Una semana después de que un policía de la Bonaerense fuera detenido en Azul, en el marco de la instrucción de una causa por venta de estupefacientes, el mismo Juez de Garantías que le dictara esa medida cautelar rechazó un pedido presentado desde la Defensa del encausado para que fuera excarcelado.

Voceros allegados a lo que continúa siendo la tramitación de ese sumario penal informaron a EL TIEMPO que la denegatoria para que el investigado recuperara la libertad fue dispuesta ayer, a través de una resolución que lleva la firma de Federico Barberena, el magistrado que entiende en esta causa como subrogante a cargo del Juzgado de Garantías 1.

Desde una de las Defensorías Oficiales había sido presentado el pedido que terminó siendo rechazado y, en consecuencia, se tradujo en que el policía imputado continúe privado de la libertad.

Actualmente, esa medida cautelar lo tiene transitoriamente alojado en una comisaría de Morón -la ciudad ubicada en el conurbano bonaerense- a la espera todavía de su traslado a una unidad penal.

Tal lo que este diario informara la semana pasada, el investigado por esta infracción a la Ley 23.737 había sido identificado como Alfredo Cristian Federico Rojas.

De 36 años de edad, es un Oficial Ayudante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que desempeñaba tareas en el Destacamento Balneario local hasta lo que había su detención el martes de la semana anterior en esta ciudad, medida llevada a cabo en la vía pública durante un procedimiento realizado por efectivos de la DDI Azul.

El sumario penal que lo tiene en carácter de detenido involucra a dos personas más: un hombre y una mujer que son pareja.

Respectivamente, fueron arrestados durante procedimientos realizados en diciembre y en marzo pasados. Actualmente siguen en unidades penales, con sus prisiones preventivas ya confirmadas.

Fuentes oficiales los habían identificado como Sebastián Andrés Ramírez y Katherina Beatriz Andrade.

Mientras que Ramírez es señalado como el presunto cabecilla de un grupo dedicado a vender drogas en Azul, su pareja y el policía para quien ayer fue denegada su excarcelación son considerados también integrantes de esa organización. En ambos casos, vendiendo los estupefacientes que el hombre arrestado el pasado 19 de diciembre -durante un allanamiento en una casa que alquilaba- conseguía para su posterior comercialización al menudeo.

En ese contexto, el policía Rojas sigue siendo acusado de comercialización de estupefacientes propiamente dicha, agravada por ser cometida por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito.

Se mantiene la calificación penal

Lo decidido ayer por el magistrado Barberena incluyó, además, que tampoco prosperara un cambio de calificación del ilícito que le siguen atribuyendo al efectivo de la Bonaerense.

Desde su Defensa Oficial, esa solicitud que tampoco prosperó apuntaba a que a Rojas lo acusaran de un delito menos grave. Un planteo que, de haber sido convalidado, al mismo tiempo habría podido derivar en que recuperara la libertad.

"No existe absurdo o arbitrariedad manifiesta en la calificación legal", que "no resulta revisable hasta el dictado de la prisión preventiva", sostuvo el Juez de Garantías para rechazar esa solicitud en favor del efectivo de la Bonaerense.

En consecuencia, al mantener la figura penal atribuida para el Oficial Ayudante de la Policía provincial desde que fuera ordenada su detención, el magistrado Barberena tampoco dio lugar a que recuperara la libertad, teniendo en cuenta que esa "comercialización de estupefacientes propiamente dicha, agravada por ser cometida por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito" no resulta factible para la concesión del beneficio que se pretendía.

Específicamente, porque el máximo de la pena contemplada en caso de condena por esta infracción a la Ley 23.737, que es de quince años de prisión, supera el de ocho años que se establece como límite para que un imputado sea excarcelado.

Esa situación, además, tampoco podía aplicarse en el caso si se tiene en cuenta "el monto mínimo de la pena privativa de libertad establecida para el delito imputado", que son cuatro años de prisión.

Además, en el caso concreto de Rojas, su condición de policía eleva la probable imposición de la pena mínima que eventualmente recibiría por esta infracción a la ley de drogas, ya que la lleva a seis años de privación de libertad. Dicha agravante, al mismo tiempo, incrementa también la supuesta pena máxima a imponerle en caso de condena por su condición ya referida de funcionario público, que la eleva a los veinte años de cárcel y "robustece la imposibilidad de encuadrarla en alguna de las circunstancias" relacionadas con el otorgamiento de una excarcelación como la que se pretendía para el investigado.

"Todo lo antes señalado -concluyó el juez de Garantías Barberena en lo resuelto ayer- entiendo que, al menos en esta etapa primigenia de la pesquisa, tiene la entidad suficiente para fundar el rechazo del beneficio invocado por la Defensa, atento a la presunción legal de fuga o entorpecimiento de la investigación que surge de un alto monto de pena en expectativa".

El dato

El agente que sigue privado de la libertad había optado por no declarar cuando el martes de la semana pasada, luego de que resultara detenido, fue llevado a los tribunales de Azul para ser indagado a tenor de lo que establece el artículo 308 del CPP por ese delito de comercialización de estupefacientes que le siguen imputando. Además, desde Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial le fue iniciado un sumario por medio del cual se decidió su "inmediata desafectación de servicio".