A DOS AZULEÑOS . Los acusan de vender estupefacientes y quedó confirmado que seguirán presos

Las prisiones preventivas que les habían sido dictadas a dos azuleños que son investigados por una infracción a la Ley 23.737 fueron confirmadas desde la Cámara Penal, informaron voceros judiciales a EL TIEMPO.

Ambos imputados habían sido arrestados el 9 de agosto pasado, durante allanamientos que personal policial realizara en los inmuebles donde respectivamente residen, viviendas que se encuentran ubicadas en Villa Giammátolo de esta ciudad.

Esas diligencias finalizaron con los secuestros de estupefacientes que, de acuerdo con lo que se sostiene por parte del Fiscal que continúa llevando adelante una investigación penal, tenían en su poder para comercializar bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo" los dos varones que siguen presos.

Hugo Darío Panario, de 30 años de edad, y Kevin Gabriel Madrid (29) se llaman los imputados que tiene esta causa y para quienes, días atrás, desde la Cámara Penal quedaron ratificadas sus prisiones preventivas como los probables autores de los delitos de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor en concurso ideal con comercialización propiamente dicha.

Las vigencias de ambas medidas cautelares fueron dispuestas por Carlos Pagliere (h) y Damián Cini, luego de que ambos magistrados rechazaran en esta segunda instancia sendos recursos de apelaciones que habían formulado las abogadas de los encausados. En el caso de Panario, la defensora Oficial Adriana Hernández. Y en el de Madrid, la defensora Particular Luz Lapasta.

Esa última abogada mencionada había solicitado también, en subsidio, que a su cliente le fuera concedida una morigeración de prisión, un pedido que tampoco prosperó ante dos de los jueces que integran actualmente la Alzada departamental con asiento en el tercer piso del Palacio de Justicia local.

Escuchas y más pruebas

"Puede concluirse que, a raíz de las escuchas telefónicas introducidas a esta investigación, se han determinado -con la probabilidad de este estadio procedimental- actos y/o acciones específicas que acreditan actos de comercio de sustancia ilegal con terceros, a quienes les vendían la sustancia", escribió el camarista Pagliere (h) en lo resuelto al aludir a las conductas endilgadas a los dos azuleños que siguen presos.

Además, esas escuchas a los teléfonos intervenidos de los investigados -una de las evidencias incorporadas a esta causa penal- servían para apreciar "el léxico característico de la comercialización de estupefacientes". Una circunstancia que, "en una valoración conjunta" con más indicios probatorios, llevaban a los camaristas a "presumir unívocamente que Panario y Madrid tenían los estupefacientes que fueron hallados en su poder con fines de comercialización a terceros".

En lo resuelto en esta segunda instancia se hizo alusión también a "las conductas desplegadas por los imputados, consistentes en sus participaciones en la comercialización de estupefacientes. Ya sea en carácter de proveedores, en un caso, o desarrollando tal actividad en la modalidad 'delivery', en el otro".

Las prisiones preventivas para ambos investigados habían sido decididas en una primera instancia por Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 que entiende en esta causa relacionada con una infracción a la ley de estupefacientes. Un sumario penal que desde la UFI 22 continúa instruyendo el fiscal Lucas Moyano.

"La cautelar dispuesta -que el titular de Garantías 3 ordenara el pasado 24 de agosto- resulta necesaria a los fines de aventar los peligros procesales de elusión de la justicia y la misma resulta proporcional, sopesando el tiempo que (Panario y Madrid) llevan privados de su libertad (desde el 9 de agosto de 2023) en relación a la pena en expectativa que se desprende de los tipos endilgados (cuatro años en su mínimo y quince años en su máximo)", se menciona en lo resuelto desde la Alzada.

"En suma, en virtud de los riesgos procesales mencionados y del tiempo que se encuentran detenidos, se advierte que -por el momento- la prisión preventiva resulta necesaria y proporcional", escribió también el camarista Pagliere (h) y a lo sostenido adhirió con su voto el juez Cini, el actual presidente de la Cámara Penal.

Arrestados

El pasado 9 de agosto, allanamientos realizados por efectivos de la DDI Azul finalizaron con los arrestos de Panario y Madrid, luego de que esas diligencias tuvieron como escenarios los inmuebles de Azul donde ambos encausados residen, los cuales se encuentran ubicados en el barrio Villa Gimmátolo.

Según se sostiene a través de lo investigado, hasta que resultaran aprehendidos ambos se dedicaron, al menos desde abril de este año, a comercializar estupefacientes al menudeo.

Desde la Acusación se refiere que esa actividad ilícita era desarrollada por los acusados desde los respectivos domicilios donde residen. Y que también, en algunas ocasiones, la droga la vendían bajo la ya referida modalidad conocida como "delivery".

El resultado de las diligencias que hiciera personal policial ese día en que Panario y Madrid fueron aprehendidos continúa valorándose como una prueba que los incrimina a ambos en esta infracción a la Ley 23.737 por la que siguen presos en una unidad penal.

Con relación a Hugo Darío Panario, efectivos policiales de la DDI Azul lo habían aprehendido en la casa donde se domicilia, tras el mencionado allanamiento.

A través de esa diligencia se hallaron e incautaron más de 53.000 pesos, un teléfono celular, recortes de nylon y ocho envoltorios que contenían cocaína que, en su totalidad, había pesado algo más de diez gramos.

En tanto, el pasado 9 de agosto Kevin Gabriel Madrid fue arrestado en la vía pública, cuando se trasladaba con otro sujeto en un Ford Focus que los efectivos de la DDI Azul, luego de que también fuera allanado el inmueble donde vive el acusado, interceptaron en Lavalle entre Avenida Perón y Olavarría.

Al ser requisado, uno de los imputados por esta infracción a la Ley 23.737 tenía cuatro envoltorios con cocaína que en total pesaron más de tres gramos, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Además, en el allanamiento que se hizo aquel día en la casa donde vive en Villa Giammátolo los efectivos de seguridad recogieron un celular y blisters de chips de telefonía móvil.

El dato

Los dos imputados que tiene esta investigación penal relacionada con una infracción a la Ley 23.737 continúan privados de la libertad en la Unidad 2, una de las cárceles del SPB ubicada en el complejo penitenciario que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica.