. "La mujer que está en mi casa la metió Olga Pomphile"

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Una mujer que es madre de tres menores –uno de ellos sufre una severa discapacidad de nacimiento- denunció penal y públicamente supuestas maniobras de “funcionarios que en forma conjunta autorizan sin ningún tipo de derecho o autoridad a personas con antecedentes penales a ocupar inmuebles que se encuentran sin habitar”. Olga Pomphile, secretaria de Acción Social, en diálogo con este diario negó rotundamente los dichos de la denunciante. 

María Soledad Miranda, una enfermera profesional de 37 años, madre de tres hijos –uno de ellos sufre una severa discapacidad- realizó una denuncia penal y pública contra funcionarios de la Municipalidad, a los que acusó de “autorizar sin ningún tipo de derecho o autoridad a personas con antecedentes penales a ocupar inmuebles que se encuentran sin habitar”. Miranda, quien es asesorada legalmente por su madre, una abogada penalista con domicilio actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, involucró con nombre y apellido a la secretaria de Acción Social de la comuna, Olga Pomphile, quien ante la consulta de este diario salió a desmentir enfáticamente el calibre de la imputación.

Doble denuncia

Miranda se presentó en la redacción de EL TIEMPO con una copia de la exposición que el pasado miércoles realizó en la oficina de denuncias del Ministerio Público Fiscal, cuando compareció ante el secretario autorizante Pablo Perone. Más allá de algunos detalles accesorios, en la entrevista con este diario la mujer ratificó en lo esencial lo expuesto en la presentación en sede judicial.

“Que funcionarios públicos de la Municipalidad de Azul, entre ellos Olga Pomphile, una persona de nombre Pierina y otro funcionario de apellido Narvaja son funcionarios que actuando en forma conjunta autorizan sin ningún tipo de derecho o autoridad a personas con antecedentes penales a ocupar inmuebles que se encuentran sin habitar”, comienza refiriendo la denuncia. Miranda se refirió específicamente a lo que, según ella, sucede en la vivienda que adquirió del Plan Federal, sita en Miñana 0124, donde actualmente reside otra persona que estaría “avalada por el Municipio”. Puntualizó que cuenta con una grabación para certificar lo expuesto.

“Otro ejemplo de un caso similar es la vivienda sita en calle Arenales 440, la cual se encuentra con declaratoria de herederos y pertenecía a su abuela Susana Vilardebó…cuando al entrevistarse con los ocupantes de la vivienda de ‘Paco Rojo’ y su madre Marisa Rodríguez es que su progenitora le consultó en calidad de qué se encontraban en ese inmueble y los mismos respondieron que esa vivienda había sido otorgada por el Municipio y que la asistente social Pierina los había autorizado que ante cualquier requerimiento o consulta respecto de la casa se tenía que dirigir al Municipio”, agregó Miranda.

¿Sugerencia…?

En su presentación en sede judicial, Miranda dio cuenta de una recomendación que, de comprobarse, dejaría mal parada –cuanto menos éticamente- a la actual titular de Acción Social de la comuna y a la empleada mencionada por denunciante. “…también quiere dejar constancia que hace aproximadamente dos meses atrás Pierina y su jefa Olga Pomphile le dijeron que había una mujer internada en un geriátrico, que la misma se estaba por morir y que fuera a ver la vivienda de la misma que estaba en calle Libertad 1234 de Azul, se instalara en la misma y que después ellas le darían una forma legal para que no tuviera problemas”.

EL DATO

La denuncia que radicó María Soledad Miranda quedó en manos de la UFI N° 13, a cargo del doctor Luis Alberto Palomares y el Juzgado de Garantías N° 2, del doctor Federico Barberena.

