamos cuando hablamos de femicidio, la caracterización que hace la Corte en este sentido como la muerte violenta de una mujer por cuestiones de género y también los distintos parámetros que hacen a través de las fiscalías”, dijo Vitale.

PROYECTO EN COMISIÓN PARA SU TRATAMIENTO

Se recuerda que en esta materia, en el mes de marzo del año 2015, el senador Héctor Vitale, presentó un proyecto de ley que busca la creación Cuerpo de Abogados de Defensores de la Víctima, que actualmente se encuentra en la Comisión de Legislación del Senado para su tratamiento.

La iniciativa de la creación de este Cuerpo de Abogados, en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objetivo acompañar y representar a las víctimas en los procesos penales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, los abogados defensores de víctimas podrán actuar en procesos de delitos de acción pública, cuyo máximo de pena superen los tres años prisión o reclusión, en delitos que se encuentren relacionados con la violencia de género. En estos casos se le hará saber a las víctimas que en caso de no disponer de recursos, el estado le designará un abogado defensor.