. Los trabajadores de FANAZUL deberán renunciar a todos sus derechos para cobrar la "ayuda social" del gobierno

Ayer los fabriqueros tomaron conocimiento que para percibir aquella ayuda que el gobierno de la provincia y el intendente Bertellys anunciaron, deberán desistir y renunciar “a todos los derechos y acciones que entendiera le pudieran corresponder por su desempeño en FANAZUL como personal contratado”. Esto motivó que los trabajadores decidieran ir hoy al municipio para solicitarle una reunión urgente al jefe comunal, ya que contradice lo que habían acordado frente al juez Federal Martín Bava, en la audiencia que se realizó a principios de este mes.
Ayer por la tarde, en asamblea, los trabajadores decidieron solicitarle una audiencia urgente al intendente Hernán Bertellys. NACHO CORREA
La “ayuda social” que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el intendente Hernán Bertellys se comprometieron a dar a los trabajadores de FANAZUL cesanteados a fines del año pasado ante la decisión del Gobierno Nacional de cerrar la fábrica, no resultó ser tal como se anunció.
Sucede que a cambio de recibirla deben firmar un acuerdo por medio del cual están obligados a desistir y renunciar a todos los derechos y acciones que les pudiesen corresponder por su trabajo en FANAZUL, como podría ser el inicio de algún juicio laboral.
Por este motivo se hizo ayer por la tarde una asamblea en la sede de ATE en la que decidieron que un grupo de fabriqueros concurra esta mañana al municipio para exigir una audiencia con el intendente Hernán Bertellys, ya que el condicionamiento de que deben renunciar a cualquier reclamo no fue lo acordado y firmado en la audiencia que el 3 de mayo convocó el titular del Juzgado Federal N° 1, Martín Bava, a la que concurrieron el jefe comunal, funcionarios de su gabinete y el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas.
En ese encuentro, definieron cómo sería el pago de la ayuda que llegaría de la provincia para los trabajadores de la fábrica de explosivos.
Además, si bien en su momento se había informado que cobrarían la mitad del último sueldo de diciembre multiplicado por los años trabajados, en el acuerdo que trascendió ayer se establece que es hasta el año 2007. Es decir que a quienes tienen más de 11 años de antigüedad, no se les reconocerán todos los años trabajados. Según indicaron ayer, algunos trabajadores sabían este límite, aunque al momento de brindar aquella conferencia de prensa no se detalló.
El acta    
El acta que cada trabajador deberá suscribir con el intendente Bertellys se basa en esa  audiencia y en uno de sus párrafos expresa que “el Municipio procederá a realizar el pago de la prestación de carácter social única, conforme a lo convenido, al personal contratado que desempeñó tareas en FANAZUL hasta el 27 de diciembre de 2017, la que se cuantificará de la siguiente forma: 50 por ciento del canon locativo neto por cada año de locación hasta 2007 inclusive, más medio canon locativo neto por cada beneficiario”.
Luego se explica que la misma se abonará mediante depósito, de la siguiente manera: hasta 100.000 pesos en una cuota; de 100.001 pesos hasta 200.000 pesos en dos pagos iguales, consecutivos y mensuales; y más de 200.001 pesos en tres cuotas, todas ellas iguales, mensuales y consecutivas, siendo el primer pago dentro de los 45 días de lo acordado en cada caso.
“Con el objetivo de efectivizar el pago mencionado por parte del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Azul, éste gestionará por ante quien corresponda una asignación presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires”.
El último párrafo fue el que despertó todas las alertas. Textualmente consigna que “en virtud de lo convenido, el beneficiario viene a suscribir el presente en prueba de adhesión y de conformidad con lo ofrecido… dejando además expresa constancia que con la prestación percibida desiste y renuncia a todos los derechos y acciones que entendiera le pudieran corresponder por su desempeño en FANAZUL como personal contratado”.
“Es una canallada”    
La secretaria General de ATE Seccional Azul, Vanina Zurita, dialogó con este diario al término de la asamblea que se realizó por la tarde en la sede de esa organización gremial.
La dirigente indicó que los trabajadores decidieron ir hoy a las 10 de la mañana al municipio “para solicitar una audiencia con el Intendente porque el acta que les están queriendo hacer firmar, según refiere el gobierno municipal vino de la Provincia, no condice con el acta que se firmó en el Juzgado Federal”, a principios de este mes, cuando el juez Martín Bava convocó a audiencia.
En ese sentido, explicó que “el acta que se firmó tiene que ver con una ayuda social, no con el reproche individual económico que pueden hacer los trabajadores, como sería la indemnización”.
Agregó que los gobiernos provincial y municipal “ahora agregan una cláusula obligándolos a desistir de reclamar cualquier derecho, cuando en la audiencia en el Juzgado Federal en ningún momento se acordó eso”.
Zurita advirtió que “la provincia, en esta lavada de cara que quiso hacer, lo bajó como una ayuda social, entonces no puede pedir que los trabajadores después no reclamen una indemnización al Estado Nacional”.
Para que no queden dudas, aseguró que “en la audiencia en la que estaban el juez Bava, el Intendente, Villegas, los trabajadores y nosotros, quedó bien explícito que no había ningún tipo de condicionamientos. Ahora, que a la hora de firmar el acta pongan condiciones, es una absoluta canallada”.
E insistió que “es una canallada porque es una ayuda social y también porque no pueden pedirle a los trabajadores que vayan en contra de sus propios derechos, como es reclamar al Estado Nacional la indemnización por todo el tiempo que trabajaron en Fabricaciones Militares”.
En ese contexto, señaló que ayer presentaron un escrito “entendiendo que el juez Bava debe poner opinión sobre esto también”.
En lo que hace al reconocimiento de la antigüedad hasta 2007, indicó que “sabíamos ese tope, porque es a partir de ese momento que los trabajadores pasaron de cooperativa a fábrica”.
Consultada si algún trabajador firmó, dijo que sí. “Algunos compañeros firmaron por una cuestión de edad. Pero la inmensa mayoría de los trabajadores todavía no ha firmado nada”, sostuvo por último.
LO QUE SE ANUNCIÓ COMO UNA AYUDA SOCIAL … 
El 3 de mayo pasado estuvo en esta ciudad el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas. Por la mañana participó de una audiencia en el Juzgado Federal y luego dio una conferencia junto al intendente Hernán Bertellys para anunciar el pago de una “contención social” por parte del gobierno bonaerense para los trabajadores que fueron dejados cesantes de FANAZUL.
El jefe comunal dijo en esa oportunidad que “a partir de gestiones que veníamos realizando, el gobierno bonaerense otorgará un fondo para atenuar el desempleo de los trabajadores de FANAZUL y en la audiencia de la que participamos hoy, se diagramó cómo será la entrega de este subsidio”.
Por su parte Villegas, sostuvo que la gobernadora María Eugenia Vidal “tomó la decisión de dar una contención social a estas personas que consiste en darles un beneficio nominativo que se instrumentará a través de una partida presupuestaria específica que hará la Provincia al Municipio y a partir de allí se suscribirán actas de asignación de beneficios individuales de acuerdo a la lista proporcionada por Fabricaciones Militares”.
Además, de acuerdo a lo que se informó a través del parte de prensa municipal, Villegas puntualizó que esos beneficios se calcularían tomando “el valor del contrato al 31 de diciembre de 2017 y el 50 por ciento de dicho valor se multiplicará por la cantidad de años que duró la locación de servicios, a lo que se adicionará medio canon locativo más”, lo que sería medio aguinaldo.