. Los cuatro policías detenidos por corrupción no declararon

Las indagatorias en los Tribunales de Azul se hicieron el viernes y ayer. Después, a los efectivos de seguridad los trasladaron a la cárcel de Alvear, el penal donde están presos ahora.
Los policías no declararon. Ahora están presos en la Unidad 30. A la cárcel que está en General Alvear los trasladaron ayer. NACHO CORREA
Ninguno de los cuatro policías que están siendo investigados por hechos de corrupción y habían sido detenidos el jueves que pasó declaró cuando fueron indagados en Tribunales. Mientras que dos de los efectivos de seguridad fueron llevados al Palacio de Justicia local el viernes último, a los otros los indagaron durante la mañana de ayer.
En esa causa penal que instruye el fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI 1 departamental, a los policías de la Bonaerense -entre los que hay dos azuleños- los acusan de asociación ilícita, cohecho pasivo y omisión ilegítima de los deberes de funcionario público.
En las audiencias llevadas a cabo ayer y el viernes que pasó, dos de los funcionarios policiales estuvieron patrocinados por un mismo Defensor Particular. En tanto, un Defensor Oficial está representando en la causa a otro de los efectivos procesados. Y el cuarto de los imputados tiene también un abogado particular.
Tal lo que ya fuera informado, una serie de allanamientos simultáneos llevados a cabo en los destacamentos de Seguridad Vial de Azul, Tandil, Las Flores y Monte se tradujeron el jueves que pasó en las detenciones de los policías, a quienes también les requisaron sus vehículos y les allanaron sus viviendas.
Todos pertenecientes al Área de Seguridad Vial, voceros ligados a la instrucción de esta causa penal los habían identificado como Emiliano José Sparaíno, nacido en Azul y de 36 años años; José Luis Arrubia, también oriundo de esta ciudad y de 48 años; Javier Enrique Murray (47), que había sido detenido en Las Flores; y Raúl Exequiel Ferreyra, de 34 años y arrestado durante el allanamiento en el destacamento que está en Monte.
Hasta su detención, el subcomisario Sparaíno estaba a cargo del Destacamento de Seguridad Vial de Tandil, cargo que ocupaba desde marzo pasado.
En tanto, los demás acusados desempeñaban funciones en las seccionales policiales de Azul, en el caso del capitán Arrubia; Las Flores, donde trabajaba el oficial Subinspector Murray; y Monte, el lugar en el que realizaba tareas el también capitán Ferreyra.
En esa causa penal que se instruye, a Ferreyra lo está patrocinando el abogado Rodolfo Baqué: mientras que el defensor Oficial Diego Prado hace lo propio con Murray. A los policías azuleños, en tanto, los defiende otro abogado de la matrícula: Néstor Musa.
El viernes por la tarde habían sido llevados a Tribunales Ferreyra y Murray; mientras que ayer esas indagatorias en las que tampoco declararon los tuvieron como protagonistas a los efectivos azuleños: el capitán Arrubia y el subcomisario Sparaíno.
Hasta ayer los policías habían permanecido detenidos en la Delegación Azul de la Policía Federal y en la subdelegación de esa misma fuerza de seguridad que está en Tandil.
Posteriormente los trasladaron a la Unidad 30, la cárcel del SPB que está en General Alvear en donde ahora permanecen privados de la libertad estos cuatro efectivos de seguridad investigados por hechos de corrupción.
Los traslados de los imputados a esa unidad penal habían sido dispuestos por el mismo juez que ordenara sus detenciones, los allanamientos y las requisas: Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías número 3 con sede en los Tribunales de Azul.

El dato 
Una cuestión que no es para nada menor en toda esta investigación apunta a los superiores jerárquicos de los policías que están presos. Según se sospecha y está tratando de probarse, las maniobras ilícitas que les imputan a los capitanes Arrubia y Ferreyra, al subcomisario Sparaíno y al oficial Subinspector Murray no serían desconocidas para quienes eran sus jefes. Es por eso que se está tratando de determinar ahora si también esos funcionarios policiales recibieron dinero por las presuntas coimas que al parecer cobraban los efectivos de seguridad procesados.

SOCIOS PARA EL DELITO
Cuando el pasado jueves el fiscal Marcelo Fernández encabezó el allanamiento que se hizo en el Destacamento de Seguridad Vial de Las Flores y demás funcionarios judiciales hicieron los otros en las ciudades de Azul, Tandil y Monte, todos esos procedimientos contaron con apoyo de policías de la Federal.
Además de las detenciones de los policías, se hallaron e incautaron diferentes elementos considerados de interés para esa investigación penal iniciada luego de una denuncia anónima que había sido radicada en Tandil, según el fiscal General de Azul Marcelo Sobrino refiriera en diálogo con los medios el día de realizados estos procedimientos.
Concretamente, se está investigando lo sucedido entre enero y el transcurso de este mes con el accionar de los efectivos de seguridad ahora implicados en estos hechos de corrupción.
Las pruebas colectadas hasta el momento, entre las que se incluyen más de seiscientas horas de escuchas surgidas de intervenciones a los teléfonos de los efectivos de seguridad que están presos, señalan que los imputados integrarían de manera organizada lo que ha sido definido como “una asociación” cuya finalidad era cometer ilícitos en ese ámbito jurisdiccional delimitado por las dependencias de seguridad donde trabajaban.
Al respecto, se ha mencionado que había sido desarrollado un circuito por parte de los ahora detenidos desde las seccionales donde desempeñaban tareas para desarrollar ese accionar delictivo a través de las rutas 3 y 226, que unen a los cuatro destacamentos de Seguridad Vial a los que pertenecían.
Ese corredor está delimitado por las ciudades de Monte y Tandil. Y también, sobre la Ruta 3, se encuentran ubicadas las sedes policiales del Área de Seguridad Vial que funcionan en Azul y Las Flores.
Con el grado de certeza requerido para que después fueran ordenadas sus detenciones, se ha podido determinar también que los cuatro policías, aprovechándose de sus cargos y amparados por el hecho de pertenecer a la fuerza, cobraban coimas. Tanto a diferentes empresas de transportes como a conductores de vehículos de carga y de menor porte.
A cambio de ese dinero que supuestamente percibían, dejaban de realizar los controles de seguridad necesarios. Para eso, por ejemplo, no les pedían documentación de ningún tipo a quienes les pagaban esas coimas. Y eso permitía que los vehículos circularan por las rutas sin la VTV, sin luces o que -en el caso de los camiones- no se verificaran sus cargas, entre otras irregularidades que están mencionadas en esta investigación y habrían cometido los policías que ahora están presos.