. "NO COMPARTO EN FORMA ALGUNA EL ROL QUE SE LE PRETENDE ASIGNAR EN LA ACTUALIDAD A LA SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA"

LA RENUNCIA DE OTRO FUNCIONARIO

El abogado Paolo Lamouré presentó su renuncia el jueves pasado. Lo hizo a través de una carta dirigida al intendente José Inza, en la que en muy duros términos explica los motivos de su decisión. ARCHIVO/EL TIEMPO

Así lo expresó en su carta de renuncia al cargo de coordinador de Asuntos Legales del municipio, Paolo Lamouré. El abogado narró en esa nota dirigida al intendente los motivos de su decisión, entre los que marcó que fue designado sumariante en la investigación por las presuntas persecuciones que habrían sufrido dos periodistas del área de prensa y nunca fue notificado por su superior, el secretario de Gobierno Mauro Grandicelli. Sostuvo que cuando leyó el expediente en cuestión se enteró que había sido designado por decreto hacía ya 14 días. "No puedo explicar la sensación de impotencia que me dio enterarme de esta forma", remarcó. También mencionó como causal de su renuncia el estado en que se encuentra la Subsecretaría Legal y Técnica de la comuna, la falta de comunicación con Grandicelli y el trato que reciben los profesionales que allí trabajan.

EL DATO:
Que el Concejo Deliberante le haya pedido al intendente José Inza que designe a un instructor para que se sustancie un sumario administrativo para determinar qué ocurrió en la Subsecretaría de Comunicación a cargo de Daniel Puga, no fue antojadizo.
La Ley de Violencia Laboral -Nº 13.168- establece en su artículo 10 que por cada denuncia que se formule en ese sentido, se deberá instruir un sumario y designar un instructor para investigar los hechos.

Como ya informó este diario, el último jueves renunció a su cargo de coordinador de Asuntos Legales del municipio, el abogado Paolo Lamouré. Su renuncia se suma a una serie de dimisiones que se han sucedido en los últimos meses en el gabinete del intendente José Inza, pero no es una más. Y no lo es porque en la carta que elevó al jefe comunal anunciando su decisión, no aludió a "cuestiones personales" -como comúnmente hacen los funcionarios en estos casos-, sino que explicó concretamente los motivos de su alejamiento del área que está bajo la órbita del secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli.
Según relató el ahora ex funcionario, el martes 15 de octubre recibió una notificación de la Comisión Investigadora -creada en el seno del Concejo Deliberante para analizar la conducta del jefe comunal- informándole que debía presentarse para brindar declaración testimonial por la presunta persecución política que sufrieron dos periodistas del área de prensa. En un principio, no entendió su relación con esa causa. Al día siguiente llegó a su área un expediente, al leerlo tomó conocimiento que, por decreto, había sido designado sumariante en esas actuaciones. Sin embargo, nadie le había avisado de esa nueva tarea "con todas las responsabilidades que ello conlleva", expresó en su nota de renuncia.
"No puedo explicar la sensación de impotencia que me dio enterarme de esta forma que ya hacía 14 días que había sido designado como Sumariante", remarcó.
No se quedó ahí, sino que describió también la falta de comunicación con su superior, es decir Grandicelli; la falta de recursos en una dependencia tan importante como Legal y Técnica de la comuna y el trato que reciben los profesionales que allí trabajan.
Cabe recordar que a su renuncia se sumó el mismo día la de Romina Guedes -que se desempeñaba como directora de Asesoramiento Jurídico General-. Si se tiene en cuenta que anteriormente se había alejado el subsecretario de Legal y Técnica, Emanuel Barrionuevo, el área que debe manejar todo lo relacionado a los asuntos legales del municipio quedó desmembrada.
Este sólo hecho de que un funcionario sea designado para una determinada tarea y que ni siquiera se lo informe, debería por lo menos llevar a un análisis profundo de cómo se está manejando administrativamente la comuna de Azul.

