En respuesta a una solicitud que formularan días atrás Luz Lapasta y Osvaldo Bolpe, los abogados que lo patrocinan, el beneficio le fue concedido a un joven de 29 años llamado Kevin Gabriel Madrid.

La prisión domiciliaria para el encausado fue dispuesta por Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3.

A modo de pautas de conductas para el acusado por esta infracción a la Ley 23.737, la medida privativa de la libertad que desde ayer martes está cumpliendo en su domicilio implica que Madrid no puede salir de ese inmueble "bajo ningún concepto", debiendo solicitar expresa autorización al magistrado garante en caso de que así lo requiera y "bajo apercibimiento de revocación del beneficio otorgado en caso de incumplimiento", se menciona en lo resuelto.

La morigeración de la prisión preventiva del investigado por esta infracción a la también llamada ley de estupefacientes -una causa penal que tiene como otro imputado a un hombre que sigue en la cárcel- implica, además, que desde el Servicio Penitenciario Bonaerense le sea colocado un dispositivo electrónico para controlar sus movimientos. Y que tanto personal policial como miembros del Patronato de Liberados deban "realizar visitas periódicas en diferentes horarios" en la casa del barrio de Azul donde el joven reside, con la finalidad de constatar que esté cumpliendo con el beneficio concedido.

Otra de las obligaciones impuestas al azuleño se relaciona con "un tratamiento psicológico y psiquiátrico" que debe comenzar a realizar, "a los efectos de abordar su adicción a los estupefacientes", puede leerse en lo decidido por el titular del Juzgado de Garantías 3.

"Tengo en cuenta que la posibilidad de que el imputado trabaje y ayude a su familia dentro del domicilio resulta un elemento positivo que se debe valorar en pos del beneficio requerido", escribió el magistrado Suárez en la previa de pronunciarse a favor de otorgarle a Madrid esa medida privativa de su libertad alternativa y menos gravosa.

Dicha cautelar lo tenía hasta ayer martes en la Unidad 7, la cárcel del SPB con sede en Azul, después de que desde la Cámara Penal -al igual que sucediera con el otro imputado en esta causa- quedara confirmada su prisión preventiva en octubre pasado.

Con respecto a lo planteado por los abogados de Madrid para que le fuera concedido ese beneficio, el Juez garante sostuvo que "la prisión domiciliaria, al momento, resulta ser una medida proporcional según el estado actual del proceso, en el cual se encuentra finalizada la etapa investigativa".

Lo investigado

Lucas Moyano, el fiscal a cargo de la UFI 22, tuvo a su cargo esta investigación penal por la que ahora Kevin Gabriel Madrid cumple arresto domiciliario y el otro imputado -de 31 años e identificado como Hugo Darío Panario- sigue preso en la Unidad 7.

El pasado 9 de agosto, allanamientos que efectivos policiales de la DDI Azul realizaran en los inmuebles de Villa Giammátolo donde ambos residen habían derivado en sus respectivas aprehensiones.

Si bien aquel día Madrid no fue hallado en la casa donde desde ayer martes cumple prisión domiciliaria, su arresto se hizo efectivo cuando en la vía pública fue interceptado por los efectivos de seguridad un automóvil en que se trasladaba.

Las diligencias en las viviendas de Panario y Madrid habían arrojado como resultado que en uno de los objetivos allanados se incautaran estupefacientes. Pequeñas dosis de cocaína que, según lo sostenido desde la imputación, ambos poseían para comercializar bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo".

Cuando el 9 de agosto de 2023 resultaron aprehendidos, en la casa de Villa Giammátolo donde se domicilia Panario agentes de la DDI Azul, además de hacer efectivo su arresto, incautaron más de 53.000 pesos, un teléfono celular, recortes de nylon y ocho envoltorios que contenían cocaína, droga que en su totalidad pesó algo más de diez gramos.

Aquel mismo día, mientras también era allanada la vivienda donde ahora cumple arresto domiciliario, Madrid fue arrestado en la calle, cuando conducía un Ford Focus en que lo acompañaba otro sujeto.

Ese auto fue interceptado por los efectivos de la DDI Azul en el cruce de Avenida Perón y Olavarría. Y al ser requisado, en poder del joven se hallaron e incautaron cuatro envoltorios con cocaína que en total pesaron más de tres gramos, dinero en efectivo y un teléfono celular.

En tanto, en el allanamiento en el inmueble de Villa Giammátolo donde el joven reside los efectivos de seguridad habían secuestrado un celular y blisters de chips de telefonía móvil.

En esta causa penal cuya etapa de instrucción ya está concluida, los investigados -a la espera del juicio al que deberán ser sometidos- continúan acusados de los delitos de "tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, en concurso ideal con comercialización propiamente dicha".

Escuchas telefónicas son valoradas desde la Acusación como pruebas que involucran a Panario y Madrid en esta infracción a la Ley 23.737. Y el cuerpo de esa imputación que pesa sobre los investigados se compone también con "conductas desplegadas" por ambos en la venta de estupefacientes. "Ya sea en carácter de proveedores, en un caso, o desarrollando tal actividad en la modalidad 'delivery' en el otro", se refería en la resolución que desde la Alzada departamental había ratificado las prisiones preventivas de los dos azuleños en octubre del año anterior.

Cuando esas medidas cautelares quedaron confirmadas desde la Cámara Penal, en esos recursos de apelación presentados por las respectivas defensas de Panario y Madrid que fueron rechazados en segunda instancia la abogada Lapasta pidió también, sin que en aquel entonces tampoco prosperara, que le concedieran a su cliente el arresto domiciliario que ahora sí le fue otorgado.