EL SECRETARIO DE GOBIERNO BRINDÓ AYER UN INFORME ANTE EL CONCEJO DELIBERANTE . "Gracias a las medidas de emergencia hemos logrado establecer este sendero de recuperación paulatina"

El secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete, Ignacio Pallia, brindó ayer el tercer informe de gestión ante el Concejo Deliberante, oportunidad en la que confirmó que se extenderá la emergencia administrativa, económica y financiera del Municipio de Azul. La nueva instancia, tal como ocurrió en febrero último con la primera prórroga, es por el término de tres meses.

El informe de Pallia -instancia en la que se informa sobre la marcha del Gobierno local y, además, se responde a cuestiones puntuales solicitadas por los concejales de los diferentes bloques del Partido de Azul- se dio ayer en el marco de la Ordenanza 4117 del año 2018, previo a la octava sesión ordinaria del legislativo local.

Esa normativa, precisamente, entre otros aspectos establece que "el Departamento Ejecutivo concurrirá por intermedio del Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno, o cargo que lo reemplace en el futuro, a las sesiones del Concejo, una vez por bimestre como mínimo, durante el período de sesiones ordinarias de cada ejercicio, para informar al Departamento Deliberativo respecto de la marcha del gobierno municipal y brindar informaciones".

También refiere que "el Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno podrá concurrir acompañado de otros secretarios o funcionarios del Departamento Ejecutivo que considere convenientes para su exposición. Éstos sólo podrán hacer uso de la palabra a requerimiento expreso del secretario, previo asentimiento del Concejo Deliberante, quien prestara su conformidad o negativa mediante resolución dictada por mayoría simple".

La dinámica prevista en la Ordenanza también precisa que "el Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno dispondrá de una hora para exponer, en primer lugar, su informe; y, en segundo término, las respuestas a las preguntas que realizarán los bloques políticos".

Por otra parte, la Ordenanza también contempla que, "cuando la naturaleza y la complejidad del asunto lo requieran, el Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno podrá responder por escrito, dentro de los quince días hábiles posteriores a la sesión a la que concurriera, mediante informe que remitirá al bloque político requirente a través de la presidencia del Concejo Deliberante".

El de ayer fue el tercer informe de gestión brindado por el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete ante el Concejo Deliberante. El primero se registró el 21 de mayo del 2024; y el segundo, el 20 de agosto de ese año.

El ajuste de Nación

Pallia, en el inicio de su informe, precisó que "el primer año del gobierno de Javier Milei estuvo marcado por el derrumbe de prácticamente todos los indicadores productivos, los niveles de inversión y de consumo, tanto público como privado", al tiempo que confirmó que, "como resultado, se registró una caída del 1,7 del PBI y la recesión económica que atraviesa el país".

"Los datos, información y estadísticas oficiales dan cuenta de esto -sostuvo Pallia-. Hacer un análisis en abstracto es insuficiente si no se contemplan los efectos concretos en la vida cotidiana de las personas y del país".

Consideró que "el fuerte ajuste llevado adelante por el Gobierno nacional generó un desequilibrio que ha desorganizado a la sociedad en su conjunto. Sus medidas han dado malos resultados económicos en general, un monumental endeudamiento y la notable pérdida de la capacidad adquisitiva de las mayorías, mientras se deteriora la capacidad del Estado para dar respuestas".

El funcionario destacó "como ejemplos de la pérdida de poder adquisitivo, que se decretaron recortes extraordinarios a los haberes previsionales y al salario mínimo, vital y móvil. La capacidad de compra de este último está por debajo de los niveles de los '90, mientras que la jubilación promedio cayó un 10,2 por ciento anual y la jubilación mínima 18,7 por ciento, quedando en un nivel coincidente con el crítico 2001".

De esa manera, puntualizó, "gran parte de la población debió reducir sus gastos y el aumento de la demanda social y en salud pública, como ejemplos, son fenómenos concretos, que chocan con el gran daño perpetrado al Estado y su capacidad para dar respuestas".

"El incumplimiento de obligaciones con las provincias y el abandono de funciones que le son propias, como la obra pública, el desfinanciamiento de la educación, la salud y la asistencia social hacen al deterioro institucional, asociado al desmantelamiento y la destrucción progresiva del Estado", afirmó.

Luego mencionó que "situaciones como las que se viven en el Hospital Garrahan, el INTA o SENASA, son expresiones de todo esto, como así también las masivas movilizaciones en reclamo de mejoras a jubilaciones o el financiamiento de programas de atención a la diversidad funcional, en medio de un clima de violencia discursiva, represión y persecución como contra el periodismo".

Impacto en provincias y municipios

En otro tramo de su informe, y refiriéndose al caso de la Provincia de Buenos Aires, Pallia aseveró que "esta crisis produjo una caída del 10,9 por ciento en la coparticipación y el desplome del 81,7 por ciento en las transferencias obligatorias, totalizando una pérdida de 3,5 billones de pesos. Esto es una merma del 22,6 por ciento, en términos reales, de los recursos nacionales en 2024, en comparación con el 2023, que repercute no sólo en la figura de su Gobernador, sino de todos los bonaerenses".

"Las consecuencias se van trasladando de arriba hacia abajo -añadió-, afectando el trabajo de los distintos niveles de gobierno, condicionando el funcionamiento del Estado como garante de derechos y responsable de su planificación estratégica".

Luego de ello, el titular del área de Gobierno dijo, "en cuanto a la administración de un Gobierno municipal refiere", que "el impacto de la crisis destaca dos aspectos centrales. Uno, la caída y pérdida de recursos económicos, tanto coparticipables como propios. Y dos, el aumento del gasto, impulsado por mayores demandas de asistencia social y atención en salud, y de los costos asociados a la prestación de servicios debido a la escalada de precios".

