UNA MUJER TRANS . Irá a juicio por "extorsión por chantaje"

Por el ilícito que le imputan había sido detenida el mes pasado y permaneció seis días privada de la libertad, hasta que le fue otorgada la excarcelación el 19 de abril.

Juan José Suárez, el juez de Garantías que intervino durante la instrucción de este sumario penal, resolvió este viernes que pasó dar lugar a la requisitoria de elevación a juicio de la causa.

Ese pedido había sido formulado días atrás por el fiscal Adrián Peiretti, que llevó adelante esta Investigación Penal Preparatoria desde la UFI 13 con asiento en los tribunales de Azul.

La decisión fue ordenada por el titular del Juzgado de Garantías 3 luego de que el defensor Oficial Diego Prado -que ha estado asistiendo a la acusada en este sumario penal- no manifestara oposición a la requisitoria formulada desde la Acusación.

Habiendo quedado firme lo dispuesto en esta primera instancia, desde el Juzgado de Garantías a cargo del magistrado Suárez las actuaciones fueron remitidas a la Cámara Penal, para que en la Alzada departamental se realice el sorteo que definirá el Tribunal Oral donde la acusada será sometida a ese futuro debate.

De acuerdo con lo que en su momento fuera informado por fuentes allegadas a lo que había sido la instrucción de esta causa, la ahora procesada tiene 30 años, es oriunda de la República Dominicana y argentina por opción.

Contando con un pedido que formulara el fiscal Adrián Peiretti, policías de la DDI Azul la habían detenido en esta ciudad el 13 de abril pasado.

Seis días después, mientras permanecía privada de la libertad en una alcaidía del SPB con asiento en La Plata, el mismo juez de Garantías que había ordenado esa medida cautelar -el ya referido Juan José Suárez- le otorgó la excarcelación "bajo caución juratoria".

El magistrado le concedió ese beneficio a la encausada valorando que no evidenciaba peligros procesales de fuga o de "entorpecimiento probatorio". Además, el Juez garante había tenido en cuenta que no registra antecedentes penales y que para cuando recuperó la libertad esta investigación penal que ahora ya está cerrada y ha sido elevada a juicio estaba a punto de concluir.

El delito que le están atribuyendo, y por el que ahora ya se definió que será juzgada, contempla penas que van desde los tres a los ocho años de prisión.

La excarcelación para la imputada había implicado que el Juez de Garantías le fijara también diferentes pautas de conducta.

De esa manera, de la mano de su liberación -que se hiciera efectiva ese ya referido 19 de abril pasado- le fueron impuestas como obligaciones presentarse "quincenalmente en la comisaría más cercana a su domicilio" y la prohibición absoluta de mantener acercamiento y contacto, "por cualquier medio, por sí o por interpuesta persona", con quien figura como víctima en esta causa penal y con "su grupo familiar".

Cuando policías de la DDI Azul detuvieron a la mujer trans el 13 de abril pasado, la medida cautelar se llevó a cabo en una casa de esta ciudad ubicada en Leyría entre Chubut y Neuquén, lugar donde en ese entonces, al parecer, la ahora procesada se encontraba transitoriamente viviendo.

De acuerdo con lo averiguado por los investigadores, figura con domicilio en Tandil. Y meses atrás, en la vecina ciudad serrana el inmueble donde estaba residiendo fue allanado en el marco de esta investigación.

Aquel procedimiento había permitido al personal policial que lo llevó a cabo incautar tres teléfonos celulares, cuyos posteriores análisis de las comunicaciones que contenían fueron incorporados como pruebas a ese sumario penal por el que ahora se definió que la mujer trans vaya a juicio. También, en su momento sirvieron como un elemento para que el representante del Ministerio Público Fiscal en esta causa solicitara su detención.

Sobre la base de lo investigado, desde la imputación se indica que una persona había denunciado a la encausada, tras afirmar que en varias oportunidades la extorsionó.

Esos hechos que le atribuyen a la mujer trans habían ocurrido en Azul durante los meses de marzo y mayo del año pasado, e implicaron que el denunciante de lo que a escala penal es considerado como configurativo del delito de "extorsión por chantaje" se viera obligado a transferirle dinero a la acusada para que dejara de coaccionarlo.