. La debacle de El Libertador SRL, y la necesidad de mantener las fuentes laborales y la línea 501

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Siete de los ocho choferes que quedaron “a la buena de Dios” por acción u omisión de los gerentes de la firma se presentaron en la redacción de este diario para desmentir los dichos de Julio César Rabazzano y Mario Maicá, y dar cuenta del derrumbe anunciado de la empresa de transporte. Aseguraron que nunca vieron el dinero que Nación envió en concepto de subsidios y que hubo traiciones imposibles de olvidar.

Por Augusto Meyer - De la Redacción de EL TIEMPO - augustodmeyer@yahoo.com.ar

Marcos Sebastián López, Fabián Acosta, Adrián Migliazzo, Marcelo Valicenti, Hugo Sosa, Juan José Scalcini y Héctor Borges llegaron a la redacción de este diario juntos y con un objetivo en común: desmentir en forma tajante los dichos que, mediante sendas notas con pedido de publicación dejó en EL TIEMPO Julio César Rabazzano, en la última oportunidad en compañía de Mario Maicá, gerente e integrante de El Libertador S.R.L.

Los siete son choferes de la ¿extinta? compañía (junto con un compañero que no pudo estar presente en la nota) que acumulan entre seis meses y 9 años de antigüedad que al parecer por acción u omisión de los responsables del manejo de los “colectivos verdes”, fueron a parar a un cesto de residuos. Desde hace algunos meses, ellos y sus respectivas familias subsisten con el único ingreso de un aporte monetario municipal que está a punto de finalizar, y de la recaudación que hacen del recorrido de emergencia de la línea 501 con unidades que –sin ninguna remuneración a cambio y afrontando los gastos de combustible y de mantenimiento de las unidades- cede La Unión, que atiende la línea 502.

En el último contacto que Rabazzano tuvo con este diario no sólo criticó a la Municipalidad –y especial a la responsable de Legal y Técnica, Luciana David, de quien hasta le solicitaron su renuncia- sino que criticó a los titulares de los “micros amarillos”, tildándolos de aprovecharse de la situación y a la vez querer formar un monopolio en el transporte urbano de pasajeros de Azul. Los choferes aclararon que el gerente de El Libertador no sólo es desagradecido con La Unión, que le ha prestado desde piezas mecánicas de colectivo hasta dinero que Rabazzano nunca reintegró, sino que pretende dinamitar la salida a la crisis más potable que tienen los colectiveros desocupados.

“Queremos desmentir las declaraciones que viene haciendo Rabazzano. Siempre nos estuvo debiendo sueldo porque trabajamos para el boleto. De la plata que envían del gobierno nunca aparecía (el dinero); siempre le teníamos que andar cobrando a él”, sostuvieron los choferes.

Los trabajadores afirmaron que mientras que el municipio le cedió a la firma el traslado de los chicos a la Colonia de Verano para que los choferes tuvieran un ingreso mientras se buscaba una salida al conflicto, ellos tuvieron que hacerse del pago correspondiente a ese servicio especial mediante la intervención del Ministerio de Trabajo. “Así cobramos algo del sueldo del mes de noviembre”, advirtieron.

“Yo arranqué como relevo. Tuve la oportunidad de que se fue gente y quedé, pero nunca con un aguinaldo, nunca cobré vacaciones. Me las daba pero no me las pagaba. Llegaba un dinero de Nación y nunca lo pagó. Se quedaba con la plata de nosotros. Nos venimos a enterar después de nueve años que él tenía 33 personas blanqueadas y éramos 11 choferes. El subsidio que mandó el gobierno, durante tantos años,’ tuvimos que lucharlo’ nosotros. ¿dónde está la plata?”, inquirió Fabián Acosta, el trabajador con más años de trayectoria en El Libertador.

La mecánica implementada por la ¿extinta? compañía consistía en que los choferes de El Libertador debían percibir, por recibo, un sueldo que oscilaba entre 10.500 y 11.000 pesos en mano. Como ellos cobraban “al boleto” esto implicaba que, de no alcanzar a reunir el salario de bolsillo con la recaudación, Rabazzano debía completar el monto que correspondía por ley; algo que, según parece, nunca hizo.

