POLICIALES. FUE TRASLADADO A UNA CÁRCEL EL HOMBRE QUE EN UN AUTO LLEVABA MÁS DE ONCE KILOS DE MARIHUANA

Todavía no se definió si la causa continuará tramitándose en la justicia ordinaria o si pasará a la justicia federal. Y desde la Cámara Penal, en segunda instancia, también se rechazó un hábeas corpus para que recuperara la libertad. Mientras tanto, el hombre oriundo de Punta Alta al que la Policía arrestó el pasado miércoles 13 del corriente mes, durante un operativo de interceptación vehicular que en jurisdicción de Azul se realizaba sobre la Ruta 3, ayer fue llevado a la Unidad 38, una de las cárceles del SPB que está en Sierra Chica. Registra un antecedente penal por un caso similar. En mayo de 2010 había sido condenado a cuatro años y medio de prisión. En enero de 2009 Gendarmería Nacional lo había detenido junto con otro sujeto en cercanías a la ciudad entrerriana de Concordia. En ese entonces, ambos viajaban en un colectivo a la Capital Federal y llevaban en dos mochilas cuarenta kilos de marihuana.

Roberto Víctor Ferreyra, el imputado que tiene esta causa penal relacionada con una infracción a la Ley 23.737. Desde ayer permanece detenido en la Unidad 38, uno de los penales de Sierra Chica.DROGAS ILÍCITAS AZUL/PBA

Una semana después a que había sido arrestado en la Ruta 3, cuando en jurisdicción del Partido de Azul conducía un auto en el que transportaba más de once kilos de marihuana, el hombre que está procesado en la causa penal iniciada por lo sucedido fue trasladado ayer miércoles a la Unidad 38, una de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica.

Así lo informaron a EL TIEMPO voceros policiales pertenecientes a la Delegación Departamental local de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, la dependencia de seguridad desde donde en horas de la tarde se hizo efectivo el traslado del imputado por esta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Más allá de la declinación de la competencia que en el caso resolviera una jueza de Garantías, con el encausado ya detenido ese sumario se sigue tramitando todavía desde la UFI 22.

Esa Fiscalía, a cargo de Lucas Moyano, fue la que en un principio tomó intervención en el hecho que se tradujo en el arresto de este hombre de 50 años de edad, a quien voceros policiales y judiciales habían identificado como Roberto Víctor Ferreyra.

Oriundo y con actual domicilio en Punta Alta, a esa ciudad ubicada en el Sudoeste de la provincia de Buenos Aires al parecer viajaba cuando -poco antes de la hora una del pasado miércoles 13 del corriente mes- policías del Destacamento de Seguridad Vial Azul interceptaron el automóvil en el que llevaba la droga.

Al requisar el rodado, en una caja de cartón los efectivos de seguridad encontraron quince panes de marihuana que, en total, pesaban más de once kilos. Y también hallaron e incautaron -en el marco de ese operativo de interceptación vehicular de rutina que realizaban en cercanías a Parish, en el sector de la Ruta 3 donde hasta tiempo atrás funcionaba el peaje- una bolsa con dosis fraccionadas de esa misma sustancia estupefaciente, la que al ser pesada arrojó un guarismo superior a los 400 gramos.

Cuando Ferreyra fue aprehendido viajaba en un automóvil Volkswagen Gol de color azul. El rodado también fue secuestrado en el marco de la realización de ese procedimiento, que tuvo como escenario el kilómetro 263 de la Ruta Nacional número 3, aproximadamente a unos 35 kilómetros de uno de los ingresos a Azul.

Ferreyra había sido aprehendido poco antes de la hora una del pasado miércoles 13 del corriente mes. Sobre la Ruta 3, en cercanías a Parish, policías interceptaron el auto que conducía, en cuyo interior llevaba más de once kilos de marihuana.DESTACAMENTO DE SEGURIDAD VIAL AZUL/PBA

Se negó a declarar y quedó detenido

Al día siguiente de su arresto fue la magistrada Magdalena Forbes, titular del Juzgado de Garantías número 1 con asiento en los Tribunales de Azul, quien convirtió en detención a la aprehensión del imputado.

Para ese entonces, Ferreyra había sido trasladado a sede judicial para ser indagado, ocasión en la cual se negó a declarar y quedó en principio acusado de los delitos de transporte ilegítimo de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso ideal.

Teniendo en cuenta que el primero de los ilícitos referidos es de competencia federal, cuando la Jueza de Garantías le dictó la medida cautelar lo hizo sólo como el presunto autor de ese otro ilícito ya mencionado, el de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Ese mismo jueves en que convirtió a la aprehensión de Ferreyra en detención, dando lugar a otro pedido presentado por el fiscal Moyano la jueza Forbes se pronunció a favor de la declinación de la competencia desde la justicia ordinaria en la causa penal que se está sustanciando. Considerando las características que tuvo el procedimiento, al ser hallada la droga cuando era trasladada en un auto que circulaba por una ruta nacional, dispuso que las actuaciones iniciadas pasaran al ámbito de la justicia federal. Pero, al menos hasta ayer, dicha competencia no había sido todavía resuelta.

Ese mismo miércoles en que fue arrestado, lo trasladaron a Tribunales para ser indagado. No declaró y al día siguiente quedó detenido. Una jueza de Garantías rechazó un hábeas corpus para que recuperara la libertad, medida que después la Cámara Penal confirmó. También, esa magistrada se pronunció a favor de declinar la competencia de la justicia ordinaria en la causa.DROGAS ILÍCITAS AZUL/PBA

Un hábeas corpus que fue denegado dos veces

Días atrás, la Cámara Penal de Azul confirmó la denegatoria de un hábeas corpus para el encausado.