“ME COSTÓ UN PERÚ CONSEGUIR LA CASA”

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En una extensa entrevista con EL TIEMPO, María Soledad Miranda recordó que, tras una sucesión de ocho robos en su casa del Barrio San Francisco de Asís, se produjo un incendio en la vivienda que dejó destrozos de consideración, dejando el lugar en condiciones inhabitables para ella y sus tres hijos, sobretodo por el chico que sufre una severa discapacidad.

“Ellos (por la Municipalidad) me prometen que me la van a arreglar. En ese promete yo no podía esperar e inicié junto con mi mamá, que es abogada, un recurso de amparo. Acá en Azul lo pierdo y (el trámite judicial) se va a Mar del Plata. Este gobierno no quiso nunca darme una solución rápida, diciéndome que hiciera lo que pudiera. Nunca tomaron nota de los ocho robos que denuncié y del incendio, que algunos dicen que yo misma provoqué. ¿Cómo voy a prender fuego mi casa? Fue algo horripilante, perdí un año de carrera y encima mis hijos quedaron mal, teniendo que recibir tratamiento psicológico”, expresó, para ratificar que la casa que se incendió es de su propiedad. “La casa es mía, tengo los papeles que así lo acreditan, pero como yo no pagué algunas cuotas esta chica está actuando como actúa, asesorada por terceras personas”, indicó, para reconocer que recibe 3.000 pesos de la comuna para solventar parte del alquiler de su actual domicilio.

La mujer afirmó que, por su condición de madre sola con tres hijos, ha sufrido “discriminaciones de tres inmobiliarias” y tuvo que sacar un crédito “porque el Municipio tampoco se hizo cargo del pago del mes de depósito y de comisión del martillero”. “La idea es no alquilar a una chica que trae su combo de tres chicos y uno con silla de ruedas. No ven una parte masculina y es Azul así, muy prejuicioso. Logré hace un mes y pico alquilar, el municipio me da el camión porque se lo pido pero no el dinero que conlleva alquilar. Tuve que buscar bastante y me alquilaron sólo por un año. ¿Por qué yo tengo que hacer todo este nomadío con mis hijos, afrontar el stress que conlleva cuando tengo mi casa?. Por eso inicié una causa penal para que, como se hizo el recurso de amparo, saquen a esa chica de mi casa o me den otra casa para poder dejar de pagar un alquiler. Para mí el recibir hoy un subsidio es como denigrarme como persona; es seguir dependiendo del municipio y pedir algo cuando yo tengo mi sueldo, trabajo en una institución donde cumplo como corresponde y quiero seguir haciéndolo. ¿Por qué tengo que ir a doblegarme para pedir algo? Quiero que me resuelvan mi situación, quiero mi casa. Mis hijos están deambulando y no hay derecho a eso”, manifestó.

“La mujer que está en mi casa la metió Olga Phompile. Me dijo ‘la vamos a dejar por unos días porque es una chica que tiene antecedentes, no se pudo reinsertar y es sólo un tiempo’. Y la dejaron. Ese es otro tema que a mí me genera alerta. Son personas que hoy tienen antecedentes; son delincuentes o ex delincuentes que tienen causas penales y les están dando un techo. Los acompañan a buscar otros cuando hoy yo tengo un sueldo, estudié, me esmeré para vengan otros y te saquen lo que te costó un Perú conseguir una casa por la que tuve que hacer gestiones en La Plata para que me dieran un Plan Federal. La gente sabe de mi lucha para conseguir esa casa y les hacen creer que la dejé, la incendié y la abandoné. Hubo un común acuerdo con el municipio que nunca se entendió bien, con una causa penal de por medio porque de lo contrario no me daban bolilla. El contrasentido del municipio es que tratan de reinsertar en la sociedad al ex convicto o a la persona que sale de una causa penal, pero desplazando a una persona que no tiene antecedentes penales, que es madre sola con tres chicos, uno de ellos con discapacidad”, agregó.

Hostigamiento vecinal

Consultada sobre la experiencia vivida en el San Francisco, Miranda afirmó que “el municipio y el Poder Judicial taparon todo el hostigamiento que tuve mientras viví en esa casa. Yo puse una denuncia tras otra de todos los robos. No me tomaron la denuncia hasta que no apareció mi mamá, que es abogada. Tanto se habla de violencia de género; a mí no me golpeó ninguna persona en particular sino que me golpeó el mismo sistema. El pueblo sabe de todo lo que me sacrifiqué para estar donde estoy”.

“Hoy (por el jueves) hablé con Pomphile y niega todo, pero papel alguien se lo dio a esta chica pueda tener electricidad en la casa. Lo otro es que está muy bien asesorada legalmente y no es casualidad que la directora de Desarrollo Social haya trabajado en la Penitenciaría y hoy estén todos beneficiados. Lo que yo denuncio en esta causa es que a mí ellos mismos me dijeron en el Municipio, Pomphile y Pierina, que ‘hay una casa de un geriátrico de una mujer que se está muriendo; andá y metete porque supuestamente era del municipio y después nosotros arreglamos todo lo legal’. Cuando fui, vi que la casa estaba todo ordenado y limpito, pero pensé que no es legal hacer eso y si esta mujer tiene familiares, quién soy yo” para usurpar la vivienda, mencionó.

Miranda relató que “en San Francisco se mataban a tiros por quién vendía la droga más barata y más cara. Ni siquiera por comida y nadie me creyó y se tapó todo siempre. No era un lugar para ir a vivir con un nene discapacitado. Si no me devuelven esa casa en el San Francisco, que el municipio me de otra porque yo hice todos los méritos y esfuerzos como para tener lo que me corresponde. Menos mal que tengo a mi mamá abogada porque de lo contrario ¿tendría que pagar yo quien me asesore, teniendo la comuna abogados?”.

“No es casual que los Rojo supieran que la casa estaba sin ocupantes porque estaba la sucesión en trámite. ¿Qué saben ellos de una sucesión en curso?. No lo pude grabar pero uno de los Rojo me lo dijo y Pierina lo reconoció en la reunión que tuvimos, que ella no les dijo que se metieran, pero que cuando los Rojo fueron a hablar ella les dijo que la sucesión estaba en trámite. En el municipio nos propusieron hacer un convenio de desocupación pero nos negamos, porque con eso estaríamos avalando que alguien los dejó entrar”, finalizó.

Derechos por su hijo

Miranda reclamó el cumplimiento de los derechos que le asisten a su hijo por la discapacidad que sufre (mielimelingosele con hidrocefalia). “Así tendría que ser con todos los que están en una situación similar; si otros no hacen valer esto, es problema de cada uno. Me dicen ‘vos usás a tu chiquito’ y yo digo que no; es por ley. Me dicen que uso a mi hijo como escudo. Si yo quería usar a mi hijo, con 35 años no hubiera empezado a estudiar otra vez, ganar una carrera que amo como Enfermera Profesional y hoy estoy trabajando. Si tuviera otra mentalidad me dedicada a vivir de subsidios. En la calle me cruzo con gente que me dice ‘vos sos la que prendiste fuego la casa sola’ y la que me dice ‘vos sos un ejemplo porque te esmeraste a pesar de todo’; y me quedo con esta última gente”, indicó. Agregó: “Yo viví con la Asignación Familiar durante mucho tiempo y estoy agradecida pero uno tiene que aprovechar eso para crecer y salir. Si se va este gobierno, el que viene saca la Asignación Familiar y te quedaste ‘en pampa y la vía’; te acostumbraste al asistencialismo. Yo hasta quiero salir de ese asistencialismo que me dan, que si quiero no lo recibo más y (al alquiler) me lo pago yo, pero cómo hago para que me devuelvan mi casa”.

