. La Universidad del Centro en una compleja situación

La UNICEN y otras 56 casas de estudios  en todo el país no iniciaron el segundo cuatrimestre en reclamo de la paritaria de los docentes del sector y del recorte presupuestario que aqueja a la educación superior.



Se realizó en el pabellón de la Facultad de Derecho de la UNICEN, una asamblea Interclaustros para abordar la situación económica que atraviesa la universidad. De la misma participaron autoridades de la casa de estudios, docentes, alumnos y representantes gremiales, contando además con la presencia de integrantes de agronomía quienes fueron parte de la convocatoria y expusieron su situación. La decana de Derecho Laura Giosa expresó entre otros conceptos  “como se ha expresado en el Consejo Superior no estamos en una crisis ya, pero si a punto de entrar en ella por las deudas que el Estado mantiene con la Universidad Nacional del Centro” sostuvo. Durante los últimos años se ha girado menos dinero para el funcionamiento de la Universidad, deuda que hoy se estima en 75 millones de pesos. Por otra parte tampoco se han actualizado los montos estipulados, lo cual sumado a la devaluación e inflación han generado una situación muy compleja.  Si bien el financiamiento está estipulado por leyes nacionales, las mismas no se están cumpliendo.

Por otra parte se dio a conocer que en lo que va del año, se mantuvo una sola reunión paritaria, donde se ofreció un incremento salarial de 10,8 %, lo cual fue desestimado categóricamente por los gremios docentes, ante la realidad que se vive.

Al conflicto docente y a las demoras del Gobierno en el envío de partidas para gastos se suma la parálisis de las obras de infraestructura. Un informe del CIN señala que el 84 por ciento del financiamiento que tenía ese fin corresponde a obras no iniciadas o discontinuadas.

Finalizando la asamblea, se buscaron definir acciones en el marco del plan de lucha que se lleva adelante.

El recorte en números

Un nuevo informe elaborado por el IEC-CONADU sobre la evolución de las finanzas del sistema universitario público argentino contabilizó que el Gobierno de la alianza Cambiemos realizó en el primer semestre del año un recorte de más de 1000 millones de pesos al presupuesto asignado por el Congreso Nacional para 2018. Además, en el período que va de enero a junio, el Poder Ejecutivo retuvo pagos por nada menos que 13.500 millones de pesos. La síntesis de ese informe fue puesta en circulación a mediados de julio y se puede acceder a ella:  http://iec.conadu.org.ar/noticias/los-numeros-del-ajuste...

En lo que se refiere al recorte directo, la cifra exacta es de 1.056,4 millones. La mayoría fueron sustraídos de los fondos que maneja la Secretaría de Políticas Universitarias, con áreas muy afectadas como las de Proyectos Especiales (que perdió el 90,9% de lo previsto); Infraestructura (-40,3%) y Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior (-31,2%). También se recortó aquella línea destinada al fomento de la investigación de los docentes universitarios (-3,7%).

Pero, a su vez, como ocurrió desde su llegada al poder, Cambiemos realiza una sistemática subejecución de las pautas presupuestarias que, en los hechos, se traduce en un nuevo ajuste por inflación. Este semestre, esa demora en los pagos alcanzó a 13.552,4 millones de pesos. Quiere decir que la SPU no pagó un cuarto (24,9%) de un financiamiento que ya de por sí era exiguo. Las cifras de subejecución son alarmantes en Proyectos Especiales (100%), el Programa Bec.Ar (93,7%) y Gastos para Funcionamiento (73,3%), pero también son graves en los rubros Investigación de los Docentes Universitarios (53,5%) y Financiamiento de los Hospitales Universitarios (49,5%).