DESDE LA CÁMARA PENAL. Fueron confirmadas dos prisiones preventivas

Por unanimidad, los jueces que integran la Cámara Penal departamental confirmaron las prisiones preventivas dictadas a dos varones mayores de edad que habían sido detenidos en mayo pasado, tras haber protagonizado en Cacharí un violento enfrentamiento con policías, algunos de los cuales terminaron lesionados y sin sus armas reglamentarias, que les fueron sustraídas.

Los imputados que tiene esa causa se llaman Sergio Rafael Arriola, nacido en Lanús y de 35 años de edad, y Juan Carlos Zavala, un joven oriundo de la vecina localidad mencionada perteneciente al Partido de Azul que tiene 26 años.

Tras lo decidido en esta segunda instancia por los camaristas Damián Cini, Carlos Pagliere (h) y Agustín Echevarría, ambos son considerados los probables autores de los siguientes delitos: desobediencia, resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad agravado por poner manos en la autoridad, lesiones leves (tres hechos) que concurren idealmente con los delitos de resistencia y atentado a la autoridad agravado, y lesiones graves y robo -con relación a Zavala-, en concurso real.

Luego de que en junio pasado las prisiones preventivas para los dos fueran ordenadas por Federico Barberena, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 con sede en los tribunales de Azul, una apelación que ante la Alzada formulara la Defensora Oficial de los imputados terminó siendo desestimada por "improcedente". En consecuencia, quedaron confirmadas las vigencias de las medidas de coerción para los investigados.

A través de ese recurso, la funcionaria judicial Adriana Hernández solicitaba la revocación de las cautelares para sus representados ordenadas hace cuatro meses por el Juez garante, argumentando que los dos eran ajenos a los hechos que les imputan. Y también sostenía ante la Cámara Penal que esos episodios merecían una calificación penal menos grave -"atentado a la autoridad"- que el concurso de delitos que les siguen atribuyendo a los encausados.

Pero lo pretendido por la Defensora Oficial no prosperó en esta segunda instancia, quedando en consecuencia ratificadas las medidas de coerción por las cuales Arriola y Zavala continúan en prisión y a la espera de ser juzgados.

En la resolución dada a conocer desde la Cámara Penal, el primero en votar a la única cuestión planteada fue Agustín Echevarría. Y ese magistrado concluyó que existen "indicios vehementes de que los encartados, en caso de obtener su libertad, tratarán de entorpecer la investigación y eludir la acción de la justicia". El motivo por el cual se resolvió ratificar que sigan presos de manera preventiva.

Además, por parte de los jueces de la Alzada se tuvieron en cuenta los antecedentes penales computables que registra uno de los encausados: Zavala, quien el 10 de septiembre de 2019 había sido condenado en el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 con sede en el Palacio de Justicia local a tres años de prisión en suspenso como autor de los delitos de "robo agravado por escalamiento" y "robo simple".

"Comparto con el Juez de Garantías que, en el presente caso, la gravedad de los hechos -caracterizados por el hostigamiento, la magnitud de las agresiones físicas ocasionadas al personal policial, la sustracción de una de las armas de fuego reglamentarias de los funcionarios- son extremos fácticos que corresponde merituar", afirmó también el camarista Echevarría para concluir que los acusados "son reacios a acatar las órdenes que pudieran impartirse desde la autoridad y, por ende, podrían, en libertad, entorpecer la investigación y sustraerse a la acción de la justicia".

Otra circunstancia valorada para confirmar las medidas cautelares de Arriola y Zavala estuvo relacionada a la proporcionalidad del tiempo -desde principios de mayo pasado- que llevan privados de la libertad. Y en lo dispuesto se refirió que esa situación, si se la vinculaba con "la naturaleza, características y gravedad de las conductas desplegadas", hacía presumir que "la pena que se impondrá a los encartados superará holgadamente el mínimo legal y será de cumplimiento efectivo".

Enfrentamiento con la Policía

El 6 de mayo pasado, en Cacharí se produjo un violento conflicto entre personal policial y habitantes de un sector de esa localidad, el enfrentamiento que derivó en las posteriores detenciones de Arriola y Zavala, para quienes recientemente quedaron confirmadas sus prisiones preventivas por aquellos hechos en los que estuvieron implicados.

Los incidentes tuvieron como víctimas a tres agentes que en ese entonces desempeñaban tareas en la subcomisaría de la vecina localidad.

Aquel sábado por la noche, en respuesta a un llamado al 911 que daba cuenta de un conflicto vecinal, efectivos de seguridad se hicieron presentes en las inmediaciones de una casa situada en Calle 12 y Martín Mundet.

Al llegar a ese lugar, varias personas que estaban allí -entre ellos, los dos imputados- se enfrentaron con los policías. Y durante lo sucedido tres agentes resultaron con lesiones: dos varones y una mujer.

En medio de la resistencia que evidenciaron al accionar policial e ignorando la orden para que desistieran de sus respectivas y agresivas conductas, a través de lo investigado -una causa penal llevada adelante desde la UFI 2 por el fiscal David Carballo- pudo determinarse que Arriola y Zavala atacaron a golpes de puño y a patadas a uno de los agentes que resultó herido, para después sustraerle una escopeta calibre 12/70.

En tanto, otro policía que intentó defender a su compañero también había sido lesionado, tras recibir durante el enfrentamiento golpes de puño en su cabeza y el rostro. Además, víctima de lo sucedido resultó una oficial Principal, a quien los acusados "empujaron y golpearon en la cabeza, en el rostro y en las manos", según se refería en las actuaciones penales.

Aquel enfrentamiento incluyó que le fuera sustraída su pistola a uno de los efectivos de seguridad y que se realizaran disparos intimidatorios por parte de los policías, con la idea de poder calmar la situación. Y daños a vehículos en que los agentes se movilizaban formaron parte también del saldo de esa gresca.

Los efectivos que resultaron lesionados habían identificado a los varones mayores de edad que siguen presos como quienes los atacaron.

Posteriormente a sucedidos estos hechos, las armas de fuego sustraídas pudieron ser recuperadas. La pistola la tenía uno de los imputados y la escopeta fue encontrada en una alcantarilla, luego de que en ese lugar la había escondido Zavala, según pudo establecerse.

El dato

Tras conocerse las confirmaciones de las prisiones preventivas de ambos, fuentes judiciales informaron que Sergio Rafael Arriola y Juan Carlos Zavala continúan privados de la libertad en la Unidad 7, la cárcel de varones del SPB con asiento en Azul.