Pero los presuntos incumplimientos del gerente, al decir de los choferes, no conocían de límites ni destinatarios. “A la Obra Social (SMATA) pagó dos meses y después, nunca más. Debe como 500.000 pesos. Una parte del aumento que se acordó en paritarias el año pasado, nunca lo vimos”, dijeron y aclararon que, en cambio, los aportes jubilatorios fueron realizados hasta el mes de diciembre del año pasado. No así el descuento que debe destinarse -por ley- al pago de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

“Todos los fines de año nos decía que no venía la plata del subsidio, y la plata siempre vino; también decía que no había combustible y la plata para el combustible venía siempre. Ahora nos venimos a enterar de muchas cosas. El estado de los vehículos era deprimente y nos echaba la culpa a nosotros. Que se salieran ruedas era lo más normal, porque (los micros) no tenían mantenimiento”, señalaron.

Párrafo aparte, al menos a modo de gran interrogante, merece el rol de la Unión Tranviarios Automotor. “Los de la UTA nunca ‘bajaron’; o ‘bajaron’, arreglaron y se fueron. Nosotros no los vimos y nunca tuvimos un delegado”, dijeron y vincularon esa falta de representación gremial con un mensaje que solía tener Rabazzano. “Cuando todavía pagaba, le pagaba a uno y le pedía que no dijera nada porque sólo le pagaba a él. Resulta que después, charlando entre nosotros, nos enterábamos que le pagaba a todos”, sostuvieron.

Vence el plazo

Los choferes manifestaron su preocupación por el hecho que el 23 de mayo, vence el plazo de 90 días que se puso para el arribo a una solución al conflicto y, tres días más tarde, los trabajadores estarán percibiendo el cuarto y último subsidio de 4.600 pesos de la municipalidad para cada desempleado.

“Cuando le mandamos el telegrama diciendo que nos considerábamos despedidos, (Julio Rabazzano) le echó la culpa a la contadora.  Nunca se hizo cargo de nada”, dijeron y desacreditaron al empresario del transporte, que habló sobre una supuesta “mano negra” que hizo que los inspectores de la CNRT no pudieran ubicar a los responsables –hasta hace algunos meses- de la 501.

“La notificación llegaba a donde teníamos la parada y nos echaba la culpa a nosotros de que no estábamos (cuando se presentaban los inspectores). Nosotros llegábamos, pasábamos al baño o tomábamos un mate y seguíamos viaje enseguida. La CNRT fue a todos lados: a la casa, al taller, a la parada. Rabazzano sabía bien que andaban los de la CNRT porque vio las camionetas y se escondió”, agregaron.

Más allá del destino real y concreto que hayan tenido los subsidios durante los últimos años –algo que eventualmente alguien se encargará fehacientemente de investigar-, los choferes dijeron que en Azul prácticamente nadie confiaba en la voluntad de pago de Rabazzano cuando se debía afrontar la reparación de un colectivo. “Los talleres no le daban ‘bolilla’. Las roturas grandes iban a Olavarría o venía un mecánico de allá. Los electricistas y mecánicos no querían saber nada con ellos desde hacía años”, sostuvieron.

Una salida posible

La necesidad de los choferes de contar con un ingreso estable hace que estén dispuestos a renunciar al dinero que la gerencia de El Libertador les quedó debiendo, pidiendo sólo que Rabazzano firme el traspaso de la línea 501 a La Unión. “Resignamos perder 35.000 pesos cada uno, lo que nos debían, para que él hiciera el traspaso a La Unión y que ésta última empresa pudiera cobrar el subsidio que viene. Cuando van a firmar ese contrato nos encontramos con una carta documento de él a la municipalidad (donde manifestaba) que quería recuperar la empresa. Eso echó todo por tierra y ahí quedamos”, señalaron.

Con la incertidumbre de no saber cómo terminará este culebrón, los trabajadores consideraron que el hermano del actual gerente es tan responsable como Julio Rabazzano de la situación a la que fueron llevados los choferes. Cuando se les preguntó qué hubiera sido lo más saludable para ellos y la línea 501, al unísono respondieron: “Firmar el traspaso a La Unión”. “Si él firmaba, ahí venía la plata para La Unión y estaríamos trabajando lo más bien. No es que queremos trabajar para La Unión; es la única forma de mantener nuestra fuente de trabajo. La Unión tiene la predisposición y los colectivos; si viene el subsidio, arrancamos. Si no, estamos complicados”, agregaron.

