El inicio de la pandemia puso de manifiesto la situación de vulnerabilidad que atraviesan las barriadas azuleñas, los comedores y ollas populares se han visto sumamente desbordados por el crecimiento de la necesidad de un plato comida. Un rasgo que ha caracterizado este último tiempo es el aumento de la demanda de viandas y alimentos por parte de jubilados. Estamos atravesando una crisis social de envergadura histórica, cuyo origen proviene del ataque y confiscación permanente a los bolsillos populares, y el agravante es su continuidad.

La falta de empleo genuino y la desocupación golpean fuertemente a los trabajadores. Comparecemos ante un prolongado proceso de destrucción de puestos de trabajo, que hoy se traduce en miseria, y del que los gobiernos de todos los signos han sido cómplices necesarios. De hecho, la casta política azuleña ha pasado por la más variada gama de colores, al punto de llegar a una coalición gobernante que puede resumirse como un Moderno Prometeo devaluado. En síntesis, todos los que han gobernado y gobiernan, lo han hecho bajo el ordenamiento del capital y en ruindad con los trabajadores. La clase obrera ha visto con sus ojos la caída del empleo, la destrucción de conquistas laborales, el avance del trabajo precario, y los salarios de indigencia, mientras el capital se fugaba o salvaguardaba sus intereses.

En materia económica es sabido que el municipio no cuenta ni con lo mínimo e indispensable para la solvencia de la ciudad, las sucesivas gestiones nos han hundido un poco más en el lodo. El mismo Gobernador en su paso por la Azul se encargó de dar algunas precisiones sobre el envío de fondos a la Comuna, dejando entrever que la quiebra de la citadina es un hecho. La insolvencia del Estado municipal concierne en la vida material del pueblo trabajador, principalmente cuando se trata de los trabajadores comunales, quienes se encuentran cobrando, (en su mayoría), un sueldo de indigencia. Lo que los obliga a tener que salir a changuear luego de su jornada laboral. El 3% de aumento que ha ofrecido el gobierno, y que dócilmente ha aceptado el STMA, es lisa y llanamente una burla para los cerca de dos mil empleados que trabajan para la ciudad. Como si eso fuera poco, la denuncia presentada por el SOEMPA reviste de un carácter gravísimo, ya que, se encarga de revelar las extorciones del candidato oficialista, Alejandro Vieyra, para con los operarios contratados por el mismo Estado comunal. Es decir, que, a todo lo mencionado anteriormente se suman el menoscabo y la amenaza de despido en caso de no sumarse como fuerza militante para sus verdugos.

La recaudación de fondos municipales propios intenta ser transferida como confiscación a la clase trabajadora con el cobro de las tasas, mientras que al capital se lo exonera de impuestos, y se le concede abismales montos de dinero, con sobreprecios de yapa. La empresa Malvinas ha hecho gala sus privilegios, exigiendo indexaciones presupuestarias, o haciéndose de obras con un recargo de 21 millones de pesos.

La dependencia de provincia ha ido liquidando las posibilidades autónomas de las ciudades, en su mayoría quebradas. A esto se le suma un agravante, la provincia viene efectuando en sintonía con nación un brutal ajuste fiscal a pedido del FMI. Lo que se juega en estas elecciones es en qué condiciones se llegará al acuerdo con el fondo y como se dará esa votación en el congreso. Esto implica no solamente extender la enorme hipoteca que pesa sobre la provincia y el país, sino además condiciones que van a hundir aún más salarios y jubilaciones.

En el FMI plantean que la Argentina deberá emprender reformas estructurales para acceder a un acuerdo. Cambios tributarios para alentar la inversión privada, flexibilización laboral, equilibrio fiscal y relajación del cepo cambiario se encuentran en la agenda de las conversaciones técnicas preliminares a la negociación que están ocurriendo entre los staff del Fondo y del Ministerio de Economía. Como también habrá revisiones periódicas de las cuentas públicas, el voto de "unidad" en el Congreso colocará al régimen político bajo la tutela del Fondo.

Los trabajadores debemos tomar la iniciativa de organizarnos contra estos atropellos coloniales, pero también de perfilarnos por una alternativa propia, es necesario poner fin al régimen político presente, horadado por crisis recurrentes, bordeando la ingobernabilidad. En estas condiciones concretas, reivindicamos la convocatoria de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, es decir, que asuma el poder político y con capacidad para atacar las raíces históricas y sociales del derrumbe social. No se trata de redactar una nueva carta constitucional sino de remover al régimen político actual, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. Reivindicamos la utilización del Congreso Nacional para propagandizar esta salida y para llamar a los trabajadores a la movilización y a la organización para hacerla efectiva.

Para cerrar retomando a Galeano, "las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan". Revertir esta sentencia histórica demanda un cambio de bases.

Nahuel Mirande

Política Obrera Azul

(Partido Obrero Tendencia).