PAIS. MANUAL DE BUEN COMPORTAMIENTO

La obra que le fue encomendada a Vial Agro y otras dos empresas.

La causa de los cuadernos de la corrupción destapó que varias empresas relacionadas con la obra pública habrían pagado coimas durante la gestión kirchnerista. No obstante, las compañías involucradas en el expediente judicial no perderán los contratos vigentes ni se las va a excluir como proveedores del Estado, según informó Perfil.com.

“Lo que no quiere la Casa Rosada es que en plena crisis económica y con pronósticos de recesión se detenga la obra pública. Con ese foco, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la resolución 27/2018 de la Oficina Anticorrupción que determinó una serie de lineamientos que deberán cumplir las compañías vinculadas con irregularidades para no dejar de ser proveedoras estatales y poder formar parte de proyectos de Participación Público Privada (PPP)”, señala el multimedios.

Tal como se informara en una edición anterior de EL TIEMPO, Vial Agro –una de las empresas que tendrá a su cargo la construcción de la autovía de la Ruta 3 y que realizó la presa La Isidora-, aparece en la causa a partir de la mención que hizo en el expediente judicial el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Carlos Wagner, en su declaración como “arrepentido”.

Tan cierto que se sigue adelante con los trabajos preliminares de construcción de la autovía, es que según pudo saber este diario trabajadores de Vial Agro –responsable del corredor A, junto con Paolini Hnos. SA y la italiana INC SpA-, están por estas horas realizando distintos relevamientos en la zona rural del Partido de Azul.

La tarea, de acuerdo con algunos trascendidos, estaría centrada en un mapeo de los posibles recorridos a ser utilizados para el traslado de maquinaria y de los materiales que se afectarán a la construcción de la traza.

De ahí que empleados de la citada compañía estén haciendo un reconocimiento de la traza vial rural para hacer un ordenamiento operativo que les permita dar inicio con los primeros movimientos concretos de recursos logísticos (maquinaria, básicamente) que estarán afectados a la megaobra.

Detalles de la resolución

La resolución 27/2018 de la oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicada hoy en el Boletín Oficial establece que a través de la Ley N° 27.401 se estableció un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los artículos 258 y 258 bis del Código Penal; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, previstas por el artículo 265 del Código Penal; concusión, prevista por el artículo 268 del Código Penal; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, previsto por los artículos 268 (1) y (2) del Código Penal y balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código Penal.

Se establece en el artículo 2° que cada parte “...tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero”. Con relación a las sanciones, el artículo 3° inciso 1 dispone que “El cohecho de un servidor público extranjero deberá ser castigable mediante sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias” y en el inciso 2 se agrega que en el caso de que, conforme al régimen jurídico de una Parte, la responsabilidad penal no sea aplicable a las personas morales, esa Parte “deberá asegurar que esas personas morales serán sujetas a sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter no penal, incluidas las sanciones monetarias por el cohecho de servidores públicos extranjeros”.