Ante la presentación de esa carta documento el acuerdo “de palabra” quedó trunco. Y no sólo eso; esta indefinición hizo que autoridades de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte bajaran a esta ciudad y pusieran bajo la lupa a el desempeño de la línea 502. “Ahora vino la CNRT, van a hacer cambios de recorridos y andan controlando mucho más a La Unión. Tiene los inspectores arriba de los colectivos; es un problemón grande”, explicaron. De hecho, según dijeron los entrevistados, los directivos de La Unión “están muy enojados”. Y, según parece, sobran motivos para ese encono. “Rabazzano dice que ellos le hicieron ‘una cama’ pero él y Maicá saben bien que le han prestado plata y motores y cajas de cambio, y les deben. Hasta tenían una estación de servicio que Rabazzano decía que era a medias con la gente de la 502 y lo único que hizo fue poner muy poco dinero para comprar un tanque de gasoil y nada más; después, no pagó ni playero ni derecho de playa ni la luz”, argumentaron.

Los trabajadores aseguraron que “La Unión sabe que va a perder plata por los gastos (de combustible y mantenimiento de las unidades para cubrir los recorridos A y B de la línea 501), pero quiere el subsidio para que los 8 choferes cobremos” los haberes en forma regular y con continuidad.

Capitales olavarrienses en Azul

El dinero con el que se pagaron los últimos seis meses de los salarios que el año pasado percibieron los choferes no apareció por arte de magia. Al decir de los mismos trabajadores, esa plata salió del bolsillo del empresario Walter Barraco, quien tiene a su cargo la totalidad del transporte urbano de pasajeros en Olavarría (líneas 500 a 504). Este empresario demostró voluntad de hacerse cargo del manejo de la línea 501, a fin de regularizar su frágil situación financiera, pero reclamaba que Rabazzano diera un paso al costado del manejo diario de la compañía. “No sabemos qué sociedad tuvieron por 6 meses hasta que el empresario olavarriense se fue porque se cansó de poner plata”, dijeron los choferes.

Los trabajadores aseguraron que el gerente de El Libertador estafó, lisa y llanamente, a la comuna -por ende, a la comunidad azuleña- cuando habría realizado un desvío del dinero que recibió para comprar el combustible que se requería para realizar el transporte a la Colonia de Verano. “Rabazzano se esconde, no da la cara y, si lo hace, miente. Para ‘hacer’ las colonias le pidió a la municipalidad 80 litros de gasoil y gastaba 40. Los otros 40 los dejaba en el otro colectivo que hacía lo del PAMI (transporte de personas de la tercera edad)”, sostuvieron.

Hasta indicaron que las constancias de Verificación Técnica Vehicular que el empresario exhibió en esta redacción, fueron obtenidas de manera irregular. “Nos hizo dar la cara para las declaraciones juradas diciendo que tenían la verificación…verificación trucha, porque vas con 600 pesos a Olavarría y la tenés. Eso todo el mundo lo sabe”, aclararon y dudaron de la legitimidad de la cobertura de seguros contra terceros expuestos en su última aparición pública.

“El seguro él te mostraba la póliza, pero los comprobantes de pago de todos los meses ¿dónde están?. Nunca tuvimos las pólizas en los colectivos. Si había un accidente mandaba a pedir una fotocopia y de ahí que tenga juicios grandes todavía”, señalaron.

Estas últimas dos circunstancias expuestas por los choferes –y reconocida por Julio Rabazzano en la nota publicada a pedido suyo por este diario el 10 de mayo próximo pasado- no pueden menos que poner en duda la transparencia del servicio que la comuna le otorgó a El Libertador, aparentemente con unidades que no contaban con seguro contra terceros. Las intenciones pudieron haber sido muy atendibles, pero no siempre el fin justifica los medios. “La municipalidad se lo dio para que no quedáramos once laburantes en la calle justo para las Fiestas de Fin de año. Él pasó la mitad del presupuesto de lo que pasaron los otros y nos usaba a nosotros para que le hiciéramos el ‘caldo gordo’ y decir que Inza tenía que firmar”, comentaron.

