COLUMNISTAS. Justicia acechada

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Por Guillermo Villarreal / DyN

BUENOS AIRES - La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es seguida con preocupación por los obispos, que apelaron a canales formales e informales para alertar sobre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en la Constitución Nacional, una de cuyas dimensiones esenciales es la independencia y autonomía de los poderes del Estado.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, lo hizo a través de su carta pastoral de Cuaresma en la que advertía que resulta “imprescindible” la independencia del Poder Judicial del poder político.

Mientras, los integrantes de la Comisión de Pastoral Social que conduce monseñor Jorge Lozano, le transmitieron la misma inquietud a los presidenciables que recibieron por estos días en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro.

Los obispos consultados consideraron que las acechanzas a la Justicia no son nuevas ni una atribución exclusiva de la administración kirchnerista, sino un “mal endémico” de los gobernantes tanto en el orden nacional como provincial.

En este sentido, recordaron que en 1997 emitieron un duro documento rechazando la reforma judicial del menemismo al considerar que aquella iniciativa ponía “en crisis la cohesión de la sociedad”.

Puertas adentro, los obispos dijeron no creer que el punto de quiebre de la actual situación haya sido la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado antes a la presidenta Cristina Fernández y a otros funcionarios por el supuesto encubrimiento en el marco de la causa por la voladura de la AMIA.

Más bien atribuyeron el clima de tensión entre los dos poderes a la aprobación en 2013, en un trámite “express” del paquete de leyes de la reforma judicial que impulsó el Gobierno para “democratizar la Justicia”.

Oportunamente, la Iglesia advirtió sobre los daños colaterales que iba a traer aparejada la “partidización indeseable” de la administración de Justicia en un Estado de Derecho.

Ahora, los obispos volvieron a manifestar su preocupación por considerar que la puja entre la Casa Rosada y los jueces puede corrosionar la institucionalidad del país y complicar aún más un año por sí complicado por la campaña electoral para las elecciones de octubre.

¿Bendición papal?

En este contexto de presiones, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego proponiendo a Roberto Carlés como integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para cubrir el lugar que dejó Eugenio Zaffaroni al renunciar al máximo tribunal.

La intención de la Casa Rosada es que la candidatura del jurista, de 33 años y cuestionado por la oposición por su falta de experiencia, logre la aprobación de los dos tercios para asumir el cargo antes del fin del mandato de Fernández de Kirchner. Un objetivo a priori improbable con la actual peso del kirchnerismo en la Cámara Alta.

Empero funcionarios de Balcarce 50 dicen tener un “as en la manga” para que quien coordinó la comisión de redacción del proyecto de reforma del Código Penal llegue a la Corte: una supuesta “bendición” del papa Francisco a la candidatura de Carlés.

Las versiones en ese sentido pueden tener asidero si se toma en cuenta que Jorge Bergoglio conoce a Carlés de antes de asumir el papado, pero también pueden enmarcarse en otro intento del Gobierno por utilizar políticamente la imagen del pontífice para llegar agua al molino partidario. Una intención que se suma a la inquietud de los obispos en cuanto a que la pelea de poderes ponga en segundo plano o haga olvidar cuestiones primordiales como la lucha contra la pobreza y la desnutrición o ponerle freno al avance de la droga y el narcotráfico.