. La orden para el desalojo del predio había quedado firme el mes pasado

Después de que el Fiscal que interviene en esta causa penal pidiera en las últimas horas una prórroga que finalmente no le fue otorgada, la Jueza de Garantías libró el pasado jueves una nueva orden de desalojo que se llevó a cabo ayer, teniendo en cuenta que esa medida ya había adquirido rango de firmeza a fines del mes pasado. Además, fue intimado para que en un lapso de treinta días abandone el predio un ciudadano de nacionalidad colombiana que semanas atrás no había podido ser notificado de esa decisión judicial.

El facsímil de una de las fojas del dictamen firmado por una jueza de Garantías, resolución que se tradujo en el desalojo que ayer se llevó a cabo en ese predio donde el STMA tiene previsto construir viviendas para sus afiliados.

Javier Barda, el fiscal titular de la UFI 13, está instruyendo una causa penal caratulada como usurpación de inmueble por este caso.

Como denunciante en ese sumario figura el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul que actualmente conduce Luciano Varela, teniendo en cuenta que en el predio que ayer fue desalojado ese gremio tiene previsto construir viviendas para sus afiliados.

El funcionario judicial había pedido a la Jueza de Garantías que también interviene en la tramitación de ese expediente una prórroga de veinte días para que se hiciera efectivo ese “desalojo compulsivo” que en su momento fuera ordenado y que, finalmente, se hizo ayer.

Al respecto, hay que recordar que en mayo pasado esa medida ordenada por Magdalena Forbes, la titular del Juzgado de Garantías número 1, había adquirido rango de firmeza, ya que en una segunda instancia fue confirmada desde la Cámara Penal con sede en el tercer piso del Palacio de Justicia local.

El pedido más reciente formulado por el Fiscal, relacionado con diferir el desalojo por un plazo de veinte días, fue el que ahora no prosperó.

La Jueza de Garantías rechazó la solicitud y, en consecuencia, ordenó expulsar a esas personas que de manera ilegal venían desde hacía varios meses ocupando el predio convertido ayer a la mañana en escenario de este procedimiento.

En el mismo dictamen, además, fue librada una orden de intimación para que se vaya del predio uno de los hombres que -también de manera ilegal- lo venía ocupando junto a las demás personas a las que ayer desalojaron compulsivamente y con intervención policial mediante.

En ese caso, en lo dispuesto se mencionó que a ese hombre -que en su momento no había podido ser notificado- se le dio ahora un nuevo plazo de treinta días para que se vaya del predio, algo que de no hacer derivará en que también sea desalojado con la intervención de la fuerza pública, tal como ayer sucedió con los demás ocupantes de esos terrenos donde el STMA tiene previsto construir viviendas para sus afiliados.

“... deberá intimarse a Rubello Morales Díaz y a toda otra persona de las mencionadas en las actas... que aún no haya sido anoticiada fehacientemente, a que en el término de 30 días corridos (no pudiendo tal plazo ser reducido a 20 días, en desmedro y perjuicio de los derechos del nombrado, máxime cuando su situación se encuentra en igualdad de condiciones a la de los restantes ocupantes que ya han sido notificados de lo dispuesto en autos) desocupe voluntariamente el terreno que ocupa, bajo apercibimiento de procederse al desalojo compulsivo del prealudido terreno, tanto de personas como de bienes y objetos”, había señalado en particular en el dictamen sobre la situación de ese hombre -que es de nacionalidad colombiana- la jueza Forbes.

Dicha persona no había sido notificada del desalojo cuando el pasado 4 de mayo de este año se ordenó en primera instancia esa medida, una decisión que tres semanas después la Cámara Penal confirmó.

En aquella oportunidad, los demás hombres, mujeres y niños afincados en ese predio que desde meses atrás venían ocupando de manera ilegal sí habían podido ser informados desde la Justicia con relación a que tenían que abandonar esos terrenos.