Ese recurso, en primera instancia, había sido presentado desde la Defensa Oficial de Ferreyra en el Juzgado de Garantías. Pero la magistrada Forbes lo rechazó, por lo que la medida para que el hombre recuperara la libertad fue recurrida ante la Cámara Penal, donde fue reiterada esa acción de hábeas corpus, aunque sin que tampoco prosperara.

En el marco de una resolución que data del pasado martes, el máximo Tribunal de Alzada departamental, ahora integrado por los jueces Damián Cini y Carlos Pagliere (h), tampoco dio lugar a ese recurso interpuesto por el defensor Oficial Diego Prado a favor del hombre que transportaba la droga en el auto.

Eso se tradujo en que, por el momento, Ferreyra continúe privado de la libertad en carácter de detenido y que desde ayer permanezca en la Unidad 38, una de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense que está en Sierra Chica.

En ese recurso presentado ante la Cámara Penal, el Defensor Oficial sostenía -tal como ya lo había señalado en un principio ante la Jueza de Garantías que le dictó la detención al encausado- que el ilícito materia de esta investigación penal es de competencia federal y que, por lo tanto, la injerencia de la justicia ordinaria en el caso atentaba contra “garantías y principios constitucionales”.

Desde su punto de vista, al carecer la magistrada a cargo de Garantías 1 de “competencia material” en el caso, se estaba “ante un supuesto de nulidad absoluta” que, además, debía traducirse en la inmediata libertad de su defendido, la cual solicitaba a través de ese hábeas corpus que finalmente tampoco prosperó ante los jueces del máximo Tribunal de Alzada departamental.

En respuesta a ese planteo del Defensor Oficial, el juez Carlos Pagliere (h) -al resolver en primer término el incidente de apelación al que luego adhirió en todos sus términos con su voto el camarista Damián Cini- sostuvo que una de las calificaciones dadas al hecho por el que Ferreyra estaba detenido, la de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, “habilitaba la intervención de la justicia provincial”.

Después, con relación a la medida cautelar por la que ahora el encausado está en una cárcel, el camarista señaló: “La detención ha sido dictada por la autoridad judicial respetando las normas adjetivas que rigen la materia y existiendo una calificación del hecho que en principio la habilita a intervenir”.

Mencionó en otro tramo de lo dispuesto que la Jueza de Garantías había articulado también la cuestión de la competencia y que debía ser la justicia ordinaria la que continuara interviniendo en el sumario penal “hasta tanto la justicia federal asuma la intervención que se le reclama”.

“No puede soslayarse que encontrándose la causa en sus albores y existiendo una persona aprehendida por haberla hallado en flagrante delito, las medidas restrictivas de su libertad deben ser dictadas de manera urgente y que éstas se encuentran sujetas a plazos fatales, por lo que las mismas no pueden postergarse hasta la resolución de cuestión de competencia suscitada”, materia sobre la cual -de ser necesario- podría terminar resolviendo la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, y dada una de las calificaciones otorgadas “provisoriamente” al hecho, la cual “podría justificar la intervención de la magistratura provincial”, el camarista Pagliere (h) refirió en la resolución del martes pasado que “en el caso no se ve afectada la garantía del juez natural contemplada por el Artículo 18 de la Constitución Nacional y que, consecuentemente, no corresponde hacer lugar al hábeas corpus, toda vez que aún la justicia federal no se ha expedido sobre su competencia para intervenir”.

Condenado por un caso similar  

Cuando Roberto Víctor Ferreyra había sido trasladado a Tribunales para ser indagado ese mismo miércoles en que resultó aprehendido, si bien ante el fiscal Lucas Moyano se negó a declarar señaló que registraba un antecedente penal condenatorio desde años atrás por un caso de similares características al que ahora nuevamente lo tiene privado de la libertad.

Al respecto, en mayo de 2010 el hombre oriundo de la ciudad de Punta Alta había sido condenado por un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en ese caso de Paraná, por otra infracción a la Ley 23.737.

En aquella ocasión, durante la realización de un juicio le impusieron una pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de transporte ilegítimo de estupefacientes.

Los antecedentes de ese caso se remontan a lo sucedido el 22 de enero de 2009, cuando Ferreyra y otro hombre -también domiciliado en Punta Alta-  fueron detenidos por efectivos de la Gendarmería Nacional, en ocasión de que ambos viajaban como pasajeros en un colectivo de larga distancia que habían tomado en la provincia de Corrientes y tenía como destino final la estación de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según lo que en el debate quedó probado, ambos llevaban en dos mochilas cuarenta kilos de marihuana.

Un perro detector de drogas, al olfatear ambas mochilas en la bodega del ómnibus, puso en alerta a los efectivos de Gendarmería sobre ese cargamento de marihuana que esos dos pasajeros transportaban.

En la Ruta 14, en cercanías a la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, Gendarmería Nacional había interceptado el micro, ocasión en la cual Ferreyra y el otro hombre resultaron detenidos.

Al año siguiente de realizado ese procedimiento, por aquella infracción a la comúnmente llamada “Ley de Drogas” los dos fueron condenados.

Al otro encausado, en ese entonces de 39 años de edad e identificado como Abel Altamiranda, le fue dictada en primera instancia una pena inferior a la que los jueces le impusieron a Ferreyra: tres años de prisión de efectivo cumplimiento.

La decisión obedeció a que había estado “indirectamente relacionado con el hecho” y que trató de aportar datos para la investigación apelando a la figura del “arrepentido”.