EMANUEL BARRIONUEVO

El abogado patrocina a cuatro presuntos integrantes de una supuesta organización delictiva, dos de los cuales son hermanos. Los habían detenido en noviembre pasado, durante una serie de allanamientos que se hicieron en Olavarría y Azul. Procesados por una infracción a la Ley de Estupefacientes, están presos. El Defensor Particular sostuvo que la causa que se tramita carece de pruebas que involucren a sus clientes. “En concreto no hay nada”, declaró.

Emanuel Barrionuevo, abogado de cuatro imputados en una causa por drogas que habían sido detenidos en Olavarría en noviembre pasado. JAVIER CIAPPINA

En noviembre pasado, un tuit difundido desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia hacía alusión a una presunta organización delictiva que había sido desbaratada, luego de una serie de allanamientos realizados en Olavarría y en Azul. La información oficial indicaba que los detenidos, un total de siete hombres que aún continúan privados de la libertad, “vendían droga y el dinero recaudado lo blanqueaban con la compra de propiedades y vehículos”.

Acerca de lo que fueron esos procedimientos, uno de los cuales se hizo en esta ciudad y los demás en Olavarría, se mencionaba que varios automóviles de alta gama habían sido incautados, al igual que cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para esa investigación penal que todavía se continúa llevando adelante desde uno de los juzgados federales con asiento en Azul.

Dos días después a que el martes 13 de noviembre se llevaran a cabo los allanamientos y las medidas cautelares -todas en Olavarría- de seis de los actuales imputados, en la vecina ciudad se produjo la detención de un séptimo implicado en esta causa penal.

Hasta el momento, en ese expediente dos hermanos son considerados los cabecillas de esta presunta organización delictiva. También, los responsables del “lavado de activos” proveniente de la actividad ilegal desarrollada, a modo de acusación, desde esa supuesta banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. En su momento fueron identificados como Marcos Aarón Cairo, de 43 años de edad; y Pablo Rubén Cairo (39).

La totalidad de los acusados que tiene esta investigación siguen presos. Por estos días se encuentran en unidades del Servicio Penitenciario Federal. Concretamente, en las cárceles que están en Marcos Paz y Ezeiza.

A cuatro de los ellos -entre quienes están los hermanos Cairo- en ese sumario penal que se continúa sustanciando desde la Justicia Federal los representa el abogado azuleño Emanuel Barrionuevo.

Según los dichos del Defensor Particular, nada de lo que “prima facie” está señalado en la causa puede considerarse como una prueba que involucre a sus clientes en ilícito alguno.

“A partir de esos allanamientos que se hicieron el día 13 de noviembre del año pasado, el caso fue presentado a la opinión pública como que había sido desbaratada una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes. Además, se dijo que esta banda operaba de manera organizada y sistemática. Pero esas hipótesis en que desde la Acusación aún se continúa trabajando no tiene ningún tipo de sustento probatorio si se toman en cuenta los elementos que se encuentran incorporados a la causa”, afirmó Barrionuevo en una entrevista con EL TIEMPO.

“La Policía llevó adelante esta investigación donde no se han encontrado pruebas que incriminen a mis defendidos en los delitos que les imputan. La causa se llenó sólo con conjeturas que la propia Policía realizó. Pero en concreto no hay nada. Y la Justicia, de alguna manera, pareciera creer en esa hipótesis que carece de elementos sustentables que debieran ser considerados en la causa como pruebas”.

 

Cuatro años

 

De acuerdo con lo señalado por el abogado azuleño, la causa penal relacionada con esta investigación -tras un llamado telefónico anónimo propio de pesquisas relacionadas con infracciones a la Ley de Estupefacientes- había comenzado a instruirse en Olavarría “cuatro años atrás”.

En ese entonces, las primeras actuaciones se llevaron a cabo desde una fiscalía perteneciente a la justicia ordinaria. Pero un juez de Garantías, también con sede en la vecina ciudad, declinó la competencia.

Eso hizo que la causa pasara a la órbita de la Justicia Federal. Y que el expediente se continuara sustanciando desde uno de los juzgados que, de manera subrogante, está a cargo en Azul del magistrado Martín Bava.

El ya referido 13 de noviembre pasado se hicieron los allanamientos. Seis en Olavarría y uno en Azul. Policías de la Bonaerense y de la Federal participaron en esos procedimientos.

Una de las consideradas pruebas incorporadas a esta investigación reside en escuchas telefónicas que, al parecer, involucran a los acusados. Intervenciones donde, a decir de Barrionuevo, “no hay nada”.