El 24 de mayo pasado la Cámara Penal de Azul confirmó el desalojo del predio que veinte días antes había dispuesto la jueza Forbes y que recién ayer se pudo hacer efectivo.

En ese contexto, la titular del Juzgado de Garantías número 1, en el dictamen más reciente también mencionó: “... en este cuadro de situación, modificar el plazo de intimación de 30 días originariamente estipulado implicaría apartarme de lo ya resuelto, haciendo caso omiso de lo sentenciado -incluso- por el Superior (en alusión a lo que fuera resuelto sobre esta cuestión desde la Cámara Penal)”.

“Vale decir -continuó escribiendo en la resolución la jueza Forbes-, entiendo que la orden impartida el 4 de mayo próximo pasado se encuentra en condiciones de ser ejecutada respecto de todos aquellos ocupantes que hayan sido debidamente intimados con más de 30 días de anticipación al día de la fecha; pero que por el contrario, aún se encuentra pendiente de cumplimiento lo allí dispuesto respecto de este ciudadano (el cual destaco, aún a riesgo de resultar reiterativa, ya se encontraba ocupando el inmueble en cuestión al momento de habilitar la medida requerida por el Sr. Fiscal)”.

El dato 

Según lo informado por voceros de seguridad ligados a lo que fue ayer el  operativo realizado en ese predio -conformado por dos manzanas y que está situado en cercanías al Barrio Mariano Moreno, a la altura de las calles Rauch y España, entre Catamarca y Calle 8- del mismo modo que se hizo el desalojo también fue notificado oficialmente que deberá irse del lugar ese hombre que hasta el momento no había podido ser informado de tal resolución.

“LO NUESTRO ES ESTAR CON LAS FAMILIAS”

“Queremos saber qué solución definitiva pueden tener como para que puedan tener un techo”, expresó Diego Fernández, el defensor General Departamental. NACHO CORREA

Diego Fernández, el defensor General del Departamento Judicial Azul, estuvo presente ayer en el predio cuando se llevó a cabo el desalojo.

Su participación en la causa penal que se iniciara luego de esa denuncia radicada meses atrás desde el STMA había incluido, entre otras cosas, que apelara la decisión de expulsar a las familias de esos terrenos que ocupaban de manera ilegal, algo que no prosperó cuando ese recurso fuera presentando en una segunda instancia por el funcionario judicial ante la Cámara Penal.

Según dijo, desde la secretaria de Derechos Sociales de la Defensoría General a su cargo se les está brindando representación a estas personas, en el marco de este proceso que ayer se tradujo en el ya referido desalojo.

Sobre el destino de estas familias, Fernández señaló: “La idea es hablar con la gente de Desarrollo Social (de la Municipalidad de Azul) para ver cuáles son las propuestas que pueden tener estas familias con chicos para poder garantizarles una vivienda digna”.

Más allá de la contingencia, el funcionario judicial indicó que también “queremos saber qué solución definitiva pueden tener como para que puedan tener un techo”.

Durante el desalojo, se dudaba en el predio si el procedimiento estaba convalidado en el marco de la causa que derivó en la ejecución de esa medida ordenada por la titular del Juzgado de Garantías número 1.

Al respecto, el funcionario judicial aclaró que, en realidad, “lo que había era una familia que no había sido notificada. El Fiscal pidió una prórroga, pero la Jueza rechazó ese pedido”.

Sobre el desalojo que se estaba concretando, opinó que “momentos de tensión se pueden dar. Pero la idea es tratar de buscar siempre un diálogo y consenso para que la gente pueda tener lo más importante, que es un lugar donde estar y resguardarse del frío”.

“Lo nuestro es estar con las familias, para que ellos puedan sentirse tranquilos de que puede haber una solución y que tengan cierto nivel de garantías”, apuntó también el funcionario judicial, que durante el desalojo tuvo que mediar en varios momentos complejos que originó la medida.