. "Los azuleños nos debemos un debate"

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Así lo expresó la concejal Estela Cerone al hablar ayer con este diario sobre el proyecto para que el Partido de Azul adhiera e implemente el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Explicó que “es un tema de debate, urticante, que la sociedad tiene que empezar a hablarlo”.

 

EL DATO:

El “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” es una versión revisada y actualizada en abril de 2015 de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010. Lo que se actualizó en el Protocolo fue la información médica, bioética y legal y su aplicación es obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas.

 

En la última sesión del Concejo Deliberante, la concejal Estela Cerone presentó un  proyecto de Resolución para declarar de Interés Comunitario y adherir al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” para su implementación en todo el Partido de Azul.

El proyecto, que pasó a comisión para su estudio, es impulsado por Cerone y cuenta con el acompañamiento en las firmas de los concejales Alicia Zubiría, Ulises Urquiza, Maya Vena y Martín Laborda.

La edil advirtió que es “un tema urticante” que debe ser debatido porque entendió que los azuleños “nos merecemos tener una sociedad y una salud más justas”.

El Protocolo contempla cuatro situaciones concretas para la interrupción legal del embarazo y una serie de principios rectores a seguir. Además, es de aplicación obligatoria en todo el país.

 

Cuatro situaciones específicas   

En un principio, Cerone advirtió que el proyecto busca adherir al mencionado Protocolo que ya están adoptando otros municipios, como es el caso de Rosario, y el cual “es parte de un debate nacional”.

Este Protocolo es la actualización de lo que fue la “Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles” y si bien no se modifican los derechos -que ya establecía el Código Penal desde 1921- “sí se revisan y queda absolutamente claro cómo se debe implementar, contando además con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2012 reguló y reglamentó cuándo la interrupción legal del embarazo está permitida en nuestro país”.

En este sentido, indicó que son cuatro las situaciones que el Protocolo contempla para la interrupción legal: cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y ese peligro no puede ser evitado de otro modo; cuando el embarazo proviene de una violación; cuando la violación se produce sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental; cuando el embarazo altera la salud física, emocional o psíquica de la mujer.

“En todos los establecimientos públicos y privados se debe poder garantizar este derecho aplicando el Protocolo”, consignó, a lo que agregó que “los médicos pueden ser objetores de conciencia. Esa objeción debe ser individual, no puede ser que en todo un hospital, todo el cuerpo médico se plantee como objetor de conciencia. En el caso que eso ocurriera, tienen que ver cómo lo resuelven”.

Otra cuestión que establece, es que si bien el médico debe plantear los riesgos “de ninguna manera se puede interferir sobre la decisión de la mujer”.

Advirtió que el Protocolo no sólo involucra a los médicos, sino también a todo el personal de los centros asistenciales “porque son casos absolutamente privados de una mujer que llega con una situación terrible”.

 

“Un tema urticante”  

En otro tramo de la nota, Cerone indicó que “esta problemática siempre me interesó porque va la vida de las mujeres en esto. Es un tema de debate, un tema urticante, que la sociedad tiene que empezar a hablarlo”.

Y en este punto, señaló que “yo vengo luchando por los derechos de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Por eso convocamos también al Ejecutivo, porque los centros sanitarios que están diseminados por la periferia de la ciudad tienen que estar porque ellos son los que escuchan, los que saben la cantidad de niñas de 11, 12, 13 años que vienen con situaciones de embarazos no queridos y que toman medicación o cualquier otra medida para abortar”.

Sobre esto último, advirtió que “y es así como hemos visto que llegan en estado alarmante a los hospitales, corriendo peligro su vida porque se ha realizado un aborto de manera clandestina”.

En contrapartida, sostuvo que eso no ocurre con las mujeres de clase media o alta “porque tienen los medios para hacerlo y porque, en muchos casos, sabemos que son objetores de conciencia en los centros de salud públicos, no lo son en los privados.

Acá hay un altísimo nivel de hipocresía en la sociedad”.

La edil dijo que “como representante del pueblo y como mujer, tengo que avanzar sobre los derechos de protección de las niñas, las jóvenes y las mujeres, por eso presenté este proyecto. Argentina que ha avanzado tanto en los derechos, sin embargo está trabada en este tema porque nuestra Presidenta no acuerda. Más allá de que respeto absolutamente la conducción de Cristina, en este aspecto no soy obsecuente, y considero que los temas religiosos no tienen que estar de por medio”.

