. La denuncia que señala a un funcionario municipal y su familia, no logra avanzar

[gallery ids="138811,138812"]
Karen Moreno es una madre de 19 años que señaló a Ricardo Diorio -coordinador del basural-, su esposa y su hijo, en una denuncia radicada en la UFI Nº 1 de esta ciudad, cuando le quitaron distintos beneficios que percibía por figurar con un empleo en el Senado de la provincia y percibir un sueldo de poco más de 30.000 pesos mensuales. Sin embargo, nunca tuvo ese empleo ni cobró ese sueldo. Si bien la fiscal que tiene a su cargo la causa, Neli Rosas, dio lugar a todas las medidas de prueba pedidas por los abogados Ignacio Turón Molina e Ignacio Gayani, el Banco Provincia no responde las requisitorias y el expediente no puede tener avances.

A fines de octubre de este año, una joven de 19 años denunció ante la justicia lo que podría llegar a ser un supuesto robo de datos y, en consecuencia, una defraudación, señalando en su presentación a un funcionario municipal, a su esposa y a su hijo -ambos empleados municipales-.

El tema se conoció cuando el edil Roberto Gayani lo expuso en una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante y a partir de allí surgieron distintas conjeturas.

El hecho denunciado es el siguiente. La joven venía cobrando desde hace un tiempo los beneficios de la Asignación Universal por Hijo y del Plan Más Vida. En junio de este año fue al banco y no pudo cobrarlos. La misma situación se repitió al mes siguiente. Ante esto, recurrió a la ANSES para saber el por qué y allí les informaron que figuraba como empleada de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos, con un sueldo mensual de aproximadamente 50.000 pesos -algo más de 30.000 en mano-. Pero la joven, en realidad, nunca tuvo empleo ni cobró absolutamente nada.

Al comenzar a atar cabos, recordó que Ricardo Diorio - funcionario de Bertellys, coordinador del basural a cielo abierto- le había solicitado unos datos a su hermana melliza para conseguirle una obra social. Por esto, se puso en contacto con la esposa de Diorio, Paola Núñez, para pedirle explicaciones. Si bien en un principio negó todo, luego comenzó a entregarle 1.000 pesos por mes “hasta que pudiera solucionar el problema”. También el hijo de Diorio y Núñez, Juan Pablo Diorio, figura en la denuncia, ya que según expuso la joven, fue él quien le entregó los últimos 1.000 pesos.

La cuestión es engorrosa de por sí. El Banco Provincia aún no ha dado la información requerida por la UFI 1 -a cargo de Neli Rosas, fiscalía donde recayó la denuncia- y el Senado envió un tibio comunicado, diciendo que se trata de un error administrativo. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y la situación en lugar de esclarecerse, parece oscurecer.

Así lo explicaron a este diario los abogados representantes de la joven, Ignacio Gayani e Ignacio Turón Molina. Cautos al hacer declaraciones, indicaron que todo está pendiente de la información que brinde la entidad bancaria, porque de ahí surgirá la cuestión central: si se cobró o no el dinero depositado a una persona que nunca trabajó en el Senado.

“Acá hay dos cuestiones: una cosa es el daño que puede tener la joven y el delito que puede haber respecto de ella; y otra cosa es lo que puede surgir de esta investigación, ya que puede haber un hecho de corrupción que iría más allá de nuestra clienta”, advirtieron los abogados.

 

Un trabajo en el Senado provincial

Al comenzar a narrar lo sucedido, los abogados comentaron que la joven denunciante se llama Karen Moreno, tiene 19 años y un hijo de 4, y que se presentó en su estudio jurídico el 28 de octubre pasado “acompañada por su novio Sebastián Zárate, que es cliente nuestro. Vino por una consulta puntual”.

Esa consulta fue porque “había ido al banco en los últimos meses a cobrar la Asignación Universal por Hijo y el Plan Más Vida, y tenía el problema de que se los habían cortado, no los podía seguir cobrando”.

Advirtieron que “para ella es muy importante ese dinero, porque prácticamente es su medio de vida ya que no trabaja. Llegó a hacer la consulta cuando ya estaba desbordada por la situación porque desde junio no podía cobrar”.

Indicaron que la joven también tenía otros problemas colaterales, como por ejemplo, cuando iba al Hospital figuraba que tenía una obra social y le pedían el carnet para el recupero.

Fue en ANSES donde le explicaron que la baja de los planes se dio porque “figuraba con un trabajo en blanco en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y que tenía un ingreso de alrededor de 30.000 pesos en mano”.

Los abogados señalaron que cuando tomaron conocimiento de la situación, “vimos que algo raro había así que la asesoramos para que vaya a la fiscalía a hacer la denuncia en ese mismo momento”.