La renuncia

El abogado dirigió su carta al intendente José Manuel Inza. Ya en el primer párrafo le anuncia su decisión "indeclinable" de renunciar a su cargo de coordinador de Asuntos Legales -dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a cargo de Grandicelli desde que renunciara Emanuel Barrionuevo- y también "a todas aquellas funciones que asumiere en función del cargo".
Es que en marzo, Lamouré había sido designado además como asesor legal de las autoridades del Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, cuando el jefe comunal anunció una reestructuración del área de Salud.
Al explicar los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, mencionó que el martes 15 de octubre recibió una notificación del Concejo Deliberante por la cual lo citaban para prestar declaración testimonial ante la Comisión Investigadora, concretamente en el marco de las investigaciones realizadas por el cuerpo "respecto a las presuntas persecuciones políticas que habrían sufrido dos empleadas del área de prensa" (Ver recuadro "Un sumario y un sumariante…").
En el siguiente párrafo, el abogado señaló que "en ese momento no entendía claramente cuál era el motivo por el que se me citaba, debido a que nunca había tenido intervención alguna en el sumario decretado para investigar las presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en el área de prensa".
El 16 de octubre, esto es al día siguiente de ser notificado, fue recibido en la Subsecretaría Legal y Técnica el expediente T 192/.
Al analizarlo "tomé conocimiento del Decreto 2281/13 de fecha 2 de octubre de 2013, desconocido hasta el momento por mi persona, por el cual se me designó como instructor sumariante de dichas actuaciones".
"No puedo explicar la sensación de impotencia que me dio enterarme de esta forma que ya hacía 14 días que había sido designado como Sumariante, con todas las responsabilidades que ello conlleva, y que el funcionario encargado de dicha decisión (secretario de Gobierno) no me había informado de forma inmediata de dicha designación", remarcó.

Críticas a Grandicelli

En el siguiente párrafo, Lamouré apuntó que "en consecuencia, me encuentro con que debo concurrir a prestar declaración con respecto a un sumario del cual no tenía conocimiento hasta el día de ayer (por el miércoles 16) y respecto del cual fui designado como sumariante por Decreto hace 14 días (destaco nuevamente que llegó a la órbita de mi conocimiento el día 15 de octubre de 2013)".
Añadió que "a este hecho, que de por sí solo es suficiente para motivar mi renuncia, se suman los diversos reclamos que en forma verbal y permanente le hemos realizado al secretario de Gobierno respecto al estado en el cual se encuentra la Subsecretaría Legal y Técnica desde el momento en que renunció el Dr. Barrionuevo. Por sólo mencionar algunos de los planteos podemos decir que no existía comunicación alguna con el superior jerárquico (Grandicelli), no contábamos con directivas al momento de concurrir a las audiencias, no teníamos recursos para afrontar los gastos mínimos de oficina, etc".
Por último, en la nota dirigida al intendente Inza el abogado marcó terminantemente que "no comparto en forma alguna el rol que se le pretende asignar en la actualidad a la Subsecretaría, ni los tratos que recibimos los profesionales que conformamos la misma, y por ello resuelvo renunciar de forma indeclinable a partir de la fecha a mi cargo y a las funciones que asumí en ejercicio del mismo".

En la sesión del 10 de junio, el Concejo Deliberante resolvió por mayoría (se abstuvo solamente el edil Rodolfo Rancéz), encomendar al Intendente que designe a un instructor para sustanciar un sumario administrativo tendiente a clarificar los hechos denunciados por las periodistas María Angélica Gómez y Patricia Toscani, relativos a las condiciones de trabajo en el área de prensa, ya que se consideraron víctimas de violencia laboral de parte de sus superiores jerárquicos, concretamente del subsecretario de Comunicación Daniel Puga y del director de Comunicación Agustín Casares.
El Concejo intervino en este tema a partir de un pedido que el SOEMPA hizo por escrito por los hechos que se denunciaron públicamente y que luego ameritaran también dos denuncias penales.
Fue así que el deliberativo se hizo eco de esa solicitud e intervinieron las comisiones de Derechos Humanos, de Salud Pública y de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. En ese marco, mantuvieron reuniones con las periodistas y también con los funcionarios mencionados. Luego de esto fue que elaboraron la resolución encomendándole al jefe comunal que designe a un instructor y se inicie un sumario administrativo.
Pasaron cuatro meses y el 2 de octubre, por decreto, el Ejecutivo designó a Paolo Lamouré como sumariante. Pero he aquí un "detalle" importante: nadie le avisó.
El ahora ex funcionario tomó conocimiento cuando fue convocado por la Comisión Investigadora para que testimonie sobre el curso del sumario. El jueves 16 se presentó ante esa comisión y declaró. A su salida, presentó su renuncia indeclinable al intendente Inza.
A todo esto, es lógico que surjan preguntas, como ¿de qué manera se instruyen los sumarios administrativos desde el Ejecutivo?; ¿se investiga?; ¿qué tanto se da cumplimiento a lo que establece la legislación vigente?; ¿cómo un funcionario se entera "casualmente" que tiene a su cargo una responsabilidad tal como es llevar adelante la instrucción de un sumario?; entre otros tantos interrogantes…