"Las restricciones de estos se evidencian en la actualidad. Proliferan declaraciones y medidas de emergencia en distritos de distinto signo político", sostuvo Pallia, para luego mencionar que, "en el caso particular de Azul, los efectos de la crisis profundizaron las deficiencias propias de la Municipalidad, produciendo un acelerado aumento de la brecha entre recursos y gastos que puso en peligro la contraprestación de servicios".

De esa manera, explicó, "las proyecciones financieras indicaron el riesgo real de incumplir los compromisos de pago a proveedores, salarios o insumos necesarios para sostener el funcionamiento de la Municipalidad".

La emergencia local

Recordó que, "en este marco, declaramos la emergencia administrativa, económica y financiera, presentando en detalle las causas y consecuencias de la situación a través de la comunicación directa del Intendente con instituciones y la ciudadanía en general".

"El decreto de emergencia administrativa, económica y financiera formalizó una serie de medidas de intervención sobre gastos y recursos, estableciendo criterios y objetivos esperados para recobrar paulatinamente un equilibrio financiero", confirmó ayer Pallia.

En esa misma línea, el funcionario mencionó que "la implementación del decreto estuvo atravesada por distintas situaciones especiales, como la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, o las demandas planteadas por los representantes de los trabajadores y las áreas de Gobierno, que requirieron acciones complementarias y sus consecuentes modificaciones".

Por ello Pallia sostuvo que "el tiempo demuestra, sin dudas, que fue una herramienta utilizada en el momento oportuno, que permitió evitar el quiebre de la cadena de pagos asociados a la contraprestación de servicios, sostener su funcionamiento y garantizar el pago del salario a todos los trabajadores; evitando despidos en un contexto complejo y sosteniendo una masa asalariada, cuyos ingresos se vuelcan a la economía social".

"En términos económicos -aseguró luego-, de no haberse tomado esta medida, las consecuencias hubiesen significado una ejecución de 3.200 millones de pesos superior a la ejecución real a febrero de 2025".

A continuación, se centró en el legislativo local. Dijo que "si este Concejo Deliberante hubiese implementado alguna medida que disminuya la distorsión entre sus gastos y recursos, los resultados hubiesen variado, obviamente, en función de las medidas que tomaron. En lo preciso, en relación al gasto en personal, la ejecución hubiese sido 1.765 millones de pesos por encima de lo realmente ejecutado".

Indicó, además, que "de no haberse realizado el ahorro de bienes de consumo, la ejecución hubiese sido 771 millones más que el finalmente ejecutado. El servicio tercerizado de recolección, disposición final y barrido que realiza la empresa Malvinas hubiera finalizado con una sobreejecución de 586 millones de pesos extra. El resto de los bienes y servicios hubieran importado una cifra superior a los 600 millones de pesos".

Por otra parte, "en cuanto a los resultados de las medidas para aumentar recursos, planes y facilidades de pago, y regularización de deuda de contribuyentes, totalizaron la suma de 400.733.000 pesos. Esto es en concepto de tasa urbana, aumentamos los recursos en 91 millones de pesos; en la tasa vial rural, por encima de los 72 millones; en la tasa por servicios esenciales rural, algo más de 139 millones de pesos; en la tasa de seguridad e higiene 35.600.000 pesos", entre otros que mencionó el secretario de Gobierno y Jefe de Gabinete municipal.

"En 2025 se implementaron nuevas ordenanzas fiscal e impositiva, y acuerdos como el ordenamiento del régimen horario, que contribuyen a la progresiva recuperación del equilibrio económico y financiero, y al fortalecimiento de las acciones de gobierno", destacó.

En ese contexto, "con la nueva estructura de la tasa por servicios urbanos, se puede identificar de manera clara y precisa el servicio que viene a solventar esta tasa. A modo de ejemplo, en el período fiscal 2024, lo recaudado por la tasa urbana sólo alcanzaba para cubrir el 40 por ciento del costo de los servicios de barrido, recolección y disposición final de residuos, no pudiendo brindar recursos para el mantenimiento de la traza vial urbana. Con la nueva descripción del hecho imponible de la tasa por servicios urbanos, lo recaudado por esta tasa significa poder cubrir el 70 por ciento del costo de dicho servicio. Esta composición de la tasa por conservación de la red vial urbana genera un recurso promedio de 65 millones de pesos mensuales, los cuales son afectados a los gastos que demanden la conservación, reparación, mantenimiento, mejorado, riego, señalización y modificación de todo el trazado que integra la red vial urbana municipal del Partido de Azul", detalló Pallia.

De ese modo, explicó también, "en su conjunto, las medidas implementadas, permiten llevar adelante otras acciones de gestión, como la compra de bienes de capital, cuya contraprestación directa es la reducción de gastos tercerizados en el futuro inmediato y la realización de obras".

"Gracias a las medidas de emergencia hemos logrado establecer este sendero de recuperación paulatina del equilibrio financiero y la capacidad de gestión, que funciona como resguardo de la inestabilidad nacional y sus repentinas variaciones. Por esto, debemos continuar transitando este proceso, protegiendo la evolución positiva de las medidas y mantener el monitoreo y evaluación permanentes, hasta tanto se logre alcanzar el saneamiento económico, administrativo y financiero", acotó.

"Por esto, prorrogaremos nuevamente la vigencia de la emergencia", señaló Pallia, y será por el plazo de tres meses. En su informe ante el Concejo, luego detallar aspectos puntuales de distintas áreas del Municipio.