. Habrá control del Estado y pago de derechos

“El desafío de las entidades, junto a Aacrea y Aapresid, es obtener un documento común, que bajamos al Congreso y que debería ser ley: si no nos ponemos de acuerdo, más de 250 diputados y 72 senadores van a legislar sobre lo que saben poco y nada”, expresó Dardo Chiesa, titular de Confederaciones Rurales Argentinas.

[gallery ids="153975"]

Entidades representativas del campo definen un acuerdo preliminar mientras avanza la idea de una propuesta común para presentar al Congreso. La ronda de contactos entre las entidades de productores agrícolas comienza a cerrar avenencias en la producción en torno a la demorada ley de semillas que, según indicó Dardo Chiesa, titular de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), “hay acuerdos importantes”, aunque la posibilidad de alcanzar una megaconcordancia “no será en los próximos meses”.

Así se refirió Chiesa tras participar de una reunión que tuvo lugar en la sede porteña de la Sociedad Rural Argentina, donde también asistieron referentes de Coninagro y Federación Agraria, junto a los de Aacrea y Aapresid.

“Tenemos dos acuerdos importantes: que el control es del Estado y lo hace el INASE, que comenzó a ser la solución del problema; y segundo que la industria semillera vende los granos (cobrando los royalties) y los derechos acaban con la semilla. Allí no se puede ir a buscar a los camiones en los puertos en presunción de un delito”, dijo Chiesa en diálogo con radio Colonia.

El dirigente de CRA expresó: “el desafío de las entidades, junto a Aacrea y Aapresid, es obtener un documento común, que bajamos al Congreso y que debería ser ley: si no nos ponemos de acuerdo, más de 250 diputados y 72 senadores van a legislar sobre lo que saben poco y nada”.

El ruralista confederado manifestó que, en futuras reuniones, se agendó la necesidad de tratar cuestiones “por demás complicadas” para definir en la futura norma, como es la necesidad de legislar sobre “el uso propio”, y allí manifestó que las partes deben definir “variantes”.

Más allá de las diferencias que saben mostrar la producción y las empresas semilleras, la posición asumida por el ministerio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, es promover la inversión en nueva tecnología, aumentar la producción y la necesidad que sea el Estado quien controle al sector.

Si bien desde mediados de 2016 los funcionarios nacionales apuestan a la necesidad de definir una nueva ley para impulsar el desarrollo agrícola, tanto el último proyecto oficial, junto a otros alternativos presentados por entidades o privados, no tuvieron apoyo parlamentario ante una firme resistencia del sector industrial.

Durante el encuentro los ruralistas escucharon —de buen grado— una exposición realizada por Bernardo Debenedetti, titular de Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, y también de Luciano Zarich, responsable del Registro de Usuarios del INASE.

“Creo que estamos poniendo el acuerdo en un marco de convivencia —afirmó Chiesa— pero de allí a llegar a una nueva ley, no lo veo esto en el corto plazo, es decir no lo veo en meses. No estamos lejos de un acuerdo, pero hay que entender que existen muchos intereses en juego”. (DyN).