 

Medidas de prueba aún sin respuestas 

Y así fue. La presentación recayó en la UFI Nº 1 a cargo de la fiscal Neli Rosas, ante quien expuso el relato de lo que sucedió.

A partir de ahí comenzó la investigación que todavía está en trámite y en la cual se presentaron como particulares damnificados para poder pedir medidas de prueba e impulsar la causa.

Al día de hoy “estamos esperando que esto se clarifique. La fiscal ha movido lo lógico, lo básico”, marcaron.

Entre otras medidas de prueba, Gayani y Turón Molina requirieron que el Senado informe en qué circunstancias la designaron, cómo, quién, cuándo, específicamente dónde prestaba funciones. A su vez, pidieron informes al Banco Provincia sobre los movimientos de la cuenta sueldo de Karen Moreno “para ver si hay extracciones. Lo más relevante es si hay extracciones, y si las hay queremos que se informe si se hicieron por ventanilla o por cajero, si se hizo por pago de cheque o lo que fuere, y las video grabaciones de la ventanilla o el cajero”.

Apuntaron que la fiscal les dio lugar al pedido de esas pruebas, mandó los informes a las distintas entidades, pero éstas aún no han respondido. Y el tiempo pasa y eso va en detrimento de que se pueda esclarecer rápidamente qué pasó.

Lo concreto es que Karen Moreno figuró como empleada del Senado desde el 1º de febrero de este año hasta octubre, aún no se sabe qué día de ese mes fue dada de baja.  Es más, los abogados pudieron comprobar incluso que se le hicieron los aportes previsionales correspondientes.

 

La familia Diorio señalada 

Desde donde sí emitieron un escueto informe fue de la Cámara de Senadores. “Dijeron hubo un error administrativo, que se equivocaron en el número de documento y que en realidad era otra la persona que debía figurar como empleada”. Esa otra persona es la hermana de Karen, de nombre Ayelén.

La respuesta del Senado “no convence para nada”, sostuvieron Turón Molina y Gayani.

Sobre cómo aparece el nombre de Ricardo Diorio, explicaron que “Karen lo señaló. Dijo que pudo haber sido Diorio porque en algún momento le habría pedido los datos a su hermana para conseguirle una obra social”.

En escena entran también la esposa de Diorio, llamada Paola Núñez, y el hijo de ambos Juan Pablo Diorio -que a su vez está casado con la hermana de Karen-.

En este sentido, consignaron que “como Karen pensó que todo podía venir de ese lado, en agosto se comunicó con la mujer de Diorio, que también es empleada municipal, con quien tiene un intercambio de mensajes por Facebook”.

Ese intercambio de mensajes está anexado a la causa como prueba y se está realizando una pericia informática sobre ellos.

“La mujer de Diorio si bien no le reconoce nada, le refiere que hay un error de algún tipo, aunque no le explica demasiado. Lo que sí hace es empezar a compensarle el dinero que había dejado de percibir y le pidió tiempo porque le iban a solucionar el problema”, indicaron.

Consultados por qué Paola Núñez compensaba a Karen y expresó que solucionaría el problema, si supuestamente no tenía nada que ver con la situación, dijeron “no lo sabemos y nosotros también nos lo preguntamos”. Muchos cabos sueltos en una historia que no cierra.

En ese contexto, remarcaron que “faltan muchas pruebas y hasta que no las tengamos no podemos aventurar ninguna conjetura”.

Es más, advirtieron que han hecho hasta dos presentaciones por semana para que la causa se impulse “porque el tiempo que pasa colabora con el ocultamiento”.

En lo que hace a Juan Pablo Diorio, está mencionado en la denuncia como quien le llevó y entregó a Karen la última “compensación”.

 

“Cada cual hará sus conjeturas” 

En otro tramo de la nota, consultados cómo encuadrarían la denuncia, dijeron que “hasta que no tengamos la información de si el dinero se cobró o no se cobró, no se puede avanzar”.

Agregaron que “acá hay dos cuestiones: una cosa es el daño que puede tener Karen y el delito que puede haber respecto de ella; y otra cosa es lo que puede surgir de esta investigación, ya que puede haber un hecho de corrupción que iría más allá de nuestra clienta”.

Al insistir en el encuadramiento, marcaron que “podría ser una especie de defraudación. Hay que ver si la plata se sacó o no. Estamos esperando que haya novedades, que el Banco Provincia informe, de a conocer el extracto de la cuenta bancaria, porque hasta existe la hipótesis de que haya sido un error y que el dinero no se haya cobrado”.

