. "No podemos confiar en lo que nos diga el gobierno porque ya dio muestras de no cumplir con la palabra"

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Lo dijo al hablar con este diario la secretaria de Prensa y Difusión del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, Adriana Cubaile. Su declaración, según comentó, se relaciona a que han mantenido distintas reuniones con funcionarios nacionales y lo que en ellas se habló luego no se reflejó en lo que el gobierno nacional pretende llevar adelante. La cuestión es que por eso se mantienen en estado de alerta y esperan que la semana entrante se publiquen los pliegos oficiales de lo que será la obra de la autopista en Ruta 3 para evaluar los alcances que tendrá para los trabajadores.
Los 58 azuleños que trabajan en la estación de peaje de Parish están atravesando momentos de incertidumbre. Sucede que con la construcción de la autopista en Ruta 3 y los anuncios que viene realizando el gobierno nacional, el gremio que los nuclea se declaró en estado de alerta ante el posible despido de trabajadores por el potencial cierre o traslado de cabinas, y por no tener definiciones de qué suerte correrán los empleados mientras se lleve adelante la obra.
En ese marco, están a la espera de que en esta semana el gobierno publique los pliegos definitivos a partir los cuales podrán evaluar los alcances que la obra tendrá para los trabajadores.
Así lo explicó al hablar con este diario la secretaria de Prensa y Difusión del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines -SUTPA-, Adriana Cubaile, quien señaló que en los últimos meses han mantenido reuniones con funcionarios nacionales, pero advirtió que no siempre lo que se habló en esos encuentros se vio reflejado luego en las declaraciones e intensiones del gobierno nacional.
 
Idas y vueltas    
La dirigente de SUTPA comentó en principio que luego de que en agosto del año pasado fuentes oficiales daban cuenta de la intención de eliminar cabinas y reubicar otras, el gremio comenzó una serie de conversaciones con funcionarios del gobierno nacional.
En ese sentido, indicó a este diario que “venimos en conversaciones con el Estado Nacional desde septiembre del año pasado, cuando salió una información en la que se hablaba de la licitación de las obras para los corredores nacionales y del levantamiento de estaciones de peaje”.
Señaló que inmediatamente después de conocer esa información se declararon en estado de alerta “aunque desde el gobierno nos dijeron que la información no era tan así”.
En esas reuniones, en las que participaron funcionarios de los ministerios de Transporte, de Trabajo y de la Dirección Nacional de Vialidad “hubo muchas idas y vueltas, porque en los pliegos preliminares que el gobierno iba publicando vimos que muchas de las cuestiones que venían conversando con nosotros en esas mesas interdisciplinarias, no se reflejaban”.
Como ejemplo de esto, mencionó que en la audiencia pública que hace unas semanas se realizó en esta ciudad, se informó que se levantará el peaje de Saladillo, “cuando en ningún momento en las negociaciones que veníamos manteniendo con el gobierno se nos había informado esa situación”.
 
“¿Qué van a hacer?”    
En el caso concreto de Azul, en esa audiencia se informó que la cabina de Parish -en la que trabajan 58 personas directamente contratadas por la empresa, esto es sin contar los  que indirectamente dependen también de ese peaje-, Cubaile indicó que “hablan de una reubicación de la cabina. Pero nosotros, lo que queremos saber es qué va a pasar con los trabajadores” ya que advirtió que si bien desde el Estado nacional “dicen que las empresas que se hagan cargo de los corredores tienen que tomar al personal, al día de hoy no sabemos en qué condiciones lo harán y de qué manera se los va a incluir”, tanto a los que pertenecen a cabinas que desaparecerán como a las que serán reubicadas.
La dirigente hizo hincapié en un punto fundamental en toda esta situación. “Desde el gobierno dijeron que se va a dejar de cobrar peaje desde el momento en que se licita la obra y toma posesión la empresa, que sería en abril de este año. Lo que nosotros nos preguntamos es qué van a hacer con los trabajadores durante el tiempo que duren las obras y hasta que se instale el nuevo peaje, que como mínimo serán dos años”, sostuvo.
Añadió que “esa es nuestra incertidumbre. En Azul, por ejemplo, ¿qué van a hacer? ¿los van a tener en sus casas sin trabajar, los van a mandar a cortar el pasto, a hormigonear una ruta?. Nosotros logramos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, hacer un movilidad ascendente, porque gente que estaba en limpieza pasó a las cajas, los que estaban en las cajas pasaron a seguridad vial, pero si ahora pretenden que vayan a hacer otras tareas significará quitarle calidad de trabajo y las mejoras que conseguimos”.
Por esto, dijo que esperan que la Dirección de Vialidad Nacional publique, seguramente esta semana, los pliegos ya definitivos de lo que serán las obras y los alcances que tendrán.
 