Advirtió que busca ser un “ejemplo” para sus hijos. “Tengo tres varones que no quiero que permitan este asistencialismo y que la vagancia vale. Demostré que no quería vivir con la pensión de mi hijo discapacitado, que era humillante, y que si no laburaba es porque me discriminaban. Vendí pasteles y pizzas en el parque. Hice diez mil cosas ganarme un mango dignamente; sin salir a robar ni a prostituirme. No voy a permitir que lo poco que logré con esfuerzo me lo quiten. Muchos pueden estar pasando lo mismo y les advierto al que tenga terreno, lo cerque; si tienen una propiedad, paguen porque va a venir esta gente que pone dos chapitas y dice ‘total, quién me va a sacar con los pibes’. Hay que hacer cumplir la ley. Tomaron la casa de mi hijo discapacitado y eso es lo que más me duele. Al perder yo pierde mi hijo y yo le quiero demostrar a él que tiene derechos como todos a tener lo que le corresponde”, amplió.

 POMPHILE NO SABÍA DE LA DENUNCIA PENAL

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“No sabía que había hecho una denuncia penal. Me estoy enterando por ustedes. Sabía que había hablado en una radio y en el canal, pero lo de la denuncia penal no lo sabía. No sé por qué lo hace porque siempre hemos tenido buen diálogo. Siempre hemos tratado de darle una mano cuando lo ha pedido, siempre hemos estado presente”. La expresión surgió anoche de Olga Pomphile (foto), secretaria de Desarrollo Social, cuando fue consultada telefónicamente desde esta redacción.

La funcionaria fue interrogada respecto de la denuncia penal y pública de María Soledad Miranda, que denunció supuestas maniobras de funcionarios de la actual gestión para ubicar a personas sin techo en viviendas momentáneamente deshabitadas.

“Hubo una reunión donde se le dijo que nosotros jamás haríamos una cosa como esas, que es pedir que alguien se meta en un lugar porque no corresponde y porque no somos quiénes para meternos en propiedad ajena. Lo negamos rotundamente. Nos reunimos con esta familia que está usurpando (en la casa de calle Miñana), les comentamos que los dueños quieren recuperar la casa y nos dijeron que están buscando lugar. Nos comprometimos a darle una mano para poder alquiler”, indicó y agregó: “Yo no puedo estar en las palabras de nadie y no sé por qué dice que desde el municipio se dice eso, que es una barbaridad”.

Pomphile confirmó que Miranda recibe un subsidio para el alquiler de una casa, y que dicho beneficio fue originado por la gestión de Omar Duclós en el municipio. “No podía vivir en esa casa. La deja desabitada y se le alquila una vivienda. La casa del San Francisco, que estaba desabitada, durante un año se hizo un convenio donde, a cambio del alquiler que ella recibía para poder alquiler un departamento cercano al hospital, ella prestaba su casa por si había una familia en situación extrema que no tenía dónde ir; entraba en ese hogar transitoriamente, por poquitos días. Es así que muchas familias estuvieron ahí, pero ese convenio está vencido”, explicó.

“En un momento dado entra una chica con unos nenes y a partir de ahí esa chica no se quiere ir de la casa. De todos modos Soledad Miranda siempre siguió cobrando el alquiler, lo sigue cobrando hasta el día de hoy y nosotros a partir de ahora, que ella se acerca al municipio y dice que quiere recuperar su casa, lo estamos hablando con la chica que está ocupando que me dijo que la semana que viene estaría en condiciones de retirarse de la casa”, agregó.

Acerca de la supuesta sugerencia de ocupar una casa cuya dueña estaría en un geriátrico, la secretaria de Acción Social respondió: “No, en absoluto. Es una barbaridad. Nunca se le dijo una barbaridad como esa; jamás. No es así”. “Si ha hecho la denuncia, cuando nos llamen iremos a declarar. No hay ningún problema, todo lo contrario. Jamás haríamos algo como eso que ella dice porque es ilegal, además, nunca podríamos hacer algo así. Sinceramente no sé porqué lo dice. Todas las trabajadoras sociales estábamos sorprendidas cuando decía eso”, concluyó.