 

“Largo camino”    

La concejal Cerone reconoció que la implementación del Protocolo en Azul “va a llevar un largo camino”, que comenzará con la convocatoria a reunión para comenzar a hablar el tema a representantes de Región Sanitaria IX, de los tres hospitales municipales (Azul, Chillar y Cacharí), al Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UNICEN y del Departamento Ejecutivo.

Por lo pronto, el proyecto pasó a la comisión de Salud del Concejo Deliberante para su análisis. “Voy a tratar de apurar el tema con el concejal Sáenz que es el presidente de la comisión, así convocamos a la brevedad a todos estos sectores y después se verá. Pero hay algo cierto: de todas estas reuniones debemos concluir que en Azul se aplique este Protocolo que es obligatorio. No puede haber otra conclusión”, sostuvo.

Ante el comentario de que seguramente habrá sectores de la sociedad que se opongan, la concejal apuntó que “esta bien, pero hay que ajustarse a la ley. Que uno no esté de acuerdo con lo que la ley dice, no quiere decir que una pueda infringirla. La ley es ley” y luego añadió para finalizar que “los azuleños nos debemos un debate y nos merecemos tener una sociedad y una salud más justas. Si logramos reducir el nivel de mortalidad infantil como lo hemos hechos, también tenemos que tener el cero por ciento de mortalidad materna por casos de interrupción de embarazos de manera clandestina”.

OTROS ASPECTOS DEL PROTOCOLO

A partir de las cuatro situaciones que el Protocolo contempla para la interrupción legal del embarazo, indicó que “ahora no se necesita hacer una denuncia policial, lo que significaba revictimizar a la víctima, para demostrar que una mujer fue violada, lo que además es muy difícil. Con la simple declaración de la mujer alcanza para que se proceda a la interrupción legal del embarazo”, explicó Estela Cerone.

Añadió que “el médico no tiene necesidad de pedirle permiso a nadie, no necesita de la declaración de la policía ni de la intervención del Poder Judicial. Puede optar según su real saber y entender, a partir de lo que la mujer le dice”.

No obstante advirtió que si se presenta una mujer alegando, por ejemplo, que el embarazo la afecta psicológicamente “seguramente va a pedir una consulta con el psiquiatra y si esta determina que está en riesgo la salud, se procede a la interrupción”.

Cabe señalar que el concepto de salud es el que da la Organización Mundial de la Salud, que la define como “el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o afecciones”.

Asimismo, la concejal consignó además que “hay otra cuestión fundamental y es que las niñas no tienen que pedir permiso ni autorización. El Protocolo establece que todas las personas de 14 años o más son consideradas por la legislación absolutamente plenas de discernimiento, por la Convención de los Derechos del Niño”.

El Protocolo también establece que el equipo de salud tiene que brindar un trato humanitario, garantizar la atención clínica adecuada, intercambiar información amplia y completa y ofrecer consejería.

“En cada lugar tiene que haber un equipo interdisciplinario para atender cada caso”, sostuvo.

PRINCIPIOS RECTORES

De acuerdo a lo que establece el Protocolo, los principios rectores para la interrupción legal del embarazo debe guiarse fundamentalmente por el principio de autonomía.

Todas las actitudes y prácticas de las/los profesionales de la salud deben estar destinadas a que, en base a la información veraz, adecuada y completa que se le brinde, la mujer pueda tomar la mejor decisión posible para ella.

Otros principios son el de accesibilidad, es decir, no deben interponerse obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la interrupción; no judicialización, esto es que la interrupción debe ser practicada por el equipo de salud sin intervenciones adicionales, sean médicas, administrativas o judiciales. El mandato de no judicialización implica que con la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuadra en las circunstancias que legalizan la interrupción.

En lo que hace a la confidencialidad, lo define como el derecho de la mujer a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica guarde la debida reserva.

También establece la privacidad, es decir que los servicios donde se lleven a cabo estos procedimientos deben respetar la privacidad de las mujeres durante todo el proceso; la celeridad/rapidez, o sea a las mujeres que soliciten o requieran que se les realice una interrupción se les debe garantizar una atención ágil e inmediata; y por último, la transparencia activa, es decir que los profesionales de la salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar toda la información disponible a lo largo de todo el proceso de atención.