“Dicen una cosa y después hacen otra”    
A raíz de todo esto, la secretaria de Prensa y Difusión del SUTPA marcó que desde el  gobierno “dicen una cosa y después hacen otra. Esta situación nosotros la comparamos con lo que sucedió en Azul, cuando estuvo el jefe de Gabinete Marcos Peña y dijo que no iba a haber ningún despido en FANAZUL y al poco tiempo quedaron más de 220 personas en la calle y una fábrica cerrada definitivamente. Dejaron a la gente en la calle sin importarle nada. Obviamente, no podemos confiar en lo que nos diga el gobierno porque ya dio muestras de no cumplir con la palabra, cosa que viene sucediendo en muchas situaciones”.
En ese contexto, Cubaile apuntó que la que viene “va a ser una semana clave porque se presentarán las licitaciones de los primeros seis corredores y ahí veremos. Cuando estén los pliegos vamos a saber lo que realmente escribieron”.
Asimismo, en lo que hace a Azul apuntó que si bien son 58 personas las que trabajan, “todas las actividades que viven del peaje también quedarían en ‘veremos’, como las personas a las que trasladan en las combis, los proveedores, más allá de que si esa gente se queda sin trabajo el perjuicio que ocasiona en cada ciudad es muy grande”.
Sobre esto, no quiso dejar de mencionar que “esta problemática se da en el interior del país, que está muy castigado. Por ejemplo, tenemos un problema bastante grande con la provincia de Santa Fe. El Estado Nacional dice que en la Ruta 11 se van a levantar todas las estaciones de peaje, y la gente va a quedar a la deriva. Los intendentes de las ciudades que alcanza a esas comunidades salieron a decir que esos municipios más pequeños tienen tres grandes fuentes de sostenimiento: una son las compañías agrícolas, otros trabajar en la comuna y la tercera fuente es el peaje. Si se le quita esa fuente de ingreso a una ciudad pequeña, se la desfinancia totalmente”, advirtió por último para ejemplificar aún más la situación que los lleva al estado de alerta en el que se declararon ya hace unos meses.
“NO VA A HABER SEGURIDAD VIAL”
Adriana Cubaile, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, advirtió que en los nuevos pliegos que han sido dados a conocer en las audiencias públicas que se han desarrollado en las últimas semanas “estamos viendo que en las rutas donde no haya peaje no va a haber seguridad vial, ya que no está contemplado el servicio que brinda el concesionario”, como es el caso de Azul, en el que la autopista se construirá a aproximadamente 1 kilómetro de la Ruta 3, y el desvío sin peaje sería justamente lo que hoy es esa ruta.
En ese sentido, remarcó que “por lo tanto, si alguien se queda en la ruta o hay un accidente, ya no va a estar seguridad vial. Se va a tener que hacer cargo el municipio con los recursos del propio municipio”.
DETALLES DE LA OBRA 
De acuerdo con lo dado a conocer en la audiencia pública que se desarrolló en esta ciudad el 8 de enero pasado, el proyectado corredor A -en el cual se encuentra Azul- abarca 707 kilómetros y el presupuesto de la obra es de 1.200 millones de dólares. Incluye la autopista de Las Flores a Azul y ruta segura de Azul a Coronel Dorrego, y también de Balcarce hasta esta ciudad.
La autopista constará de cuatro carriles más colectora y cruces a desnivel; mientras que la ruta segura es una vía con los carriles normales de 3,70 metros, doble banquina pavimentada de 2,50 metros y tercer carril de sobrepaso cada 10 a 15 kilómetros que tienen 3 o 4 kilómetros.
Asimismo, está previsto que la obra se licite a fines de este mes por Participación Público Privada, es decir que se financien fundamentalmente a través del impuesto al gasoil, un gravamen que en su origen estuvo destinado a la realización de obras.
Siguiendo con el cronograma oficial, en febrero se abrirían los sobres, en mayo sería la toma de posesión y se estima que en junio o julio comenzaría la construcción de la autopista que demandaría cuatro años.