“No se nombra la palabra droga ni el precio de una supuesta comercialización. Tampoco surge que se pacte entre quienes ahora se encuentran detenidos un lugar de entrega de estupefacientes”, declaró el abogado.

Según sostuvo, contra los hermanos que están sindicados como los presuntos cabecillas de esta supuesta organización delictiva “no tienen ningún elemento de prueba, ninguno”.

“Se habló, cuando esto salió en los medios, de la existencia de una asociación ilícita, de lavado de activos... Pero la realidad, y lo que llama la atención, es que las imputaciones realizadas no tienen nada que ver con las pruebas reunidas en esta investigación”.

Desde su punto de vista, sus defendidos y los demás acusados “están presos porque la Policía ha llevado adelante una investigación donde no ha encontrado ningún tipo de prueba. Están presos porque, de alguna manera, la Justicia funciona así”.

Al respecto, sostuvo que en la causa figura incorporada -“como un elemento de convicción en sustento de la autoría de los delitos imputados a mis defendidos”- una intervención telefónica que data de “hace cuatro años”.

Una situación que a él como defensor le llama la atención, ya que de haber sido efectivamente así la Justicia tendría que haber actuado mucho tiempo antes.

 

Allanamientos,

autos y droga

 

Barrionuevo desvirtuó que puedan ser considerados elementos de prueba los autos de alta gama y la droga incautados en lo que fueron estos procedimientos.

“Encontraron autos que les pertenecen a distintas personas. Y sólo hallaron estupefacientes en algunos allanamientos. Los procedimientos se hicieron en trece propiedades. Pero hay personas que están detenidas y no se les encontraron drogas”, afirmó.

Al respecto, mencionó lo que sucedió con Marcos Cairo, uno de sus defendidos. “En una quinta que no le pertenece, se le secuestró -supuestamente- cocaína en su poder. Pero él después, cuando fue indagado en el Juzgado, denunció que esa droga le había sido plantada por la Policía”.

En ese sentido, no descartó la idea -sobre lo que consideró como “algunos indicios claros”- de que la Policía “podría haber actuado de manera irregular en estos procedimientos”.

“Los imputados han denunciado que les fue plantada la droga al momento de los allanamientos. Entre todos los procedimientos se secuestraron sólo 150 gramos de cocaína y está denunciado que buena parte de esa droga fue plantada”, enfatizó para después señalar: “Básicamente sostengo que existen irregularidades que fueron planteadas por los propios imputados en las indagatorias. Pero esos dichos no fueron tomados en cuenta desde la Justicia y hasta ahora no se han investigado las hipótesis denunciadas por ellos. Simplemente se han tomado en cuenta algunas presunciones y conjeturas hechas por la Policía, en el marco de una investigación que ya tiene cuatro años. Y el propio tiempo transcurrido habla por sí solo de que no han encontrado nada”.

Con relación a otro de sus defendidos, el abogado sostuvo que cuando su domicilio fue allanado en Olavarría ese hombre no estaba presente. Y que por ese motivo concurrió a sede policial en tres oportunidades. La última vez que fue, quedó detenido.

“Yo me pregunto: ¿una persona que no tiene drogas en su casa se presenta tres veces en una comisaría para quedar detenido? Por eso digo que hay muchas irregularidades en esta investigación”.

Esa infracción a la Ley 23.737 que les están atribuyendo a los detenidos incluye, a modo de imputación, que en dicha actividad ilegal participaban más de tres personas. Una circunstancia que agrava la escala penal del delito imputado, por lo que contempla sanciones que van desde los seis a los veinte años de cárcel.

Finalmente, Barrionuevo sostuvo que en este caso en particular “no hay nada que pueda ser probatorio de la existencia de una banda organizada. Lo único que la Policía encontró es que estas personas, en algunos de los casos, tenían una relación de amistad o que se conocían entre sí. No hay un solo testigo civil que haya declarado que acá funcionaba una organización delictiva dedicada a vender drogas”.

El dato

Emanuel Barrionuevo contó también que los procesamientos de sus defendidos están apelados ante la Cámara Penal Federal de Mar del Plata. Los jueces que integran dicho Tribunal de Alzada aún no se han expedido con relación a ese recurso. También tiene que ser resuelto, según declaró el abogado, un incidente de nulidad de las actuaciones, que fue formulado por un Defensor Oficial para otro de los imputados. Una presentación a la que él ha adherido.