Los trabajadores –que mediante carta documento oportunamente remitida a la empresa “se consideraron despedidos”-  remarcaron lo insólito del proceder de Rabazzano, al pretender recuperar el manejo de la firma “con cinco colectivos, pero sólo dos a nombre de la empresa”.

Fuentes de trabajo “rifadas”

Los conductores sostuvieron que ven “tramas oscuras” entre los hermanos Rabazzano, y hasta posibles desvíos de los dineros provenientes de Nación en concepto de subsidios, en ambos casos en detrimento de la continuidad laboral de los choferes y de la mejora del servicio a los usuarios. “Si nos venía a decir algo era para beneficio suyo, no para beneficiarnos a nosotros. Hay tramas oscuras entre ellos; el hermano adquirió muchas propiedades y eso ¿cómo lo hizo? ¿vendiendo rifas? Nunca se hacían las asambleas de directorio, no hay memorias ni balances. Rabazzano compró un sello diciendo que era gerente pero ¿quién cobra el subsidio?”, se preguntaron.

En la consideración de los entrevistados –todos hablaron con EL TIEMPO, aceptaron que sus dichos fueran grabados y que se les tomaran fotografìas-, el gerente de El Libertador no sólo fue deshonesto con los propios trabajadores sino desleal con quienes lo ayudaron o tuvieron intenciones de hacerlo. “Rabazzano, mientras le daba la mano a uno de los socios de La Unión, le estaba clavando un puñal porque quería que entraran los de Olavarría. Hasta esa mentira”, significaron.

De todas formas, según aclararon, el empresario olavarriense se retiró porque “no quería hacerse cargo de la deuda que tenía Rabazzano y pretendía empezar ‘de cero’”. “El municipio le daba por dos años la concesión y no le servía porque ponía mucha plata y no la alcanzaba a recuperar”, agregaron.

Reiteraron que, de lo que pueda ocurrir a futuro, todo depende que La Unión reciba el subsidio. “Si le dan ese dinero, ellos toman a los ocho choferes, sin antigüedad”, dijeron y comentaron que, teniendo en cuenta la presencia, a mediados de la semana pasada, de inspectores de la CNRT, es posible que antes que finalice este mes se tome una resolución definitiva.

En la actualidad los choferes realizan un servicio de emergencia en horario escolar, con unidades que –de mañana, al mediodía y por la tarde- hacen el recorrido de la 501, pero con micros de La Unión. “Nos prestan los colectivos y los insumos, y ellos no ganan nada. Se están portando muy bien y hasta nos han dicho que si queremos empezar como cooperativa, nos dan apoyo logístico. Lo que necesitamos es continuidad de trabajo”, señalaron, a fin de cambiar la “realidad” que vivieron durante años.

“Estuve seis años y en cinco me pasó lo mismo: llegaba el fin de año y había que esperar si al año siguiente teníamos trabajo. Él nos decía que si no nos gustaban las condiciones, que nos fuéramos…”, reveló Marcos López.

SOBREVIVIR Y PAGAR DEUDAS

A la fecha, el último medio año de los choferes de El Libertador estuvo lejos de ser el mejor. Sin salario y con deudas que se acumulan y familias que mantener, los ocho trabajadores bregan por un mejor porvenir. “Tenemos problemas de toda clase; venir acostumbrados a un sueldo y de repente pasar a menos de la mitad, se complica todo. Esto nos perjudicó monetariamente y psicológicamente”, indicaron con una mezcla de resignación, bronca e impotencia. “Los chicos de la escuela y los papás nos preguntaban si íbamos a arrancar y no sabíamos qué decirles. El micro lo toman mujeres que trabajan en casas de familia; esa gente, que ahora tiene que ir en un remís, termina ‘cambiando’ plata; y los jubilados no tienen para llegar a los bancos”, se explayaron.

