. Inza radicó una denuncia penal contra la gestión Duclós

 

Así lo anunció ayer en conferencia de prensa, donde además reiteró su sospecha de trato desigual de parte del Concejo Deliberante. “Hay una doble vara para medir las cosas”, aseguró el jefe comunal. 

 

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El Intendente informó que radicó ayer, en nombre de la comuna, una denuncia penal para que a partir de la investigación iniciada por el propio Departamento Ejecutivo en abril pasado, la Justicia analice “las graves irregularidades detectadas en la contratación de la Red Telemétrica para alerta temprana de inundaciones y determine si, en ese marco, el ex jefe comunal Omar Duclós y su cuerpo de auxiliares habrían incumplido sus deberes como funcionarios públicos y cometido una malversación de fondos públicos”. Además José Inza se refirió “a la nula atención que el Concejo Deliberante ha dado al caso y analizó que ‘hay una doble vara para medir las cosas’”.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa realizada en horas del mediodía en el despacho del Jefe Comunal, quien en la ocasión estuvo acompañado por la subsecretaria Legal y Técnica, Luciana David.

El mandatario local explicó que “en el marco del proceso de investigación iniciado por el Departamento Ejecutivo mediante Resolución Nº 326/2015 sobre la adquisición, instalación, objeto y actual estado de funcionamiento de la Red de Alerta Temprana de Inundaciones -Red Telemétrica- instalada en el Partido de Azul que fuera oportunamente informado el 25 de abril en conferencia de prensa realizada en el Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC), quiero informarles que hoy (por ayer) siendo las 11 de la mañana, hemos efectuado la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General, habiendo sido radicada en la UFI Nº 1, a cargo de la instructora Lucrecia De Franchi”.

“Esta denuncia obedece al hecho de haber tomado conocimiento de los hechos en oportunidad del ejercicio de mis funciones como Intendente, por lo tanto tengo el deber de denunciarlos en mi carácter de Intendente, como lo prescribe el artículo 287, inciso 1, del Código Procesal Penal”, agregó.

Asimismo y a partir de la información relevada en su momento, Inza enumeró “las irregularidades detectadas en el Contrato Nº 2985, registrado para la adquisición de la Red: ‘se efectuó una contratación directa por un monto acordado de 67.373,95 dólares más IVA, con la suma mensual de 850 dólares más IVA. Ese contrato carece de fecha de suscripción, de póliza de seguro, de determinación de compañía y tampoco se denuncia en la contratación un domicilio constituido en Argentina de la empresa contratista. Además, se realizaron giros en dólares al exterior, los cuales se encontrarían en violación a la normativa del Banco Central de la República Argentina. Por su parte, los pagos habrían sido realizados sin facturas válidas para la ley argentina -situación por entonces no observada por ninguno de los responsables de producir y/o ejecutar los mismos”.

 

No pago de la deuda contraída

 

Como consecuencia de ello, afirmó que “no se realizará la cancelación de la obligación contraída, en caso de corresponder, hasta tanto se aclaren las situaciones citadas, destacando que habiendo sido pagadas en el extranjero una estación y una radio, a la fecha no han sido importadas”.

Por otro lado, el titular del Departamento Ejecutivo subrayó que “dicha contratación nunca se elevó para ser tratada y convalidada por el Concejo Deliberante, conforme lo que el mismo cuerpo ha informado. Asimismo, el día 17 de julio hemos remitido toda la documental al deliberativo, reproduciendo lo que hoy estamos acompañando ante la justicia penal”.

“El objeto preciso de la denuncia que estoy anunciando es entonces investigar si el ex intendente Omar Duclós, junto al cuerpo de auxiliares que en su momento participaron activamente de la contratación y giro de fondos (el secretario de Hacienda, contador Omar Norte, el secretario de Obras Públicas, Claudio Molina, el jefe de Compras, Gustavo Fittipaldi, la contadora General, Adriana Guedes, y la tesorera, Belén Duba) habrían incumplido sus deberes como funcionarios públicos ante la inobservancia de la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad, y ante la posible malversación de fondos públicos, por realizar una operatoria comercial con una empresa extranjera sin asiento en la Argentina, pagando en dólares bienes ya radicados en nuestro país y sin las facturas correspondientes”, continuó.

“Nosotros no queremos hacer ninguna imputación puntual hacia alguna figura sino que queremos poner esto en su conjunto en manos de la Justicia para que ella determine si hubo responsabilidades y quiénes las pueden llegar a tener o no, porque esto es algo que queda en manos de la Justicia a partir de ahora”, sintetizó.

(Fuente: Prensa Municipal)