Desde que se conoció la denuncia, muchas conexiones políticas comenzaron a tejerse y distintos nombres empezaron a circular potencialmente.

En este sentido, Gayani y Turón Molina advirtieron que “la denuncia no tiene ningún tipo de intencionalidad política. De hecho, se hizo a la media hora de tomar conocimiento, sin medir las consecuencias o pensar en los involucrados. Después, cada cual hará sus conjeturas, atará sus cabos y verá quién está involucrado”.

Por último, subrayaron que “nosotros estamos enfocados básicamente en el expediente judicial, en resolver la cuestión en el ámbito de la justicia y que ésta averigüe quiénes son los implicados. Hoy, en la causa, los únicos que figuran son Diorio, su esposa y su hijo”.

Mientras las entidades no responden las requisitorias de la justicia, Karen Moreno no volvió a cobrar los beneficios a los que accedía.

 

LA DENUNCIA EN LA FISCALÍA

Karen Moreno se presentó ante la justicia el 28 de octubre pasado. Allí, en la UFI Nº1 le tomaron declaración.

Entre otras cuestiones, marcó que hasta el mes de junio del corriente año, cobró 960 pesos por Asignación Universal por Hijo, pero a partir de ese mes siguió concurriendo al Banco y constató que no le depositaron más.

En la denuncia, consta que por ese motivo consultó varias veces en ANSES y le dijeron que ellos no podían hacer nada porque del sistema surgía que “poseía un empleo en blanco y que cobraba alrededor de 50.000 pesos”.

Inmediatamente, aclara que en ningún momento tuvo empleo en blanco.

“Por lo expuesto -se indica en la presentación- y sospechando que alguien había utilizado sus datos personales para obtener un sueldo sin trabajar, es que hace tres meses se contactó por Facebook con Paola Núñez, esposa de Ricardo Diorio, porque recordó que su hermana Ayelén Moreno le comentó que Ricardo Diorio le había hecho firmar unos papeles para que obtenga una obra social”.

En otro de los párrafos, se expone que “en los primeros mensajes escritos a Núñez, le preguntaba si la habían metido en la obra social al igual que a Ayelén, ya que por ese motivo no estaba pudiendo cobrar la Asignación Universal; contestando esta persona que no lo habían hecho”.

Siguiendo con el relato, se indica que al mes siguiente se repitió la misma situación “pero en esa oportunidad Núñez se acercó al domicilio de la denunciante y le hizo entrega de 1.000 pesos, diciéndole que la disculpara y que ya lo iba a arreglar”.

Idéntica situación se repitió hasta octubre, cuando el 18 de ese mes “los 1.000 pesos se los alcanzó Juan Pablo Diorio”.

Además, se expone que tampoco cobra los 500 pesos que percibía por el Plan Más Vida para comprar alimentos y que en el Hospital Municipal “no la quisieron atender porque les surge que tiene obra social”.

“Radica la denuncia porque necesita seguir cobrando y también realizar un tratamiento médico en el Hospital, y porque ese dinero alguien lo está cobrando”.

 

LA SESIÓN DEL CONCEJO EN LA QUE SE DIO A CONOCER EL HECHO

El 15 de noviembre, en la decimosexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el concejal Francisco Roberto Gayani pidió un momento para leer la denuncia y, de esa manera, que se conociera públicamente porque “siento la responsabilidad de hacerlo por tener un cargo público y al haber tenido conocimiento de un supuesto acto espurio o de corrupción”.

Pero el presidente del Legislativo, Pedro Sottile, intentó por todos los medios que no se mencionaran a Ricardo Diorio, su esposa Paola Núñez y el hijo de ambos Juan Pablo Diorio. Gayani insistió y la leyó íntegramente, con nombres y apellidos, pese a la resistencia de Sottile.

“Si hay algún acto espurio, hay que avanzar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo Gayani en ese momento, para luego añadir que “ojalá no haya ningún acto espurio. Yo tengo mis dudas”.

El que intervino inmediatamente fue Pablo Yannibelli, y lo hizo para señalar que se trató de un error administrativo. Tal vez contaba con la información, o tal vez habló porque Diorio militó a su lado durante algún tiempo.

Otro que pidió la palabra fue Santiago Zaffora y dijo claramente que “esto tiene que ver con cómo se financia la política”, resaltando el hecho de que el concejal la hubiese dado a conocer.

Cuando Gayani iba a hablar nuevamente, Sottile pidió que el tema terminase ahí, interrumpiéndolo una vez más. Y sí, no siguieron con la cuestión pero el objetivo de Francisco Gayani estaba cumplido: la denuncia se conoció y el tema se instaló.