La dirigencia política, o parte de ella, hizo oídos sordos al conflicto, o no tomó la situación con el compromiso que se requería para contribuir a sostener una fuente trabajo. Con la necesidad que hay en el país y en Azul en particular. Fueron diez años de subsidios que supuestamente llegaron a El Libertador y que muchos no saben adónde fueron a parar. Si algo tienen por seguro los choferes es que faltó previsión a nivel local, y de aquellos con representación en la provincia y la Nación. “Molina nos decía ‘cuando venga de vacaciones, dentro de diez días, vamos a charlar…”, dijo, visiblemente molesto, Acosta y un compañero apuntó: “Nosotros no fuimos a quemar gomas como otra gente; si lo hubiéramos hecho, hoy estaríamos todos trabajando. Nunca nos llamó nadie. Ellos (los diputados nacionales Gloria Bidegain, Omar Duclós y Adrián Pérez, y el diputado provincial Mario Caputo) se tendrían que haber acercado sin la intención de querer llevar agua para su propio molino”.

Sólo dos de los trabajadores afectados pudieron reinsertarse en el mercado laboral local; los demás exprimen el subsidio que les entrega la comuna, y haciendo “changas” pero sin ninguna estabilidad. De ahí que trazaran las diferencias que tiene esta situación con lo vivenciado por los operarios de la ex Sudamtex. “Ellos tienen una planta donde elaborar la producción. Nosotros trabajamos con vehículos que tienen un gasto mensual de gasoil de 50.000 pesos, sin contar el arreglo de unidades que no están condiciones”, expresaron.

El estado de abandono en que quedaron hizo que más de uno de ellos pensara en mudarse a otra ciudad, con lo que ésto hubiera implicado. “Está claro que el recorrido de la 501 se necesita. El tema es que no hubo renovación de flota (coches Mercedes Benz 1114 del año 1983) y faltó un control de la empresa. Un solo capital era dueño y quería agarrarse todo para él”, adujeron.

Cuando se les planteó qué le dirían a Rabazzano si éste se presentaba ante ellos, respondieron “a coro”: “Que es un delincuente, muy mentiroso. No hay conversación posible. Nos está dinamitando la única posibilidad de tener una continuidad de trabajo. La Unión siempre le dio una mano, él lo sabe y le debe mucha plata”, recalcaron.

Ese sentimiento hacia el gerente de El Libertador parece tener infinidad de justificativos. “Nos echó la culpa de cortar el recorrido y lo tuvimos que hacer porque no teníamos el gasoil suficiente. Y si cumplimos con el recorrido, es porque lo hicimos con combustible que pagamos con dinero de nuestros bolsillos. El nos decía ‘hechá el gasoil, que yo después te lo devuelvo’, y nunca más”, manifestaron indignados, para agregar: “Lo aguantamos demasiado y él nunca quiso progresar, porque le convenía agarrar la plata del subsidio. Estábamos desde las 6.45 a 21 horas sin parar arriba del colectivo y nos preguntamos: la plata para los choferes, el combustible, la AFIP, para mantenimiento y renovación de unidades ¿dónde está?”.

OTRA MENTALIDAD Y USO DEL SERVICIO

Si bien hicieron notar que el pasaje de la línea 501, por su recorrido, siempre se caracterizó por ser “familiero”, los choferes saben que el servicio que se ofrecía era “malo” (por las unidades puestas a rodar, que a menudo se rompían, y el incumplimiento del horario). Advirtieron que en Azul no se hace uso del colectivo urbano como sí sucede, por ejemplo, en Olavarría, a lo que se suma que no había un control operativo de la línea, como sí hacen La Unión o la misma empresa que administra el servicio en la vecina ciudad. “En Olavarría la gente anda mucho en colectivo. Allá no podés decir que el micro sale a las 6 y no sale, como si no importara o diera lo mismo. Es otra mentalidad. Acá el verde, cuando se rompía a las 8 de la mañana, lo atábamos con alambre o había que esperar a que Maicá volviera del recorrido al Centro de Día. (El Libertador) no tenía su mecánico, su ayudante mecánico ni gomero. Hemos estado nosotros debajo de los colectivos dándole una mano, pero Maicá nos traicionó. Fue chofer pero lo arreglaron, le ‘lavaron la cabeza’ y lo pusieron como dueño”, mencionaron. A partir del cese de El Libertador y el arribo de inspectores de la CNRT, los trabajadores estiman que habrá cambios en el recorrido de la 501. “Hace tres años, cuando los sacaron del centro, lo tuvieron que volver a poner porque (El Libertador) se fundía ahí”, recordó López.