13 de enero de 2020

OPINIÓN

OPINIÓN. Los femicidios de Valeria y Valentina: el Estado llega tarde y las señales de la violencia, también

El femicidio nuestro de cada día nos trajo esta semana, entre otras 5 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas, el terrible final de la vida de Valentina Gallina en Olavarría a sus 19 años. Como hemos leído en estos días, Valentina fue asesinada a golpes por quien era su pareja desde hacía algunos meses, Alejandro Diego Ezequiel Pais de 29 años. También leímos que Valentina era hija de Valeria Cazola, asesinada en 2008 también por su pareja, en cuya memoria fue creada hace menos de un año la Casa Popular Valeria, espacio destinado a dar apoyo a mujeres y niñes víctimas de violencias de género.

Por Moira Goldenhörn (*)

Mucho podemos hablar sobre la personalidad y actos violentos de Pais, a quien se le imputa la autoría de un homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por la alevosía en el femicidio (los golpes que causaron la muerte) y por la violencia de género previa que se pudo demostrar a partir de la existencia de lesiones anteriores en la cabeza y cuerpo de Valentina. También supimos que otras mujeres fueron víctimas de su violencia.

Sin embargo, en lugar de ahondar en la explicación y explicitación de las causas que atañen a los femicidas, hace tiempo que intento dar cuenta de la ausencia estatal, y de contención social, que incumbe a las víctimas de violencias. El caso de Valeria y Valentina nos conmueve por la repetición, en el mismo hogar y por diferentes autores, de dos femicidios de madre e hija. ¿En qué estamos fallando como sociedad que no podemos evitar que una joven militante social, huérfana a sus 7 años por el homicidio de su madre, entable una relación con un potencial femicida y termine siendo asesinada por él?

No estamos hablando de una culpabilización de las víctimas, quienes en el círculo de violencia que están inmersas no pueden optar libremente, sino en vacíos sociales a ser cubiertos con políticas públicas eficaces. Necesitamos políticas públicas ante la falta de acompañamiento psicológico especializado y adecuado por parte del Estado y las Organizaciones sociales abocadas a la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias, que ayude a desnaturalizar las violencias de género como pautas de socialización.

La #LeyMicaela es fundamental

En estas acciones estatales la #LeyMicaela es fundamental, porque en funcionarios y funcionarias a cargo de áreas sensibles y especializadas en la materia también falta perspectiva de género, capaz de comprender la desigualdad estructural agravada que pesa sobre les niñes criades en hogares donde las violencias basadas en el género son lenguaje común, aún sin llegar al femicidio de la madre. Es habitual escuchar y leer en papeles judiciales y de los servicios locales que "el Sr. X es un buen padre más allá de la violencia ejercida contra la madre" y con ese fundamento se niegan las medidas cautelares a favor de la protección de sus hijes y se normalizan las situaciones de violencia de género como un problema de "Sr. X con Sra. " incluso culpando a la madre de alterar al Sr. X y propiciar la violencia de la que es víctima y "alienar a sus hijes contra el padre". Pues bien, con esta lógica, pensemos ¿Pudo Valentina comprender que el Sr. Pais, un conocido violento 10 años mayor que ella, se beneficiaba con una relación desigual de poder que la terminó matando?

Probablemente, no. Ni Valentina ni ninguna de las niñas, adolescentas, mujeres y feminidades trans travestis que tienen o tuvieron relaciones con personas violentas que se aprovechan del estado de vulnerabilidad por diferentes causas: edad, hogares disfuncionales, clase, situación económica, existencia de hijes a cargo... quienes ven en sus padres y parejas un salvador y protector en sus vulnerabilidades.

Entonces ¿qué hacemos como sociedad y desde los lugares de toma de decisión para reparar, eficazmente prevenir y consecuentemente erradicar las violencias basadas en el género?

Además de la urgente aplicación de la Ley Micaela, como ya mencionamos, la medida por excelencia para la prevención es la Ley de Educación Sexual Integral, #ESI, que no se puede aplicar hasta el momento debido a la negativa prejuiciosa de grupos fascistas, donde se enseña y aprende entre otras cosas a desnaturalizar la violencia en las relaciones familiares y sexoafectivas porque el amor no lastima ni mata. Otra, en lo referente a la reparación y prevención de futuros daños, está prevista en la Ley Nacional 26.485 y a nivel provincial también por Ley 12.569, es el acompañamiento terapéutico especializado y gratuito para mujeres en situación de violencia de género. Lamentablemente no hay capacitaciones para las acompañantes terapéuticas ni previsión estatal o comunitaria para efectivizar esta disposición legal.

Acompañamiento psicológico

Otra medida es el acompañamiento psicológico especializado estatal y gratuito, también inexistente en nuestra región donde no hay Facultad de Psicología ni abundan les profesionales especializades en la temática siquiera para pericias judiciales.

Finalmente, debemos mencionar también como inexistente el patrocinio jurídico especializado y gratuito, sea desde las Defensorías Oficiales como ONGs defensoras de los derechos de mujeres y disidencias, para mujeres en situaciones de violencias basadas en el género.

Como vemos, pese a las iniciativas de difusión de la problemática, no logramos reducir los índices de violencias ni garantizar derechos mínimos para las víctimas y sus familias. Y planteamos estas cuestiones como posible desafío a asumir en estas nuevas gestiones de la cosa pública en la región, que comienzan en el marco de los buenos augurios que auspicia una decisión política favorable con la creación de los Ministerios Nacional y Provincial de las Mujeres, Disidencias y Equidad. El resto, es organización popular feminista.

(*) Abogada Feminista Docente-Investigadora

PG en Cultura y Comunicación

Maestranda en Cs. Sociales y Humanidades

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