PAIS. Ingenieros dicen que una resolución ministerial no limita sus actividades

Aseguran que en modo alguno modifica la habilitación que poseen los Ingenieros Civiles para la realización de estados parcelarios, mensuras, subdivisiones y tareas afines, la cual continúa con plena vigencia.

El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires aclaró que, en modo alguno, la Resolución 2145/2014 del Ministerio de Educación a nivel nacional, modifica la habilitación que poseen los Ingenieros Civiles para la realización de estados parcelarios, mensuras, subdivisiones y tareas afines, la cual continúa con plena vigencia.

El Ingeniero Norberto Beliera, titular del colegio profesional, reiteró la interpretación de su entidad de la nueva normativa, y explicó que "el cambio de criterio, más allá de merecer serias objeciones en cuanto a su legitimidad, las que motivaron la presentación de varios recursos en su contra, de quedar firme, alcanzaría solo a las titulaciones que se expidan de acuerdo a planes de estudios que se validen en el futuro" y por eso "no se ha producido variación alguna en la situación de aquellos Ingenieros Civiles cuyos títulos profesionales los habilitan para la realización de tareas descriptas".

En el mismo sentido y a través de una misiva que lleva la firma de Beliera, el Colegio de ingenieros advirtió a otras ramas profesionales vinculadas como martilleros, corredores públicos y escribanos que "Todo accionar, ya sea de parte de entidades oficiales, privadas o particulares, que impida, limite o de cualquier manera entorpezca el ejercicio de la profesión de nuestros matriculados en tal sentido, resultará arbitrario e ilegal, y hará responsable a quien lo ejerza de las consecuencias jurídicas que traiga aparejado su accionar".

La Resolución 2145/14 del Ministerio de Educación de la Nación establece que la actividad específica “trabajos topográficos y geodésicos”, denominación que no incluye la mensura, quedaría en el futuro lejano bajo exclusiva incumbencia de los agrimensores.

"La restricción por un lado distorsionaría el mercado encareciendo necesariamente el costo a abonar por los propietarios, de la tareas de mensura, ya que en el futuro sería muy inferior la cantidad de  profesionales que podrían realizarla, atentando de ese modo contra el interés general de la comunidad que toda normativa debería defender;  pero por otro lado colisiona con las aptitudes e incumbencias que el propio Ministerio le ha reconocido históricamente a los ingenieros en la tareas de mensura y otras de agrimensura, en el desarrollo de su actividad profesional", finalizó Beliera.